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Organizaciones de la sociedad civil y defensoras de derechos humanos, así como miembros de la academia, hicieron un llamado urgente al Congreso de la Unión para detener las iniciativas sobre la ley de seguridad interior, y buscar medidas no militarizadas al problema de seguridad pública que vive el país.
Además, reprocharon duramente la actuación del Legislativo por llevar a cabo un proceso opaco, acelerado y cerrado a la participación social, con tal de aprobar lo más pronto posible dicha ley, que es exigida por las fuerzas armadas.
En conferencia de prensa, sus representantes y directivos advirtieron que la actuación militar no es la vía adecuada para garantizar la prevención, investigación y sanción de delitos. Incluso, dijeron que la evidencia hoy disponible muestra graves casos de tortura, detenciones arbitrarias, desapariciones y ejecuciones a manos de militares.
Estos casos tendrían que ser tomados en cuenta por los legisladores para evidenciar la urgencia de adoptar una ley que regule el uso de la fuerza, restrinja las tareas de inteligencia, obligue a la transparencia y dote de seguridad a los ciudadanos frente a la actuación de las fuerzas armadas, antes de aprobar una iniciativa que legalice que el Ejército realice tareas de seguridad pública, como son la detención, la prevención e investigación del delito, como pretenden las mencionadas iniciativas, señalan en un posicionamiento colectivo.
En el posicionamiento, suscrito por organizaciones como Amnistía Internacional, Fundar, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (Cmdpdh), la Fundación para la Justicia y Estado Democrático de Derecho, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Imdhd) y los centros de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y Miguel Agustín Pro Juárez, así como el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), insistieron en que al legalizar el uso de las fuerzas armadas, especialmente militares, en tareas de seguridad pública, se reduce y desincentiva el fortalecimiento y profesionalización de las corporaciones policiales, que constitucionalmente debieran asumir dichas tareas.
Consideraron que esta ley representa una afrenta a las recomendaciones que diversos organismos internacionales han dado a México, y advertido sobre los graves riesgos que para los derechos humanos representa regularizar la participación de los militares en tareas de seguridad pública.
Alejandro Madrazo, académico del CIDE, citó que de acuerdo con un análisis de los enfrentamientos en los que participaron las fuerzas castrenses, el índice de letalidad es extraordinariamente elevado, pues no existen heridos, solamente se reportan muertos. Dijo que los enfrentamientos donde se registraron bajas mortales representaron 37 por ciento, pero que sólo estos eventos aportan 90 por ciento de las muertes.
Santiago Aguirre, subdirector del Centro Pro, señaló que la aprobación de una ley bajo las iniciativas presentes no sólo sería inconstitucional, sino también iría en contra de los tratados y convenciones internacionales firmados por México en materia de derechos humanos.
Mientras, Édgar Cortez, del Imdhd, recordó las 30 recomendaciones que organismos internacionales han hecho a México sobre este tipo de casos, y demandó que se inicie un proceso para que el Ejército regrese a sus cuarteles.
Por su parte, José Antonio Guevara, de la Cmdpdh, dijo que una iniciativa de este tipo puede convertirse en una herramienta más para la impunidad y violaciones a los derechos humanos, y que varios casos donde los militares han sido denunciados e identificados como perpetradores de tortura, homicidio, desaparición forzada y violencia sexual permanecen en la impunidad.
