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A la práctica que realizan muchas empresas de subcontratar a su personal u outsourcing como generalmente se le conoce, le espera un futuro complicado, de acuerdo con la firma especializada en asesoría jurídica y fiscal IDC de GINgroup.
De aprobarse la iniciativa de reforma laboral que probablemente el Congreso estudie en el próximo periodo, cambiarán muchos elementos dentro de las obligaciones y responsabilidades, tanto de la empresa que ofrece los servicios como de la que los contrata.
Un punto importante que tendrán en cuenta los legisladores es que la práctica del outsourcing también es considerada como una actividad vulnerable para efectos de la llamada ley antilavado, por ello las empresas tendrán una serie de responsabilidades que van desde la identificación plena de su contratante hasta reportes que se tendrán que remitir a la autoridad.
En materia fiscal, en los impuestos sobre la renta y al valor agregado, se han emitidos resoluciones contradictorias tanto en los tribunales administrativos como federales, que han generado incertidumbre para los contratantes, apuntaron.
“Estas exigencias condicionan el acreditamiento del IVA de la contratante y la deducibilidad de los pagos realizados a la contratista en el ISR, a la entrega de cierta documentación e información relacionada con el cumplimiento del pago de salarios y enteros de los impuestos sobre la renta y valor agregado, además de las cuotas de seguridad social”, asegura la firma.
En este sentido, las empresas que utilizan u ofrecen los servicios de subcontratación deberán pensar seriamente sobre cómo dar cumplimiento a estos requerimientos sin poner en riesgo la información de sus clientes o en duda viabilidad de sus estrategias, mientras que las autoridades necesitarán evaluar si la excesiva regulación contribuye a garantizar una gestión más transparente o la complica.
