Ley Anticorrupción se queda sin tiempo

excelsior.com.mx

CIUDAD DE MÉXICO.

A cinco semanas de que concluya el plazo para que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal detalle las nueve leyes del nuevo Sistema Anticorrupción, aún faltan temas por abordar como son la duración del cargo del Fiscal Anticorrupción y el costo aproximado del sistema.

El límite es el 18 de julio y también falta que las comisiones de Transparencia a la Gestión, Administración Pública Local y Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias y Procuración de Justicia, que trabajan en el tema, realicen una sesión pública, de la cual no tienen fecha, pero prevén que sea definida hoy o mañana.

Una vez que hayan debatido y aprobado el dictamen final del paquete tendrán que llevarlo al pleno para que sea votado.

El diputado Ernesto Sánchez, presidente de la Comisión de Transparencia a la Gestión, planteó que para definir la composición del Comité Coordinador Anticorrupción llevan seis meses trabajando, en los cuales han consultado a académicos de diversas instituciones especializadas.

Aunque el panista aseguró que esta negociación ha avanzado “un 98 por ciento”, el priista Israel Betanzos calculó que de este asunto va un 80 por ciento de avance.

En tanto, la propuesta de que el jefe de Gobierno deba o no formar parte del Comité Coordinador Anticorrupción ha dividido a los legisladores.

Mientras diputados de Morena negocian el contenido del predictamen de la Ley Anticorrupción, el PAN, PRI y PRD consideran que sí debe formar parte.

Los diputados de MorenaAleida Alavez y Paulo César Martínez, dialogan con los legisladores que redactan los predictámenes, luego de que su partido busca presentar su propia iniciativa.

Vamos a presentar una iniciativa, porque hay tiempo, no veo que haya un plazo fatal, nosotros estamos preparando materiales, no nos vamos a quedar sin presentar nuestra propuesta, porque sí estamos obligados a ello, hemos hablado de que el peor cáncer de esta ciudad es la corrupción”, sostuvo Alavez.

Sobre esta postura, Ernesto Sánchez, dijo: “los veo sensibles al tema, he estado dialogando con Paulo César Martínez y Aleida Alavez” .

Al respecto de la participación del jefe de Gobierno en el comité, indicó que “ya hay acuerdo de que sí participen, tanto los órganos autónomos, la Auditoría Superior, así como las alcaldías y el mandatario capitalino”.

Alavez expuso que “en el dictamen que ellos están circulando, no viene la propuesta de que el jefe de Gobierno esté en el comité Anticorrupción y se me haría absurdo. ¿Cómo vas a vigilar al que maneja todo? No puedes ser juez y parte”.

El PRI y el PRD no han definido su postura al respecto, pero el líder de la bancada priista, Israel Betanzos, comentó que analizan la propuesta que se hicieron en las mesas trabajo. El diputado perredista Iván Texta aseguró que “es uno de los temas que traemos en revisión, creemos que debe ser un tema más abierto”.

Además del Comité Coordinador Anticorrupción, cuyo rol será detectar el caso de tráfico de influencias, de peculado y otras acciones ilegales cometidas por funcionarios, también habrá un Comité de Participación Ciudadana y de Fiscalización.

Acerca de la figura del Fiscal Anticorrupción y la duración de su cargo, Sánchez explicó se debate si deberán ser cinco o siete años. El PAN y Morena proponían cinco años, mientras que el PRI siete.

Un fiscal anticorrupción que esté siete años en el cargo, dura más que el jefe de Gobierno, así que los cambios y la oxigenación son buenos”, dijo Betanzos, pero aclaró que no es la última postura del grupo parlamentario.

Otro tema medular es el costo anual del Sistema Anticorrupción, de acuerdo con Sánchez será de aproximadamente 245 millones de pesos. Indicó que no es un gasto excesivo “si tomamos en cuenta que cada año se pierden alrededor de mil millones de pesos en la ciudad, a causa de la corrupción”.

Betanzos dijo que “los costos se pueden reducir, pero hay que revisar la eficiencia, antes que el costo”.

Texta destacó que buscan modificar la ley de la auditoría “buscamos que las auditorías se hagan en tiempo real, que las sanciones se apliquen en un máximo de un año”.

                                                         
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