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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Quinto Informe de Gobierno de Enrique Peña Nieto silencia los graves problemas sociales que marcan el sexenio: en las 470 mil palabras que contiene el documento, el término “desaparición forzada” sólo aparece una vez, “feminicidio” dos veces, “fosa” tres e “impunidad” surge en escasas cinco ocasiones.
En contraste, la Presidencia de la República inundó el documento que presentó hoy con expresiones positivas: prefirió hablar de los “avances” –de los que hay 292 menciones– y de las “mejoras” –se repite en 619 ocasiones–. Igual reitera la palabra “fortalecer” 722 veces y “beneficio” 349, mientras que “esfuerzos” aparece en 105 ocasiones.
El año pasado, en medio de una profunda crisis de credibilidad, Peña Nieto se quejó de la cobertura de los medios y acompañó su IV Informe con el lema “lo bueno no se cuenta, pero cuenta mucho”. En su V Informe, sin embargo, sobran los casos no contados.
El término “desaparición forzada”, por ejemplo, sólo aparece una vez en todo el documento, en una breve mención a los grupos de trabajo en los que participó la administración federal. Pese a las más de 30 mil personas desaparecidas a lo largo y ancho del territorio, y a la fuerte movilización social en torno a la tragedia, la palabra “desaparición” únicamente aparece seis veces.
En el documento existen solamente dos referencias a “Ayotzinapa”, a tres años de la desaparición forzada de los 43 normalistas de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos y a pesar de que su paradero sigue desconocido.
Durante el sexenio de Peña Nieto, siete mexicanas fueron asesinadas cada día y 12 estados declararon Alerta de Violencia de Género (AVG). Aun así, la palabra “feminicidio” sólo aparece dos veces en las 680 páginas del V Informe.
En México, la ausencia de cifras oficiales no permite conocer el número de personas que tuvieron que huir de sus casas por la violencia o por los megaproyectos que afectan a sus territorios. Las estimaciones varían entre 35 mil –según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)– y 311 mil –de acuerdo con el Centro de Monitoreo del Desplazamiento Interno.
No obstante, en el informe presidencial la palabra “desplazamiento” surge en solamente cuatro ocasiones, y en ningún momento está acompañada del sustantivo “forzado”.
Un reporte reciente de la Universidad Iberoamericana y de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos documentó la existencia de por lo menos mil 75 fosas clandestinas en 19 estados del país.
En el Informe de Peña Nieto, el fenómeno no ameritó más que una irrisoria presencia: la palabra “fosa” sólo aparece en tres ocasiones.
Desde el arranque del sexenio de Enrique Peña Nieto, las autoridades abrieron 85 mil 258 carpetas de investigación por el delito de homicidio doloso, 14 mil 190 de las cuales se integraron en los primeros seis meses de este año, que será probablemente el más violento de la administración actual. En el Quinto Informe la palabra “homicidio” sólo arroja 11 resultados.
Otros delitos y actividades delincuenciales tienen una discreta presencia en el reporte: “Narcotráfico” aparece 11 veces, “lavado (de dinero)” ocho, “tráfico ilícito” cinco, mientras que el término “evasión” –de impuestos– sólo brota una vez.
La Oficina de la Presidencia cuidó el tono positivo del mensaje: Así, cuando la palabra “justicia” se repite en 172 ocasiones, existen apenas cinco ocurrencias de la palabra “impunidad”.
Al considerar la “cifra negra” de delitos no denunciados, la tasa de impunidad en México alcanza 99%, de acuerdo con el Centro de Estudios Sobre Impunidad y Justicia (Cesij).
Ejemplos como estos sobran: el Informe utiliza con parsimonia la palabra “inseguridad” –sólo hay cinco menciones– y abusa de la palabra “seguridad”, que se repite 631 veces. “Productividad” se repite 182 veces, mucho más que la palabra “pobreza” –de la que hay 51 ocurrencias–, mientras que “igualdad” arroja 183 resultados y su antónimo “desigualdad”, apenas 16.
La palabra “corrupción” está mencionada como un problema en siete ocasiones, y otras 46 veces está asociada con términos positivos, como “combate a la corrupción” o “anticorrupción”.
Cabe resaltar que el nombre de “Odebrecht” está ausente del informe presidencial, aunque la Procuraduría General de la República (PGR) abrió una investigación sobre el otorgamiento de contratos de obra pública a la empresa brasileña, la cual se encuentra en el centro de uno de los escándalos internacionales de corrupción más sonados de los últimos años.
Tres de sus directivos confesaron, ante la justicia brasileña, que pagaron 10 millones de dólares como soborno –una palabra también ausente del Informe, mientras “cohecho” únicamente aparece tres veces– a Emilio Ricardo Lozoya Austin, primero cuando éste coordinaba los asuntos internacionales de la campaña de Peña Nieto, y luego como director general de Pemex.
A lo largo del año se multiplicaron las evidencias de que una instancia gubernamental intentó espiar a periodistas y activistas a través del malware espía Pegasus, desarrollado por la empresa de origen israelí NSO Group.
Ante el creciente escándalo, bautizado #GobiernoEspía en redes sociales, la PGR finalmente abrió una investigación.
Si bien el tema cobró relevancia en la esfera pública, la palabra “espionaje” no aparece en el Informe, y su vertiente burocrática, “vigilancia”, nunca está asociada con la intercepción de telecomunicaciones ni con la investigación de la PGR, la cual no tampoco se evoca.
Otros términos ausentes del Informe fueron “ejecución extrajudicial” y “detención arbitraria”, dos violaciones a los derechos humanos denunciadas de manera repetida por organismos internacionales y organizaciones defensoras de derechos humanos.
Las reformas estructurales emprendidas por Peña Nieto desde su llegada al poder abrieron el sector energético a la iniciativa privada, y bajo su administración se multiplicaron las concesiones de territorios a actores privados para la explotación de recursos naturales.
La palabra “privatización” sólo aparece en una ocasión en el Informe: se trata de una referencia a los proyectos de Asociación Público-Privada en el IMSS. Y su única aparición en el documento plantea que esta figura “no implica (la) privatización” de la institución.
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