Se llama Rodrigo Alcántara Fernández y maneja los recursos financieros del sistema penitenciario federal, que hoy está hecho un caos. Este “discreto funcionario” contrató incluso a cinco directores generales adjuntos y a otros excolaboradores del exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna –con quien él también trabajó–, en desacato a las instrucciones presidenciales.
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CIUDAD DE MÉXICO (Proceso). – La política de austeridad del gobierno federal y las determinaciones de un mando que fue asesor y administrador de Genaro García Luna en la Secretaría de Seguridad Pública federal entre 2007 y 2012 provocaron una crisis administrativa y de seguridad en los penales federales de alta y mediana seguridad, al grado de que existe un riesgo latente de fuga en algunos de ellos.
La inoperancia de este sistema que brinda seguridad externa a una instalación penitenciaria puede provocar una nueva fuga de esa cárcel, como la protagonizada por el exlíder del Cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, el 11 de julio de 2015, cuando el sistema para detectar túneles fue inhabilitado con el pretexto de que se activaba sin motivo por las obras de remodelación que se hacían en el penal.
Consultadas sobre este asunto, las autoridades del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) respondieron por escrito que toda la información relacionada con los sistemas de seguridad de las prisiones federales “tiene carácter reservado” derivado de los artículos 51 y 110 de las Leyes de Seguridad Nacional y Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respectivamente.
Ambas instancias señalan también que todos “los datos que existen (sobre este tema) son considerados como especulación”.
Las denuncias y reportes consultados por Proceso fueron proporcionados por colaboradores de la OADPRS –quienes solicitaron el anonimato por cuestiones de seguridad– a partir de una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública (SFP).
De acuerdo con estas denuncias existen carencias graves en la operación y funcionamiento de túneles de rayos X, arcos detectores de objetos en cavidades y cámaras de los circuitos cerrados de videovigilancia.
En el Cefereso del Altiplano, por ejemplo, sólo funcionan 842 de las mil 212 cámaras del sistema de videovigilancia, mientras que los sistemas de captación de audio y video operan a menos de 50% de su capacidad.
De acuerdo con una de las denuncias, el responsable de este caos financiero y de seguridad es el director general de Administración del OADPRS, Rodrigo Alcántara Fernández, encargado de manejar los recursos financieros destinados al sistema penitenciario federal.
El vínculo entre Alcántara y García Luna fue documentado por Proceso desde el pasado 5 de mayo, sin que el comisionado de las prisiones federales, José Ángel Ávila Pérez, ni el titular de la SSPC, Alfonso Durazo Montaño, se hayan pronunciado al respecto.
De acuerdo con la denuncia que ya está en proceso de investigación, Ávila ni siquiera aprobó los exámenes de control de confianza para el desempeño de su cargo, ya que resultó “no apto” en las evaluaciones que se le practicaron.
