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Los feminicidios continúan por omisiones de servidores públicos

jornada.unam.mx

Pese a la gravedad de los feminicidios en México, dicho fenómeno sigue ocurriendo en todo el país, debido a que persisten diversas fallas y omisiones por parte de los servidores públicos encargados de investigar estos delitos, lo que deja la gran mayoría de los casos en la total impunidad.

Así lo afirmó Irinea Buendía, quien se hizo acreedora al 26 Premio Nacional de Derechos Humanos Sergio Méndez Arceo, en la categoría individual, por su búsqueda de justicia tras el feminicidio de su hija Mariana Lima, en 2010, a manos de su esposo, pero también por la defensa de los derechos de otras mujeres asesinadas por razones de género.

En entrevista con La Jornada, Buendía se dijo agradecida por el reconocimiento, aunque subrayó que la lucha en contra de estos crímenes no ha sido un mérito personal, sino parte de un trabajo colectivo donde han participado muchas madres.

El galardón nos sirve como aliciente para seguir luchando, porque desgraciadamente los avances han sido muy pocos. Los asesinatos de mujeres no se detienen y las cifras siguen siendo terribles, lamentó la activista.

Castigos mínimos

Para Buendía, una de las principales causas de que los feminicidios sigan ocurriendo es la falta de sanción a los perpetradores, o la imposición de castigos mínimos. Las autoridades necesitan dar sentencias que sienten un precedente. De otra manera, van a seguir dando a los asesinos dos o tres años de cárcel, para luego dejarlos salir.

Con este tipo de fallos judiciales, insistió, una ya no sabe si reír o llorar. Salen de la cárcel cuando ya iniciaron una vida de asesinatos, y para nosotras eso no es justicia. Es una situación muy grave la que viven nuestras hijas, nuestras nietas y nosotras mismas, que no sabemos si vamos a regresar con vida a nuestra casa.

La lucha de la activista generó que en marzo de 2015 la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictara una sentencia relacionada con el caso de su hija Mariana, en la cual se establece la obligación de las autoridades de investigar cada muerte violenta de una mujer con perspectiva de género, para determinar si se trata o no de un feminicidio.

Ese fallo nos vino a dar luz, confianza y alegría. Nos da esperanza porque obliga a las procuradurías a investigar con perspectiva de género y debida diligencia, además de a capacitar a todo el aparato de justicia, pero esta parte no se ha cumplido, porque los agentes del Ministerio Público siguen sin saber cómo se hace una carpeta de investigación.

La falta de aplicación efectiva de las normas, puntualizó, hace que se vuelvan letra muerta. “Sigue habiendo omisiones y negligencias por parte del gobierno. Hay casos, como el de mi hija, que lo clasifican como suicidio y luego ya es difícil poderlo reclasificar. Esa parte es muy desalentadora, porque nos obligan a recorrer un viacrucis, pero seguimos en la lucha y no nos detendremos, porque hay que darle voz y presencia a las madres de las víctimas”, subrayó.

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