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CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Los días de Carlos Romero Deschamps al frente del sindicato de Pemex están contados. Será muy difícil para este líder obrero eludir las acusaciones que pesan a propósito del robo de hidrocarburos, en contra la organización que él dirige.
Durante los últimos años han sido sustraídos más de dos mil millones de litros anuales de gasolina y, según el nuevo director de Pemex, Octavio Romero, los autores del hurto no son personal ajeno a la paraestatal.
Se trata del robo de la década: más de 200 mil millones de pesos en sólo diez años. Habría funcionarios de confianza involucrados en la maniobra, pero también personal adscrito al sindicato de trabajadores petroleros.
Según el gobierno de Andrés Manuel López Obrador la estafa habría estado ocurriendo detrás de una pantalla diseñada para distraer la atención. La ordeña de hidrocarburos, supuestamente orquestada por bandas del crimen organizado, no representaría, en realidad, más del 20 por ciento del total de las pérdidas.
La otra parte del robo –ocho de cada diez litros atracados– se habría perpetrado por personal adscrito a Pemex.
La mayor parte del desfalco sucedió durante el gobierno de Enrique Peña Nieto; aunque este negocio ilícito comenzó con Felipe Calderón, más de dos tercios del combustible fueron extraviados entre 2013 y 2018.
Romero Deschamps gozó del doble fuero obtenido por su condición de dirigente sindical, pero también gracias a que durante ese mismo periodo fue senador de la República. Si no orquestó directamente el impresionante desvío de hidrocarburos, es difícil suponer que desconocía el origen y el destino de los desvíos.
El macro-operativo para desfalcar a Pemex afectó los cuatro principales ductos de la paraestatal: Madero-Cadereyta, Cadereyta-Reynosa, Salamanca-Guadalajara y Minatitlán-México. Sin embargo, uno de cada tres litros fue sustraído en la última línea mencionada.
La línea Minatitlán-México que se extiende a lo largo de mil 600 kilómetros cruza los estados de Veracruz, Puebla, Tlaxcala y el Estado de México. En breve, cabe esperar que los líderes de las secciones del sindicato petrolero que controlan las operaciones a lo largo de este extensísimo ducto terminen visitando a un juez.
El miércoles 19 el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el plan conjunto del gobierno en contra del robo de hidrocarburos. Dijo que participarían en este ejercicio 15 dependencias federales y que, entre ellas, tendrían un papel destacado las secretarías de la Defensa y de Marina.
Si el diagnóstico detrás de este plan no tiene a las mafias de huachicoleros, ligadas al crimen organizado, como los principales perpetradores, entonces ¿tras de quién van las Fuerzas Armadas? Resulta obvio que tras los funcionarios y trabajadores de Pemex que han sido señalados como los verdaderos responsables del atraco.
En los días próximos veremos reventar la red de operadores que cometieron materialmente el robo, pero también a los autores intelectuales que todo este tiempo han gozado de fuero e impunidad. Acaso el primero de ellos pudiera ser Romero Deschamps.
El presidente anunció que otorgaría amnistía para los delitos de corrupción cometidos durante el mandato de sus antecesores, pero que, a partir del primero de diciembre, sería implacable con quien se atreviera a meterse de manera ilegal con los recursos públicos.
Por lo bajo también advirtió que daría su primer golpe contra la corrupción antes de 30 días. Todo pareciera indicar que ese golpe tiene como materia el robo de hidrocarburos, y de ahí el plan conjunto presentado con bombo y platillo en días pasados.
Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto crecieron en 400 por ciento las denuncias ante la Procuraduría General de la República por el hurto de combustibles. Sin embargo, esa dependencia sólo atendió uno de cada diez expedientes presentados ante el Ministerio Público. De toda evidencia el tema no fue relevante para el gobierno anterior.
En revancha, López Obrador aprovecharía este tema para ganar credibilidad respecto a su compromiso a la hora de enfrentar a quienes, durante años, han hecho negocios millonarios a costa del erario.
El dilema obvio sería que los acusados por participar en este desvío millonario quisieran defenderse argumentando persecución política. Carlos Romero Deschamps fue recién senador de la República por el PRI y sus principales líderes seccionales también son militantes de ese partido.
Si la PGR los acusa de ser parte de la red de corrupción que opera dentro de Pemex, los líderes del Revolucionario Institucional querrán salir en su auxilio. Esta trama se anuncia desde ya al rojo vivo y la caída de Romero Deschamps pareciera por tanto inminente.
No deja de ser paradójico que Carlos Salinas de Gortari haya legitimado su ascenso al poder cuando detuvo a Joaquín Hernández Galicia, y que 30 años después otro presidente, Andrés Manuel López Obrador, vaya a beneficiarse con el derrocamiento del sucesor de La Quina, Carlos Romero Deschamps.
En cualquier caso, para detener el inmenso robo de hidrocarburos que padece Pemex es indispensable remover a los líderes del sindicato y a los funcionarios de la paraestatal que por acción o por omisión están embarrados hasta la nariz.
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