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CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Habitual lector de Proceso, Felipe Hernández fue alertado el 6 de mayo por un conocido para que de inmediato adquiriera el número 2166 del semanario, a fin de conocer el motivo por el que su cuñado Gabriel Gaspar Vázquez había dejado de tener contacto con su familia, luego de que el 26 de marzo último informó desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, que al día siguiente cruzaría la frontera en busca de trabajo.
Al leer el reportaje Tamaulipas: Tres meses de terror bajo el yugo de la Marina, Felipe Hernández y su esposa, Lucía Gaspar, habitantes de la Ciudad de México, pasaron de la convicción de que Gabriel habría sido detenido por la migra en Estados Unidos –y que no tardaría en regresar– a la incertidumbre de tener un familiar víctima de desaparición forzada.
La investigación expone la desaparición de al menos 28 personas a manos de elementos de la Secretaría de la Marina (Semar), 17 de las cuales fueron documentadas por el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL), entre ellas las de Gabriel Gaspar, originario de Oaxaca, y la de su amigo Daniel Trejo García, quienes fueron sacados del domicilio del segundo durante la madrugada del 27 de marzo último, de acuerdo con el testimonio de Jessica Molina, esposa de Trejo.
Ante la noticia, Lucía dirigió una carta al secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz, en la que le rogó que dejara en libertad a su hermano Gabriel ante “testimonios y evidencias sólidas” de que personal de la Secretaría de Marina (Semar) lo había detenido en Nuevo Laredo.
“La vida de mi hermano y de su amigo está en sus manos”, sentencia la misiva, fechada el 16 de mayo último, la cual fue rechazada por el personal de la Semar en la Ciudad de México.
“En dos ocasiones llevé la carta a la Semar y se negaron a recibirla; (me dijeron) que tenía que hablar a la Presidencia y pedir una investigación. Me dijeron que posiblemente fueron delincuentes disfrazados de la Marina; pero mi cuñado no tenía motivos para estar en problemas con la delincuencia. Es un joven trabajador, honrado, no tiene vicios. Lo único que quería era una mejor vida para su familia. Tiene una niña de nueve meses y su esposa estaba embarazada cuando él salió de Oaxaca”, explica Felipe en entrevista.
Originarios de la comunidad San Francisco Jayacaxtepec, ubicada a 150 kilómetros de la capital oaxaqueña, en la sierra mixe, Lucía y Gabriel son los menores de 11 hermanos de extracción humilde.
“Mi hermano había vivido 14 años en Estados Unidos, en Annapolis, Maryland, haciendo de todo, de albañil, instalaciones eléctricas y se vino porque se murió mi papá. Estuvo un año con mi mamá y después ella murió también. Quiso regresar porque en el pueblo no hay oportunidades”, cuenta Lucía, quien acompaña a Felipe en la entrevista.
“No duermo pensando en que si se lo llevaron los marinos ya lo pudieron haber matado. Estamos angustiados porque no podemos hacer nada, no tenemos dinero (…) Hay que tener dinero para moverse y a nosotros sólo nos queda encomendarlo a Dios”, dice Lucía entre lágrimas.
Pero más que la falta de recursos para ir a Nuevo Laredo a buscar a su hermano, lo que le molesta a Lucía es que las autoridades, como la Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas y la delegación de la Procuraduría General de la República en Nuevo Laredo “no están buscando, están en el papeleo, decidiendo quién lleva el caso. Es más la angustia para nosotros de que ya sea demasiado tarde”.
Amenazas contra defensores
El reportaje de Proceso también fue considerado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en su solicitud de medidas cautelares dirigidas a la Semar el 10 de mayo, de acuerdo con el oficio V2/29651, del cual este semanario tiene copia y en el que el organismo pide tomar medidas para detener los abusos.
En el documento, el segundo visitador, Enrique Guadarrama López, informa al jefe de la Unidad de Promoción y Protección de los Derechos Humanos de la Semar, Hilario Durán Tiburcio, que de enero a esa fecha, “derivado de los operativos realizados por elementos de la Semar en el Estado de Tamaulipas, se han recibido (…) 32 quejas sobre hechos en diferentes municipios.
“Las quejas refieren desapariciones de personas, privaciones de la vida, detenciones arbitrarias, cateos ilegales y tortura, entre otros, por elementos de la Semar. De todos los casos se abrieron expedientes de queja y se solicitaron informes correspondientes.”
El 30 de mayo, en un comunicado, el organismo defensor de derechos humanos dio a conocer que sólo de Nuevo Laredo tenía 21 quejas correspondientes a la desaparición de 31 personas, entre ellas dos mujeres y siete menores de edad, una chica entre ellos.
El reporte de la CNDH abonaba al reciente llamado urgente que lanzó desde Ginebra, Suiza, el alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Zeid Ra’ad Al Hussein, al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto para que ponga fin a la “ola de desapariciones en Nuevo Laredo y sus alrededores”, tras revelar que su representación en México había documentado 23 desapariciones (21 hombres y dos mujeres) en hechos reportados de febrero al 16 de mayo.
Una semana previa al comunicado de Zeid Ra’ad al Hussein, el responsable de la Subdivisión de Tratados de Derechos Humanos del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED, por sus siglas en inglés), Ibrahim Salama, notificó que el Estado mexicano tenía hasta el 13 de junio para informar a esa oficina sobre “una estrategia integral para la búsqueda exhaustiva” de los 17 casos documentados por el CDHNL, así como una investigación imparcial que permita “identificar a los perpetradores”.
Entre los requerimientos que el CED hizo a las autoridades resalta el “permitir el acceso inmediato de las autoridades a cargo de las búsquedas de las 17 personas desaparecidas, incluido el CDHNL y los familiares allegados a las víctimas, a los diferentes cuarteles de la Marina en Nuevo Laredo, Tamaulipas; Colombia, Nuevo León, e Hidalgo, Coahuila, donde se supone fueron ingresados algunos de los detenidos para su interrogatorio”.
En el escrito fechado el 23 de mayo, el CED urge a la implementación inmediata del oficio V2/29651 de la CNDH y también emite medidas cautelares en favor de las 17 víctimas y sus familiares, así como del presidente del CDHNL, Raymundo Ramos Vázquez, quien ha “sido objeto de amenazas, campañas de difamación y de desprestigio tras su intervención en apoyo a los desaparecidos y allegados”.
En la misiva, Ibrahim Salama notifica al gobierno de México que “el comité está altamente preocupado por estos hechos, que ponen a diario en peligro la seguridad y la vida de los habitantes del estado de Tamaulipas, y que, de ser verificados, constituirán una grave violación de sus obligaciones convencionales”.
La preocupación por la situación del defensor y del ambiente de terror que priva en Nuevo Laredo fue expresada por la directora adjunta de Investigación de Amnistía Internacional para las Américas, Carolina Jiménez Sandoval, en una carta dirigida al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Rafael Adrián Avante Juárez, fechada el 25 de mayo.
En dicho texto se informa del intento de impedir el libre tránsito a Raymundo Ramos y a un grupo de familiares de desaparecidos por parte de elementos de la Marina pertenecientes a la Unidad de Operaciones Especiales, el 10 de mayo pasado, cuando se dirigían al poblado de Colombia, Nuevo León, en una brigada de búsqueda de víctimas, momento en el que el defensor fue “interrogado de manera acosadora” por el responsable del retén, quien lo acusó de “estar cometiendo el delito de usurpar la función pública por estar haciendo labores de búsqueda, que, según el representante de la Semar, sólo correspondían a policías”.
La directora adjunta de Amnistía refiere actos de difamación contra el presidente del CDHNL mediante una página de Facebook llamada “La Voz del Pueblo2”, en la que se hacen “acusaciones contra el señor Ramos Vázquez por su trabajo de denuncia contra la Semar, acusándole de tener vínculos con grupos delictivos”.
Carolina Jiménez informa que después de que Ramos Vázquez entrevistó a la esposa de un desaparecido, la señora fue “secuestrada temporalmente la mañana del día 25 de mayo por presuntos elementos de la Semar en vehículos civiles, quienes la habrían amenazado y también le señalaron al señor Ramos Vázquez, exigiéndoles más información sobre su persona”.
El ambiente intimidatorio para aplacar las exigencias de los familiares de víctimas que acusan a la Marina, quienes han recurrido a protestas públicas, impidió que algunos de ellos se desplazaran a la Ciudad de México, donde denunciarían la oleada de desapariciones forzadas en Nuevo Laredo en una conferencia de prensa programada para el pasado 28 de mayo.
Con testimonios
Yuliana Uscanga, abogada que representa a 15 familias de víctimas que han señalado a la Marina, denuncia que entre el 24 y el 25 de mayo “hubo tres casos de intimidación; nos damos cuenta que tienen bien ubicadas a las señoras en sus trabajos y en sus domicilios, a donde han acudido marinos a amenazarlas para que dejen por la paz las denuncias. Están sembrando el miedo”.
Agrega que, aun cuando había familias dispuestas a viajar por carretera a la capital del país, decidieron suspender la conferencia “por seguridad y prudencia”.
–¿Tienen claro que fueron marinos los responsables de las amenazas?
–No nos consta nada, pero a nadie más le podría afectar que se siga señalando a la Marina más que a la propia Marina.
La litigante advierte que, pese a la gravedad de las denuncias interpuestas en la Procuraduría General de la República (PGR), “no hay ningún avance en las investigaciones, no se les da copia a los familiares de las indagatorias y, menos aún, se realizan búsquedas; quienes salen a buscar son los familiares”.
Cuenta que en los 15 amparos que ha interpuesto “la Marina niega su responsabilidad en las desapariciones, pese a que hay reportes en los que existen fotos y videos que lo acreditan”.
Dos casos de esos son los de Daniel Gerardo García Ramírez y el de José Luis Bautista Carrillo, desaparecidos el 14 de abril y el 16 de mayo, respectivamente. En cuanto al primero, su pareja Azeneth Olivo Lumbrera asegura que, además de testigos de su detención, perpetrada afuera de una tienda de conveniencia, existen videos de las cámaras de seguridad de ese establecimiento, de una gasolinería y de un centro de cambio, pero “los de la PGR no han solicitado las imágenes, aunque la gente está dispuesta a aportar pruebas y a declarar siempre y cuando se les proteja”.
En lo que atañe a Bautista Carrillo, decenas de personas dijeron que personal naval irrumpió en una reunión de comerciantes en un deshuesadero de autos, denunciaron que fueron despojados de dinero y objetos de valor; otros más, quienes acudieron en apoyo de esas personas, tomaron videos y fotografías de la presencia de marinos.
Erika Castro, esposa de José Luis y testigo de los hechos, explica que en las investigaciones “los marinos dicen que sí estuvieron en el establecimiento porque recibieron una llamada anónima de que había gente armada; dicen que entrevistaron al dueño del lugar y se fueron”.
Ambas mujeres exigen que la Marina cumpla con su promesa de abrir los cuarteles, ofrecimiento hecho por un representante de la institución en una reunión del 16 de mayo último en la que también estuvieron representantes de la ONU y de la CNDH.
Raymundo Ramos, quien como Uscanga fue testigo del compromiso del enviado de la Semar, dice que la apertura de los cuarteles estaba programada para el 23 de mayo pasado, pero que fue cancelada por los responsables de la dependencia “bajo el argumento de que era por seguridad del personal”.
Expone que no sólo se trata de atender una instrucción del CED, sino que a las familias les interesa “buscar esos vehículos en los que han estado realizando las desapariciones forzadas e identificar a los marinos que se llevaron a sus seres queridos, porque muchas de esas familias han sido testigos de las detenciones arbitrarias y posteriores desapariciones forzadas, y la búsqueda la quieren hacer ante las autoridades, ante la PGR”.
Después de que la CNDH emitió medidas cautelares, cinco personas más desaparecieron, “por lo que las actividades de los marinos deberían suspenderse hasta que se realice una investigación”, considera Ramos Vázquez.
“En los últimos seis meses, en Nuevo Laredo la Marina no ha hecho nada importante: ni decomisos ni patrullajes ni detenciones que rindan resultados; en cambio, lo que sí ha hecho son desapariciones forzadas”, denuncia de nueva cuenta el presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo.
