Desde las primeras jornadas del juicio contra el exfuncionario, la Fiscalía de EEUU reveló parte de la red de corrupción que habría sido orquestada desde los altos mandos de las corporaciones de seguridad
Tres años después de haber sido detenido, Genaro García Luna enfrentó por fin el juicio en su contra con el que la Fiscalía de Estados Unidos tratará de comprobar sus vínculos con el Cártel de Sinaloa durante sus años como funcionario público al frente de las instituciones de seguridad que debían combatir al crimen organizado.
Desde el inicio de las audiencias, personajes como Sergio Villarreal Barragán, mejor conocido como “El Grande”, compartieron relatos y vivencias que evidenciaron la cercanía entre García Luna y altos mandos del cártel, como Arturo Beltrán Leyva, Édgar Valdez Villarreal (”La Barbie”), Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada.
Como referencia, esta relación ha sido señalada en repetidas ocasiones. Un ejemplo es el libro Felipe, el oscuro de la escritora argentina Olga Wornat, en el que se puede leer que García Luna era “un peón que cumplía órdenes” de los líderes máximos del Cártel de Sinaloa.
Dentro de la Corte de Brooklyn, la Fiscalía de EEUU no tardó en jugar varias de sus principales cartas en contra de quien fuera considerado el “súper policía” mexicano. Según reportes del periodista José Olivares, desde el primer día del juicio se presentaron como evidencia las fotografías de algunos agentes de seguridad mexicanos que, bajo el mando de García Luna, habrían ayudado de distintas maneras al grupo criminal a fortalecerse y enviar toneladas de drogas al país vecino.
“La Reina” que le falló a la DEA
Uno de los casos de mayor relevancia fue el de Iván Reyes Arzate, apodado como “La Reina”, quien llegó al puesto de oficial en la Policía Federal en 2003 y cinco años después obtuvo un ascenso que resultó beneficioso para la estructura delincuencial.
En 2008, ya con García Luna al frente de la SSP, “La Reina” asumió la titularidad de la Unidad de Investigaciones Sensibles (UIS) de la PF. Supuestamente, en ese cargo tendría que ser uno de los hombres de mayor confianza para el gobierno estadounidense, principalmente para la Administración de Control de Drogas (DEA).
La misma agencia antidrogas fue quien capacitó a Reyes Arzate y otros agentes para efectuar labores de inteligencia, pues dependía totalmente de la UIS para operaciones de vigilancia y arrestos de alto perfil.
Sin embargo aprovechó su posición para vender información confidencial a grupos criminales como los Beltrán Leyva y el “cártel de cárteles”, como se le ha conocido al Seguimiento 39.
Durante el juicio, “El Grande” reconoció haberse reunido con “La Reina” en al menos cuatro ocasiones.
Según investigaciones del gobierno de EEUU, información revelada por “La Reina” a los Beltrán Leyva permitió en 2016 que el cártel identificara, torturara y asesinara a una fuente confidencial de la DEA en Miami. Además de haber estado en la reunión en la que se decidió cometer el crimen, se presume que Reyes Arzate cobró tres millones de dólares por la información.
Ese mismo año, “La Reina” supo de una investigación de la DEA contra Seguimiento 39, una organización que trasladaba cocaína desde Centroamérica hasta Texas y California, pasando por México, en colaboración con los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Golfo y Los Zetas. A cambio de la información por dichas indagatorias, Reyes Arzate aceptó un soborno de los líderes criminales por 290 mil dólares.
El agente prófugo que permitió la fuga del “Chapo”
Ramón Eduardo Pequeño García ostentó el cargo de la jefatura de la División Antidrogas de la Policía Federal durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Como una de las figuras máximas de la seguridad en el gobierno de Calderón Hinojosa, Pequeño García era el encargado de presentar ante la prensa a los criminales detenidos durante la llamada “guerra contra el narco”.
Entre 2009 y 2013 dirigió la División Antidrogas y luego encabezó la División de Inteligencia hasta su despido en 2015. El 15 de julio de ese año fue cesado de su puesto debido a que él era el encargado del monitorear las cámaras de vigilancia en el penal del Altiplano justo cuando “El Chapo” Guzmán se fugó de ahí.
La DEA lo identificó como uno de los pilares en la red de corrupción y lavado de dinero encabezada por García Luna y, en 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó que se bloquearan sus cuentas bancarias.
Sin embargo, la institución cometió el error de instruir dicha medida antes de que EEUU pidiera la colaboración del gobierno mexicano, por lo que el congelamiento de sus activos fue considerado inconstitucional.
En febrero de 2022 un tribunal federal ordenó que sus cuentas fueran desbloqueadas y la decisión fue ratificada en noviembre del mismo año. Actualmente, Pequeño García se encuentra prófugo.
El excomisionado que obtuvo su exoneración en México
Cuando la imagen de Víctor Gerardo Garay Cadena apareció en los monitores de la Corte de Brooklyn, “El Grande” se refirió a él como “corrupto”. Las acusaciones lo inculparon de trabajar directamente con el Cártel de Sinaloa durante sus años como servidor público.
Garay Cadena ejerció como coordinador de la División Antidrogas de la PF y luego fue nombrado comisionado interino tras el asesinato de Édgar Millán (cuya ejecución habría sido ordenada por los Beltrán Leyva).
En octubre de 2008, Garay Cadena encabezó un operativo en una mansión del Desierto de los Leones con el objetivo de capturar a Mauricio Harold Poveda Ortega, “El Conejo”, un presunto proveedor de cocaína de los Beltrán Leyva que logró librar a los agentes ese día.
Sin embargo, fue acusado de haber robado miles de dólares y algunas joyas durante el cateo a la propiedad, además de haber brindado protección al clan encabezado por Arturo Beltrán Leyva, “El Barbas”. Fue detenido ese mismo año.
Garay Cadena renunció a su cargo y acusó a la Procuraduría General de la República (PGR) de inventar cargos en su contra. Tras una prolongada investigación, el excomisionado fue exonerado a finales de 2012.
El triple agente que pagó una captura con su vida
Uno de los personajes que llevó a Garay Cadena ante la justicia fue Édgar Enrique Bayardo del Villar, alias “El Tigre”, quien para 2008 jugaba para tres equipos: era al mismo tiempo comandante de la Policía Federal, informante de la DEA y confidente del Cártel de Sinaloa.
El 20 de octubre de ese año, justo un día después del operativo contra “El Conejo”, las fuerzas federales y la Policía Metropolitana detuvieron a Reynaldo “El Rey” Zambada García y Jesús Zambada Reyes, hermano y sobrino del “Mayo”, respectivamente.
Durante el enfrentamiento entre los hombres del “Rey” y las autoridades en un domicilio de la colonia Lindavista, el cabecilla criminal llamó al comandante Bayardo del Villar en busca de auxilio, pero el agente no pudo hacer nada para evitar que fuera aprehendido.
Según la información disponible, el CDS le pagaba a Bayardo del Villar la suma de 25 mil dólares mensuales a cambio de información y protección. El comandante fue detenido en 2008 por su cercanía con “El Mayo” y en diciembre se convirtió en testigo protegido de la PGR.
No obstante, el no haber ayudado al “Rey” Zambada le costó la vida, pues el 1 de diciembre de 2009 fue ejecutado mientras desayunaba en una cafetería de la alcaldía Benito Juárez.
El encargado de “mover las fichas”
Francisco Javier Gómez Meza fue uno de los funcionarios que, a pesar de mantener un perfil relativamente discreto, jugó un papel de gran importancia para el Cártel de Sinaloa.
Entre 2007 y 2008 fue director de Despliegue Regional de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) en Sinaloa. Entre sus funciones al margen de la ley se identificó que brindaba protección a los Beltrán Leyva, ya que les proporcionaba datos para evadir operativos en su contra.
Además, se presume que era el encargado de distribuir y remover tanto comandantes como agentes a lo largo del territorio nacional, según lo que le ordenara la organización encabezada por “El Barbas”.
Tras su salida de la agencia adscrita a la PGR se sumó a las filas del personal carcelario, pues fungió como director del penal federal de alta seguridad de Puente Grande, en Jalisco.
En octubre de 2010, mientras ostentaba dicha plaza, fue detenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por delincuencia organizada y declarado preso formalmente en 2015 por ese mismo delito.
El jugador clave contra Los Zetas
Domingo González Díaz, a quien se le asignó el apodo de “Comandante Domingo”, conoció a “El Grande” en Monterrey, Nuevo León, según los argumentos durante el juicio de García Luna.
Las investigaciones señalan al excomandante de la AFI como una de las piezas principales que el Cártel de Sinaloa tenía en el gobierno durante la cruenta guerra con Los Zetas en Guerrero.
En una ocasión, aseveró “El Grande” durante su comparecencia, Domingo González, García Luna y Luis Cárdenas Palomino habrían recibido entre 14 y 16 millones de dólares luego de haber incautado dos toneladas de droga de “la competencia” que después se quedó la facción de los Beltrán Leyva.
En este sentido, la principal acusación en su contra versa sobre el pago de sobornos a cambio de la ejecución de operativos en contra de Los Zetas. Presumiblemente, en julio de 2003 el “Comandante Domínguez” habría pactado con los sinaloenses un pago de hasta cuatro millones de dólares a cambio del cateo de ocho domicilios, con lo que se pretendía detener a Osiel Cárdenas Guillén y desmantelar a Los Zetas.
La información disponible refiere que González Díaz se dio a la fuga en 2004, luego de que la PGR ordenara su persecución por proteger al “Barbas”. Además, en una fecha no especificada, habría estado involucrado en una serie de ejecuciones extraoficiales de Los Zetas en Guerrero. Desde entonces, se desconoce su paradero.
