Nuevos datos sobre la gestión de Emilio Lozoya Austin como director general de Pemex indican que no sólo pugnó por asignarle directamente a la trasnacional Odebrecht proyectos estratégicos muy rentables, como el gasoducto México-Guatemala. Lo hizo en contra de lineamientos del BID y la Secretaría de Energía, y mediante acuerdos personales con funcionarios del gobierno de Otto Pérez Molina que hoy están acusados de corrupción y tráfico de influencias.
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CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- A mediados de 2015, Emilio Lozoya Austin estaba empeñado en que Pemex se hiciera cargo del gasoducto de 580 kilómetros que conectaría la frontera sur de México con Guatemala para distribuir gas natural a toda la región, con una inversión inicial de 525 millones de dólares.
No sólo eso. Lozoya buscaba que Pemex adjudicara directamente el proyecto a la constructora brasileña Odebrecht, además de que la petrolera se convirtiera en propietaria y comercializadora del gas natural en la región, en un esquema parecido al del gasoducto Los Ramones en el norte del país.
El gasoducto se desarrollaría en una primera etapa desde Salina Cruz hasta la ciudad de Escuintla, en Guatemala, y después hasta Costa Rica, pasando por Acajutla, en El Salvador.
Al cierre del primer semestre de 2015, el entonces director de Pemex – quien ahora enfrenta un proceso por su posible responsabilidad en delitos como lavado de dinero y asociación delictuosa– presionaba ante todas las instancias del gobierno de Peña Nieto para que la empresa productiva del Estado mexicano coordinara y adjudicara directamente la obra de infraestructura, tal como lo hizo con otros ductos de gas través de Pemex Transformación Industrial.
Con fecha del 23 de abril de 2015, una nota informativa interna de la Secretaría de Energía sobre los avances en materia de comercio y transporte de gas natural en México y Centroamérica –que Proceso consultó–, establece que en las negociaciones diplomáticas en las que participó el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), “la propuesta (de Pemex de convertirse en el dueño del gasoducto e invertir en una planta de energía eléctrica, además de no encuadrar en el nuevo marco jurídico mexicano, había sido objetada por el gobierno de Guatemala”.
De acuerdo con el documento interno de la Secretaría de Energía, Lozoya quería además que Pemex fuera copropietario, junto con la Comisión Federal de Electricidad, de una planta de generación de energía eléctrica de 300 megawatts en Guatemala. El plan establecía que Pemex también se haría cargo de la comercialización, lo que permitiría anclar la demanda y darle viabilidad al proyecto.
La inversión para el gasoducto entre México y Guatemala, según cálculos del BID en ese momento, se estimaba en al menos 520 millones de dólares, pero podría llegar a mil 200 millones y contaría con asesoría técnica y regulatoria del BID. Una joya para la integración de la región que, además, tenía el visto bueno del Departamento de Estado porque a Washington le urgía, desde entonces, vender sus excedentes de gas natural desde Texas a Centroamérica, a través de México.
Pemex no figuraba como exportador de gas natural porque en 2015 ya se observaba una caída en la producción del combustible. Sólo aspiraba a ser un intermediario del gas estadunidense.
El proyecto de Pemex, en el que Lozoya buscaba que el contratista estrella fuera Odebrecht, no sólo se contraponía a la Ley de Hidrocarburos sino que violentaba, según los documentos del proyecto, el modelo financiero previsto por el BID, que sólo ofrecía cooperación para el diseño del modelo financiero porque no contaba con recursos a fondo perdido.
La Secretaría de Energía, a través de la Subsecretaría de Hidrocarburos, buscaba que en las reuniones de trabajo para el desarrollo del gasoducto se acordara de manera transparente el proceso de licitación pública internacional para asignar el contrato con la anuencia de los gobiernos de México y Guatemala, pero Pemex seguía oponiéndose.
