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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un tribunal federal ordenó crear una Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa y pidió a la Procuraduría General de la República (PGR) reponer el procedimiento en el caso de 20 de los detenidos que aseguran haber sido torturados.
De manera unánime, los tres magistrados del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito determinaron que la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas “no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial” por parte de la PGR, “como lo exige la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) y los protocolos de la ONU”.
La PGR se puede inconformar con el fallo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Fuentes de la Procuraduría dijeron a Apro que el fallo del Colegiado ocurrió cuando aún estaba pendiente de que se desahogaran pruebas en relación con los alegatos de tortura de los detenidos.
Entre los beneficiados por el Colegiado se encuentra Gildardo López Astudillo, conocido como “El Cabo Gil”, acusado de ser uno de los llamados lugartenientes de Guerreros Unidos. La PGR responsabiliza a esa organización delictiva de haber incinerado en un basurero a los 43 normalistas, en septiembre de 2014.
En una resolución inédita, los magistrados del Colegiado que tiene su sede en Reynosa, Tamaulipas, pidieron al titular del Ejecutivo la creación de una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia, y que para su funcionamiento solicite recursos al Congreso de la Unión.
Incluso establecieron que debe estar integrada por los representantes de las víctimas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Ministerio Público de la Federación, al que sólo atribuye funciones de integración de las indagatorias.
Los magistrados precisaron que los representantes de las víctimas y de la CNDH serán quienes decidan las líneas de investigación y las pruebas a desahogar; además de que podrán validar la incorporación de más organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos.
También explicaron que decidieron la creación de la comisión ante las graves violaciones a los derechos humanos, como la tortura, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales. Además, por la falta de una fiscalía independiente y la orden de investigar la participación de autoridades de los tres niveles de gobierno en los hechos de Iguala.
El fallo se hizo eco del informe que en marzo pasado presentó en Ginebra el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab.
Titulado “Doble injusticia. Informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa”, el reporte asegura que al menos 34 de los acusados por la PGR fueron detenidos de manera arbitraria, torturados y entregados al Ministerio Público Federal más de 24 horas después de su detención. Refiere incluso una ejecución extrajudicial.
Los magistrados Juan Antonio Trejo Espinoza, Héctor Gálvez Tánchez y el autor del proyecto, Mauricio Fernández de la Mora, resolvieron cuatro amparos en el mismo sentido.
Los recursos favorecieron a Miguel Ángel Landa Bahena, apodado “El Chequel” o “Duvalín”, Gildardo López Astudillo, “El Cabo Gil”, Salvador Reza Jacobo y Felipe Rodríguez Salgado, “El Cepillo”.
El Colegiado estableció que, para reponer el procedimiento, la PGR debe presentar dictámenes periciales independientes, como lo establece el Protocolo de Estambul.
Igual estableció que, si en diez días la PGR incumple, el juez debe desechar las actuaciones de la dependencia a partir de la tortura que alegan los inculpados.
Según los magistrados, “hay indicios suficientes para presumir que las confesiones e imputaciones en contra de coinculpados fueron obtenidas mediante tortura”.
También determinaron que existe la necesidad de cumplir con el derecho humano fundamental de acceso a la justicia de las víctimas; es decir, que los detenidos y procesados por la autoridad sean los verdaderos responsables.
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