proceso.com.mx
CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El Estado mexicano deja de percibir cada año entre 67 mil y 128 mil millones de dólares en impuestos por la importación y exportación de mercancías debido a las distintas formas de evasión, como el uso de facturas apócrifas –con precios o cantidades inflados o subevaluados– o de paraísos fiscales, y ello con la permisividad de las autoridades, señaló un informe que publicó hoy la organización Integridad Financiera Global (GFI).
Según el estudio, uno de cada cinco pesos de bienes exportados e importados en el país escaparían de una manera u otra a las autoridades, según estimaciones del periodo 2006-2015, que considera sólo las prácticas de evasión fiscal sobre el comercio de bienes tangibles, por lo que resulta “muy conservadora”.
Aun así, México aparece como el segundo país con los mayores flujos financieros ilícitos –después de China– en un grupo de 148 países emergentes.
Del estudio escapan “muchas formas de flujos ilícitos que no pueden ser detectados con los datos económicos disponibles”, deploró el organismo, y enumeró algunos de ellos: “transacciones en efectivo, falsificación de la misma factura, tergiversación de facturas sobre servicios o bienes intangibles”.
Según el GFI, cerca del 25% del comercio total generado en los países en desarrollo escapa a las autoridades tributarias mediante estas prácticas fraudulentas. “Existe un sinfín de técnicas para sacar fondos ilegalmente de un país y/o para lavar dinero sucio, entre ellas la facturación apócrifa del comercio, que puede emplearse para mover las ganancias de actividades criminales y de corrupción a través de las fronteras nacionales”, sostuvo.
“Parte de estos flujos ilícitos pueden corresponder a ingresos fiscales que pierden los gobiernos de países en desarrollo y que, por lo tanto, no pueden usar para reducir la desigualdad, eliminar la pobreza y, de manera más amplia, para elevar la calidad de vida de la gente que habita estos países”, planteó.
Para enfrentar estas prácticas, el GFI recetó una serie de recomendaciones que otros organismos internacionales promueven desde hace varios años: exhortó a los gobiernos a transparentar los registros públicos de “todas las entidades” incorporadas en sus jurisdicciones y los bancos a conocer la identidad del beneficiario final de cada cuenta bancaria.
También urgió a las autoridades de los países a reforzar la cooperación y el intercambio de información fiscal, a redoblar su vigilancia sobre las empresas que emiten facturas relativas a paraísos fiscales, y a penalizar las prácticas de “optimización” fiscal, con las que las empresas reducen sus impuestos.
