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OAXACA, Oax. (apro).- Activistas y organizaciones de la sociedad civil denunciaron que, según el Observatorio de Personas Trans Asesinadas, México sólo es superado por Brasil en el número de ejecuciones perpetradas contra esa población.
Únicamente de junio a agosto, detallaron, los crímenes de odio contra personas de la comunidad LGBTTTIQ (Lesbiana, Gay, Bisexual, Transgénero, Travesti, Transexual, Intersexual y Queer) pasaron de 16 a 34, lo que representa un incremento de 47%, y se tiene el reporte de 257 asesinatos desde que comenzó el monitoreo y recolección de información.
En un pronunciamiento emitido a raíz del crimen de Vania López Cruz, en Santa María Atzompa, el pasado domingo 12, las organizaciones y defensores de derechos humanos cuestionaron la omisión del Estado mexicano.
De acuerdo con la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto, Vania –integrante de la comunidad LGBTTTIQ– perdió la vida por un balazo en el pecho, cuando transitaba por un camino de terracería en ese municipio oaxaqueño.
En el documento dado a conocer este miércoles, los defensores de derechos humanos exigieron al gobierno implementar acciones y políticas públicas urgentes para atender y erradicar “esas extremas formas de violencia”, y detallaron que en México se tienen registrados 422 casos de mujeres trans asesinadas de 2007 a 2017.
“Los dos últimos años han resultado los peores, toda vez que en 2016 se perpetraron 80 crímenes y en 2017 se tienen registrados 59. La tendencia sugiere que 2018 será uno de los tres años con mayor cantidad de casos de asesinatos de personas trans documentados desde 2007”, subrayaron.
Y mencionaron que, de acuerdo con el Observatorio de Personas Trans Asesinadas, México ocupa el segundo lugar en el mundo con 257 ejecuciones desde que comenzó el monitoreo y recolección de información. Sólo es superado por Brasil, con 868 asesinatos.
Con fundamento en las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señalaron que las investigaciones por los asesinatos de personas de la diversidad sexual y de género “son prejuiciadas y sesgadas por hipótesis que justifican y revictimizan” a las víctimas.
Por ello, demandaron que en esos casos el sistema de justicia investigue siempre si el delito fue cometido a partir de la orientación sexual, la identidad o la expresión de género de la víctima.
Además, que toda la cadena del aparato de justicia cumpla con los protocolos de investigación, el resguardo de evidencia y la cadena de custodia de personas imputadas, así como el respeto a las orientaciones sexuales, especialmente cuando resulten ser personas trans, independientemente de su sexo asignado al nacer o contar o no con el reconocimiento jurídico a su identidad de género.
De igual manera, exigieron visibilizar esos asesinatos para que sus nombres sean enunciados con dignidad y respeto. También el derecho a la memoria histórica y que las personas trans sean nombradas y recordadas a partir de sus identidades y expresiones de género, aunque no se haya tenido la oportunidad de rectificar sus documentos de identidad.
Asimismo, que el Estado y los medios de comunicación mencionen a las personas trans por los nombres y las identidades de género con las que socialmente eran conocidas, independientemente de sus documentos de identidad, usando los pronombres adecuados al género con el que se identificaban.
En el documento, con aproximadamente 400 firmas, los y las activistas también exigieron que los asesinatos de las mujeres trans sean analizados dentro de los contextos de la tipificación penal de feminicidio y se consideren como parte de la estadística bajo el rubro de trans-feminicidios.
Denunciaron que la crueldad y la violencia con que se cometen los crímenes contra población de las diversidades sexuales pasa por formas de extrema humillación, degradación y violación, que quedan impunes o no se toman en cuenta al establecer las penas respectivas.
También se quejaron de las violaciones por parte de las fuerzas de seguridad del Estado en todas las etapas de la custodia policial que, subrayaron, derivan en tratos humillantes, extorsiones y la demanda de “favores” sexuales, así como el uso excesivo de la fuerza, especialmente hacia personas trans, trabajadoras sexuales o defensoras de los derechos humanos.
Sumado a ello, pidieron que cese la violencia sexual hacia la población trans dentro de los espacios carcelarios, y que aquellas personas sean ubicadas en los centros de detención donde se les garantice seguridad y protección por su identidad y expresión de género.
Según los manifestantes, aún existe personal de los servicios de salud que niegan atención médica a gente de las diversidades sexuales, especialmente a las personas trans que acuden para solicitar terapias de reemplazo hormonal o que piden ser atendidas por malas prácticas médicas anteriores.
Finalmente, demandaron que cese la violencia contra personas que padecen enfermedades aún estigmatizadas como el VIH-Sida, y exigieron al Estado Mexicano “la urgente e improrrogable atención a su obligación de prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia hacia las mujeres”, incluidas lesbianas, bisexuales, trans e intersex, desde la infancia y la adolescencia.
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