Actualidad.rt.com/ El primer bimestre de este año ha sido el más violento en México desde que se tienen registros. Solo en enero y en febrero las autoridades registraron 3.779 homicidios dolosos (intencionales), casi un 30% más de los correspondientes al mismo periodo del año pasado, indican en su último informe.
El Gobierno mexicano elabora informes desde 1997, siendo a partir de la proliferación de los cárteles de la droga y de sus enfrentamientos, así como de la decisión del presidente Felipe Calderón de encomendar al Ejército la lucha contra los narcotraficantes (2006), cuando los asesinatos fueron en aumento.
Las cifras reveladas este lunes por el Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública (SENSP) indican que los homicidios de enero y febrero se acercan en número a los registrados en 2011, cuando se alcanzó el tope máximo con 3.553 casos.
Solo tres entidades federativas tuvieron menos casos
De las 32 entidades federativas que componen el país, 29 registraron un alza de homicidios, cometidos principalmente por arma de fuego; mientras que solo Campeche, el Estado de México y Nuevo León presentaron disminuciones, si bien mínimas.
El reporte refleja, además, un incremento en los delitos de extorsión, secuestro y robo de vehículos. En total se contabilizaron 278.346 delitos en un periodo comprendido entre enero y febrero de 2017.
El SENSP recolecta datos de robo a casa habitación, a negocio, de vehículos, a transportistas, a transeúntes, de ganado, a instituciones bancarias o en carretera; así como lesiones (dolosas y culposas), homicidios (dolosos y culposos), casos de abuso de confianza, daño en propiedad ajena, extorsión, fraude, despojo, secuestro o violación, entre otros.
En lo que va del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, a un año y nueve meses de concluir su mandato, son ya 77.316 los homicidios dolosos. Durante el gobierno de su antecesor, Felipe Calderón se registraron en total 104.089 y en el de Vicente Fox 74.577.
Este último informe sobre incidencia delictiva se da a conocer mientras los legisladores analizan la posibilidad de dar a los miembros del Ejército Mexicano facultades para seguir operando en las calles contra el crimen organizado, ya que, actualmente, no existe ninguna ley reguladora en ese aspecto.
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