Actualidad.rt.com/ A Fernanda Rubí Salcedo la desaparecieron «por bonita» hace más de cinco años. A 30 metros de un cuartel de la Policía, cuatro hombres se la llevaron sin que nadie interviniera y a pesar de los gritos de la joven. A su madre, Aracely Salcedo Jiménez, las autoridades locales solo le dijeron, días después, que un «jefe narco la mandó pedir».
Incansable y soportando amenazas de criminales y autoridades, esa mujer se esfuerza por recobrar a su hija con vida, pero también la busca entre los muertos. Junto con otras familias que igualmente claman por sus descendientes, esposos o hermanos, ha localizado decenas de fosas clandestinas. Ante la inacción del Gobierno mexicano, comenzó escarbando con sus propias manos, literalmente.
«Al ver la falta de compromiso de las autoridades» y la persecución que comenzó a sufrir por parte de servidores públicos e integrantes del crimen organizado, «nos vimos en la necesidad de juntarnos», dice en entrevista con RT Aracely Salcedo.
Colectivos de familias que buscan a sus desaparecidos
Junto con otras madres que también viven la ausencia forzada de sus hijos, se organizaron y crearon el Colectivo de Familias de Desaparecidos Orizaba-Córdova, una de tantas que buscan a más de 30.000 personas en todo México. «Buscamos en vida, buscamos en muerte: buscamos en fosas clandestinas», asegura Salcedo.
Se capacitaron junto con una brigada nacional de búsqueda y lograron lo que las autoridades no hicieron: encontrar fosas y recuperar restos. Se trata de puntos donde el «crimen autorizado» (como esta mujer se refiere al crimen organizado) llevaba muchos años depositando cadáveres.
En los primeros lugares, este colectivo recuperó más de 24.000 fragmentos óseos humanos aún no identificados: «No sabemos a quiénes ni a cuántas personas pertenecen», asegura.
Hoy en día, ha detenido las búsquedas. El motivo: «se nos está presentando el grave problema de que no hay quién pueda tener una debida cadena de custodia» de los restos que encuentran mientras que las autoridades, por ineptitud o complicidad, no preservan las evidencias ni son garantes de un manejo adecuado de los restos humanos para restituirles su identidad.
Una fosa del tamaño de un país
La violencia que se vive en México ha convertido al país latinoamericano en una gran fosa clandestina. En territorio mexicano se cuentan, al menos, 1.075 entierros ilegales de personas, según han documentado la Universidad Iberoamericana (UIA) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH).
Sin embargo, ambas instituciones aclaran que la cifra real es mucho más abultada, pues las personas que buscan a sus familiares siguen encontrando inhumaciones. En los últimos días, dos nuevos sitios se sumaron a la lista en el occidental estado de Veracruz.
‘Violencia y terror. Hallazgos sobre fosas clandestinas en México’, lleva por título el informe de resultados de la investigación de la UIA y la CMDPDH. Ese documento señala que, entre 2009 y 2016, se ubicaron entierros de este tipo en 29 de los 32 estados de México.
El estudio no solo señala a los narcotraficantes como los perpetradores de estos crímenes. También apunta a elementos estatales (policías, militares, funcionarios) como posibles autores de una «práctica» (ejecutar y enterrar a la víctima clandestinamente) que se ha vuelto «recurrente».
Las instituciones que realizaron esa investigación lamentan que «no confiamos» en que las instituciones del Estado encargadas de la procuración y administración de justicia «tengan la voluntad» o «la capacidad» para esclarecer «las graves violaciones a derechos humanos asociadas a las fosas clandestinas».
La UIA y la CMDPDH concluyen que, «por la dimensión y las características de las atrocidades que atestiguamos», esta «crisis de violencia» es «uno de los apartados más trágicos de nuestra historia y de América Latina en las últimas décadas».
Denise González Núñez, titular del Programa de Derechos Humanos de la UIA y coordinadora de este informe, ha señalado a RT que el fenómeno de las fosas clandestinas en México tiene cuatro objetivos: ejercer control en determinadas comunidades, generar terror, mostrar la impunidad de los perpetradores y hacerlas ver el grado de vulnerabilidad en que se encuentran.
Por ello, demanda al Gobierno mexicano «concretar un registro nacional de fosas y un programa nacional de exhumaciones».
Militarización e intereses de Estados Unidos, los orígenes
Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), observa que el problema de las fosas clandestinas —como las desapariciones de personas y las ejecuciones extrajudiciales— se inició con la militarización de la seguridad pública.
«El primer contexto que explica las fosas clandestinas es la política fracasada del Estado mexicano para controlar un problema de seguridad utilizando la acción violenta», asegura.
Para Ramírez, un segundo contexto que explica el fenómeno de las inhumaciones ilegales es la intervención de Estados Unidos y de los asesores colombianos e israelíes, «que auspiciaron el modelo de apoyar acciones violentas y favorecer el trasiego de armas a México». Por ello, no se trata de un fenómeno social que surja de la nada. Surge de políticas de Estado.
El politólogo y sociólogo Valeriano Ramírez, investigador adscrito a la Coordinación de Estudios Políticos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señala que el fenómeno de las fosas clandestinas es multifactorial, pero el principal elemento es la irresponsabilidad de EE.UU., un país que tiene, al menos, 30 millones de adictos, con lo cual necesita un mínimo de 10 toneladas de droga diarias.
Una nueva guerra: sucia y secreta
La «guerra» mexicana no es contra el narcotráfico, observa Valeriano Ramírez, quien considera que al crimen organizado se le ha permitido adueñarse de territorios «a cambio de reducir e, incluso, suprimir el descontento social»; además, con la encomienda de disminuir la migración centroamericana rumbo a EE.UU. que pasa por México.
Para este investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, el fenómeno de las fosas clandestinas es una expresión de un periodo histórico que atraviesa México, una «guerra sucia y secreta».
Víctor Hugo Guzmán, coordinador general del Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo, señala que el número de entierros clandestinos no se puede entender si no es por la omisión de los funcionarios o la complicidad en hechos de desaparición forzada, con lo cual la responsabilidad apunta directamente a las autoridades.
Desafortunadamente, los mexicanos no han visto todavía la magnitud real del problema, ya que las más de 1.000 fosas hoy contabilizadas son apenas «la punta del iceberg» de un fenómeno que se está descubriendo.
Incluso, este crimen ha «evolucionado». Si la desaparición de personas ocurría contra integrantes de la delincuencia y luego contra activistas, ahora es generalizada. Cualquier persona puede padecer una desaparición, una ejecución extrajudicial y ser inhumado clandestinamente.
«La violencia ya no es dirigida contra un grupo particular, como podrían ser luchadores sociales incómodos para el Gobierno; ahora puede ser contra una mujer que va caminando por la calle», añade Guzmán.
Aracely Salcedo lleva puntualmente la cuenta de los días que han pasado desde que se llevaron a su hija. Fernanda Rubí fue raptada el 7 de septiembre de 2012 en la ciudad de Orizaba (Veracruz), cuando tenía 21 años.
El colectivo que fundó se madre sigue creciendo porque el problema de las desapariciones permanece en México. Recientemente, seis familias más con igual número de desaparecidos han pedido incorporarse a la organización.
Salcedo no espera encontrar en una fosa clandestina a su hija, sino que mantiene la convicción de que Rubí será rescatada con vida. Si busca en los entierros ilegales es para ayudar a otras familias que, como ella, padecen la indolencia gubernamental.
Zósimo Camacho
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