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El operativo Mochila segura no sólo es una estrategia ineficaz que criminaliza al alumno y lo convierte en un presunto culpable
, también encubre factores centrales que afectan a la comunidad escolar como la precariedad emocional, el abandono y el descuido que enfrentan niños y adolescentes. La escuela se está quedando sin tejido social, advirtieron especialistas de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN)-Ajusco y defensores de derechos humanos.
El pasado 10 enero un alumno de primaria en Torreón, Coahuila, disparó en contra de su maestra y compañeros, para después suicidarse, lo que generó la reactivación del citado operativo en la entidad, y el anuncio del secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, de un análisis conjunto con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para su posible implementación, pese a que este organismo emitió en agosto pasado una recomendación en contra por considerarlo violatorio de los derechos a la educación, la intimidad y la participación de los menores.
Al respecto, Juan Martín Pérez, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) y experto en derechos de la infancia, advierte que hay un contexto normativo internacional y nacional que “establece claramente que este tipo de medidas policiacas violentan el interés superior de la niñez, pero también se olvida que detrás de estas presiones para reactivar Mochila segura hay muchos cabilderos y empresas de seguridad que sólo ven un buen negocio”.
Marcelino Guerra, profesor-investigador de la UPN, señaló que Mochila segura es un operativo que se redita 20 años después de su primera etapa de implementación en escuelas del país en 2001, pero sin problematizar las causas de la violencia dentro y fuera de la escuela.
“Escuela segura, Sendero seguro y Mochila segura fueron estrategias que llegaron a los centros escolares sin conocer ni comprender a fondo cuáles son los verdaderos problemas que generan la violencia. Sin embargo, son acciones que se imponen de forma generalizada en los planteles”, explicó.
Con estas medidas se normaliza la violencia a partir de la criminalización de los propios estudiantes, porque son quienes meten las armas, los que violentan a los otros, los que matan, son los responsables, los culpables, los criminales, mientras este discurso se normaliza, se desatienden todas las violencias que afectan a niños y adolescentes, no sólo el acoso escolar, sino el abuso, el maltrato de sus padres o su ausencia en casa por cuestiones laborales, y las violencias que los rodean en la calle o el hogar
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Institucionalizar la violencia
Roberto González, experto en violencias escolares y profesor-investigador de la UPN, señaló que a un contexto que ya violenta a los menores se suma una violencia institucionalizada que sólo reproduce más violencia y más vigilancia. Es aislamiento, insolidaridad, es no mirar al otro
, afirmó.
Subrayó que la violencia letal en las escuelas es un fenómeno extremadamente raro en México, pero cuando ocurre, se disparan las alarmas, se buscan respuestas estandarizadas y se soslayan ejes prioritarios como los odios: el racismo, la homofobia, el clasismo, todo ese magma de precarizaciones que no estamos atendiendo en la escuela
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Por su parte, Juan Martín Pérez, apuntó que detrás del operativo de Mochila segura “hay muchos cabilderos, muchas empresas de seguridad privada que venden esto. Los arcos metálicos –que ya se han instalado en algunas escuelas—no son gratis, muchos se rentan porque deben tener una certificación especial de la Secretaría de Energía”.
Recordó que durante el sexenio de Felipe Calderón se retomó en 2007 el operativo de Mochila segura, pero tras el rechazo de los maestros a convertirse en vigilantes de sus alumnos, el programa comenzó a hacer agua, e incluso, hubo escuelas que contrataron vigilancia privada con binomio canino
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En bachillerato, agregó, se llegó al extremo de cargar el costo a las familias para aplicar pruebas antidoping a los estudiantes con el fin de detectar el consumo de sustancias ilícitas, lo que es totalmente contrario a sus derechos.
Mochila segura no sólo es violatorio del derecho a la educación y a la intimidad de niños y adolescentes, también es discriminatorio, porque sólo se aplica a los menores y no a toda la comunidad escolar
. Recordó que tanto la reforma al artículo 4 constitucional, que establece el interés superior de la niñez, como la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, garantizan el derecho a la intimidad de los menores, quienes no podrán ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia
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Tejido social hecho garras
Al respecto, Lucía Rivera, experta en temas educativos y profesora-investigadora de la UPN, señaló que la escuela ha dejado de ser un santuario cerrado y, por lo tanto, son lugares inseguros y con muchos desafíos
. No se trata, explicó, de crear y aplicar una política pública homogénea que busque dar solución a la violencia, porque se cae en una sobresimplificación que deja de lado que dentro de la propia escuela hay un tejido social que está hecho garras, hilachos
.
Las exigencias del sistema, explicó, han ido en aumento para profesores y directores. Los padres de familia cada vez recurren más a las quejas y las demandas contra los maestros, por lo que el ambiente en la escuela se judicializó.
Tenemos de tensiones que ninguna política está interesada en resolver, porque se tratan como si fueran un problema local, de gestión escolar, aunque esto ocurra en casi todos los planteles. Tenemos niveles de tensión muy altos
, afirmó.
Rivera enfatizó que se está llegando a una situación límite, donde todo mundo reacciona regañando a las familias, a los maestros, y tenemos que tratar de entender que estamos en niveles de precariedad que nos tienen en una condi-ción de deterioro emocional y afectivo, de desvinculación, y no se trata de caer en la lógica de una educación socioemocional, como se plantea ahora, en una visión de supervivencia, de garantizar que niños y adultos operen emocionalmente en los mínimos para ser productivos
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