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CIUDAD DE MÉXICO.
El aval de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a la reforma que prolongó los periodos en funciones de los actuales magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no es suficiente para Morena, por lo que desde el Senado quiere obligar a que José Luis Vargas e Indalfer Infante se vayan en octubre del próximo año y no en octubre de 2023, como se decidió hace dos años.
En el año 2016, después de que eligió a los integrantes de la Sala Superior del TEPJF, el Senado pactó una reforma para prolongarle los periodos de funciones a cuatro de los siete. Eso generó una controversia y la Suprema Corte validó el cambio de periodo.
Esa reforma, aprobada una vez que los magistrados fueron electos, dice que los dos magistrados electos originalmente para el periodo comprendido del 4 de noviembre de 2016 al 31 de octubre de 2019, durarán en su encargo hasta el 31 de octubre de 2023, como son los casos de José Luis Vargas e Indalfer Infante, a quienes se les prolongó el periodo original de tres a siete años.
Los dos magistrados electos originalmente para el periodo comprendido del 4 de noviembre de 2016 al 31 de octubre de 2022, durarán en su encargo hasta el 31 de octubre de 2024, como son los casos de Felipe Fuentes y Reyes Rodríguez, a quienes se les prolongó el periodo de seis años originales a ocho años.
Los tres magistrados restantes se mantuvieron en los nueve años originales.
Este jueves, el senador Cruz Pérez Cuéllar hace pública la iniciativa para que se regrese a los periodos originales de los magistrados; es decir, anular la prórroga de sus mandatos.
“Esta soberanía, en una visión progresista, con el legítimo interés de fortalecer institucionalmente al máximo tribunal electoral, en ejercicio de la competencia constitucional que tenemos encomendada, bajo una visión respetuosa de los diversos poderes de la Unión, advierte que resulta conveniente y que, incluso, es necesaria una reforma oportuna que disipe cualquier controversia que haya generado la ampliación del plazo o duración de los magistrados que integran dicho órgano electoral, pues el hecho de que la reforma no haya sido declarada inconstitucional, no implica que no pueda mejorarse a través de un procedimiento legislativo.
“Por el contrario, conforme al sistema de pesos de las democracias contemporáneas, el Senado, como parte del Congreso de la Unión, está llamado a fortalecer la legitimidad del Tribunal Electoral, mediante un mejor orden normativo y menos cuestionado de nombramiento de los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, jurídicamente, a través de esta nueva reforma y normas transitorias legales que se presentan, y legítimamente, regresando la vigencia de las normas originales del periodo de nombramiento de los magistrados”, argumenta el legislador morenista.
A los magistrados actuales les tocó tomar decisiones que generaron polémicas, como permitir el registro de ciudadanos con doble nacionalidad y con acusaciones penales, así como validar la compra de firmas por parte de candidatos independientes, porque aplicó el principio pro persona.
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