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Ciudad de México. Diputados de Morena y PT en el Congreso de la Ciudad de México presentaron una iniciativa de reforma al Código Penal para crear en el capítulo de delitos sexuales la modalidad de violencia digital y el delito de violación a la intimidad sexual con una pena de hasta ocho años de prisión y multa de 2 mil veces la Unidad de Medida y Actualización, 168 mil 980 pesos a su valor actual.
Mujeres que padecieron la difusión no autorizada de videos íntimos en plataformas digitales y organizaciones feministas, acompañaron desde los palcos del salón del pleno la presentación de la iniciativa, elaborada por la ciudadana Olimpia Coral Melo y el Frente Nacional por la Sororidad.
Al presentar la iniciativa, conocida como “Ley Olimpia”, el diputado de Morena José Luis Rodríguez Díaz de León, citó los casos de “Sonia” quien fue víctima de la difusión de un video grabado por sus compañeros de la Facultad de Derecho de la UNAM con un teléfono oculto en el baño de la misma universidad, y los de “Violeta” y “Arlin”, cuyas parejas difundieron videos con contenido íntimo sin su autorización.
En el caso de Sonia, “el video fue explotado en internet y cuando ella intentó denunciar le dijeron que no existía el delito. Tuvo que darse de baja de la escuela y con ello truncar su posibilidad de desarrollo académico”.
“Violeta estuvo a punto de renunciar a su vida por el acoso sistémico y la revictimización de su sexualidad en internet. Arlin, en cambio, fue separada de la empresa donde trabajaba, humillada y sin ningún apoyo institucional. No le quedó otro remedio que aguantarse porque no había en ese momento ningún mecanismo de carácter jurídico para que pudiera acceder a la justicia, porque no existía el tipo penal”.
En diciembre pasado, la diputada del PVEM, Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, presentó una iniciativa elaborada también con el apoyo de Coral Melo para sancionar dichas conductas, que fue turnada para su dictaminación a las comisiones de Administración y Procuración de Justicia y de Igualdad de Género, donde las sanciones máximas que propuso son de seis años y mil días de multa.
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