Durante años han nacido y crecido menores dentro de las cárceles mexicanas, enfrentando un entorno que puede ser perjudicial para su bienestar físico y emocional
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En 2025 no existe claridad del número de bebés que nacen dentro de una prisión y cuántos menores viven con sus madres dentro de un centro penitenciarios, aseguró la diputada federal del PAN, Noremí Berenice Luna Ayala, quien presentó una iniciativa para actualizar el censo y mejorar las condiciones para este sector de la población.
De acuerdo con datos del Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatales 2023, es decir, hace dos años, se registraron 343 mujeres privadas de la libertad que convivían con sus hijas e hijos menores de seis años en centros penitenciarios de México.
La legisladora destacó que las condiciones en las que viven los menores en los centros penitenciarios no son adecuadas.
Estos niños y niñas, que acompañan a sus madres durante su reclusión, crecen en un entorno limitado por cuatro paredes, lo que afecta su desarrollo integral.
Además, subrayó que esta situación no es nueva, ya que durante años han nacido y crecido menores dentro de las cárceles mexicanas, enfrentando un entorno que puede ser perjudicial para su bienestar físico y emocional.
El censo penitenciario de 2023 también reveló que, al cierre de ese año, había 282 mujeres embarazadas privadas de la libertad en todo el país, de las cuales el 56,4 % se encontraba en periodo de lactancia. Este dato representa un incremento del 9,3 % en comparación con el año anterior. Asimismo, la Ciudad de México concentró la mayor cantidad de menores de seis años que permanecieron con sus madres en los centros penitenciarios.
Een este contexto, la iniciativa legislativa busca garantizar el acceso y ejercicio de los derechos de estas niñas y niños.
La iniciativa, que fue turnada a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia para su análisis, plantea reformas al artículo 122 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Según informó la diputada Luna Ayala, el objetivo principal es coordinar esfuerzos entre la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, sus equivalentes estatales y las autoridades penitenciarias para supervisar las condiciones de vida de los menores en los centros de reclusión.
Condiciones alarmantes para menores en centros penitenciarios
Otro aspecto relevante señalado en la iniciativa es la falta de infraestructura adecuada para mujeres en reclusión en al menos 12 entidades del país.
Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), de los 281 centros penitenciarios y de reinserción social existentes en México, varios estados, como Baja California, Durango, Guerrero y Tamaulipas, no cuentan con instalaciones específicas para mujeres.
En estas entidades, las mujeres privadas de la libertad son alojadas en espacios mixtos, lo que puede generar condiciones de vulnerabilidad tanto para ellas como para sus hijos.
La diputada Luna Ayala subrayó que esta situación evidencia la necesidad de contar con información clara y actualizada sobre las niñas y niños que viven en estos entornos, así como de implementar medidas que garanticen su protección y desarrollo.
La propuesta de reforma también incluye la creación de una base de datos que permita registrar y supervisar de manera continua a los menores que nacen o viven en los centros penitenciarios.
Este registro sería coordinado por la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, en colaboración con las autoridades penitenciarias.
Según la diputada, esta medida no solo facilitaría la vigilancia de las condiciones de vida de los menores, sino que también contribuiría a visibilizar una problemática que ha sido ignorada durante años.
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