proceso.com.mx
TEPIC, Nay. (proceso.com.mx).- El ganador de la elección de gobernador de este 4 de junio recibirá un estado al borde de la “asfixia” financiera, como consecuencia de la multimillonaria deuda pública que heredará de la administración de Roberto Sandoval Castañeda y de la recesión económica y el desempleo que afectan a la población.
Hasta el pasado mes de marzo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reportaba un adeudo de 4 mil 775 millones de pesos por parte del Gobierno de Nayarit, pero si a esta cantidad se le suman los créditos de corto plazo, los pasivos con diferentes proveedores, contribuciones, transferencias y otros compromisos, la deuda real se eleva a alrededor de diez mil millones de pesos, advierte Andrés García Torres, exauditor general del Órgano de Fiscalización Superior (OFS) de Nayarit.
En entrevista con Proceso, ubica el tema administrativo como “un gran reto” para el siguiente titular del Poder Ejecutivo, dado que los adeudos equivalen a la mitad del presupuesto anual de egresos del estado, que es de 20 mil millones de pesos.
El exfuncionario expone: “El nuevo gobernador, junto con el Congreso, tiene que hacer del tema del presupuesto una prioridad en su gestión, porque al parecer lo que se ha venido haciendo año con año solamente es matizar la deuda, y hay una cantidad muy fuerte que es proporcional a la ineficiencia, la ineficacia y, en un alto grado, a la corrupción”.
De acuerdo con García Torres, a pesar de que se ha dicho que Nayarit tiene el primer lugar en transparencia, “hay cierta opacidad en el tema administrativo porque se oculta el verdadero compromiso económico del estado, se maquilla, se sesga, entonces creo que estamos guardando un problema que tarde o temprano nos va a asfixiar”.
A la deuda pública del gobierno estatal, que Roberto Sandoval duplicó en relación con la recibida de su antecesor, se suman los adeudos a los fondos de pensiones de la Sección 49 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la educación (SNTE) y del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios (SUTSEM).
Según ha denunciado la dirigente de este último, Águeda Galicia Jiménez, los compromisos incumplidos con el fondo de pensiones y otras prestaciones sindicales ascienden a más de mil millones de pesos.
Otro conflicto financiero evidente es el pasivo de aproximadamente dos mil millones de pesos que enfrenta la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), según lo ha externado públicamente el rector de esa institución educativa, Jorge Ignacio Peña González.
A juicio de Andrés García Torres, el “lastre económico que trae arrastrando” la casa de estudios también va a convertirse en un problema real que podría estallarle al próximo gobernador.
Después de dos meses de campaña, este domingo 4 de junio se realiza la jornada electoral en la que ocho candidatos se disputan la gubernatura, dos de ellos postulados por coaliciones, tres por partidos en lo individual y tres registrados de manera independiente.
Los principales contendientes son Antonio Echevarría García, empresario, hijo del exgobernador Antonio Echevarría Domínguez, postulado por la coalición PAN-PRD-PT-PRS; Manuel Humberto Cota Jiménez, senador con licencia y exdirigente de la Confederación Nacional Campesina, registrado por la coalición PRI-PVEM-Panal; Miguel Ángel Navarro Quintero, exdiputado federal y exsenador, apoyado por Morena; y Raúl Mejía González, expresidente municipal de Tepic y exsenador, abanderado de Movimiento Ciudadano.
Otros candidatos son Javier Zapata Pérez, del Partido Encuentro Social; así como los independientes Hilario Ramírez Villanueva, alcalde de San Blas con licencia; Víctor Manuel Chávez Vázquez, y Antonio Ayón Bañuelos.
De acuerdo con García Torres, el ganador de la elección de gobernador tendrá que hacer frente también al rezago económico de la entidad, ya que “no hay empresas importantes ni oportunidades de trabajo reales; cada año egresan miles y miles de estudiantes de las universidades y no encuentran donde trabajar, no hay industria y el dinero circulante en las calles es realmente raquítico”.
En ese sentido, añade, otro de los retos de la persona que llegue a gobernar, y tenga la intención de ayudar a los nayaritas, es el tema del bolsillo de cada persona, de cada joven, ya que no tienen perspectiva, no hay opciones de acomodo para ellos.
Un desafío más para quien asuma la titularidad del Poder Ejecutivo el próximo mes de septiembre, refiere Andrés García, será guardar el equilibrio en materia de seguridad pública y que no regrese la violencia a las calles.
Un reto importante, explica, será aplicar una reingeniería en todo el sistema de seguridad, con el objeto de mantener o mejorar el nivel de seguridad pública, pues aunque han habido algunas ejecuciones últimamente, hay todavía una percepción de tranquilidad entre la población.
García Torres estima que Roberto Sandoval encabezó “un gobierno constructor” que “tuvo la capacidad para gestionar muchas obras de infraestructura en todos los municipios, además de que apoyó a personas de escasos recursos con programas sociales, aunque muchas veces sin estar presupuestados”.
No obstante, “hay otros aspectos que desgraciadamente los medios y la gente de opinión le señalan, que tienen que ver con la opacidad, la corrupción, el enriquecimiento y esas cosas”.
A propósito de las denuncias contra el gobernador Roberto Sandoval por presunto enriquecimiento inexplicable, el extitular del Órgano de Fiscalización Superior hace notar que todas las instancias relacionadas con el sistema anticorrupción fueron cooptadas por el mandatario colocando en esos espacios a su gente de confianza.
Uno de los casos más claros es el del actual auditor general del OFS, Roy Rubio Salazar, quien antes de su nombramiento estaba bajo las órdenes de Roberto Sandoval como secretario de la Contraloría, y para poder colocarlo en el órgano fiscalizador fue reformada la Constitución de Nayarit, que impedía acceder a ese puesto a quienes hubieran formado parte del gabinete estatal durante el año previo.
Pero eso no es todo: en agosto de 2016 el gobernador Sandoval otorgó a Rubio Salazar la patente de notario titular de la Notaría Pública 3 de la Cuarta demarcación Territorial, con sede en el municipio de Tecuala.
Sobre la forma como fue nombrado el auditor, Andrés García comenta:
“Se van a revisar sus propias manos, sus propias cuentas, sus propios números, eso era un impedimento en la Constitución, pero el Congreso del Estado no tuvo empacho en modificarla para poner como auditor general a un secretario del despacho del Ejecutivo, incluso quien fuera mi sucesor en el órgano de fiscalización, Salvador Íñiguez Castillo, ni siquiera concluyó su periodo legal, supongo que lo obligaron a renunciar para tener a alguien de la confianza del gobernador, que es el licenciado Roy Rubio”.
Una situación parecida fue la del ahora exfiscal general del estado, Édgar Veytia, también personaje muy cercano al mandatario, que para ser nombrado en el cargo fueron retirados de la Constitución local los requisitos de diez años de experiencia y de antigüedad con el título.
El Tribunal de Justicia Administrativa, de nueva creación, también está integrado por personajes allegados al gobernador. En noviembre pasado fueron nombrados magistrados Raymundo García Chávez, exsecretario particular del gobernador, notario público y senador suplente del candidato priista Manuel Humberto Cota; Yeniria Catalina Ruiz Ruiz, quien ocupó las secretarías de Cultura y de Turismo en el gobierno de Sandoval, y Jesús Ramírez de la Torre.
Estos personajes, comenta Andrés García, “son los que van a sancionar todas las observaciones de las auditorías, son los que van a tener los dientes para la imposición de sanciones”.
Situaciones similares, indica García, se viven en el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Comisión de Derechos Humanos, cuyo titular fue ratificado por cinco años más en el puesto.
Bajo estas circunstancias, en las que el sistema anticorrupción “fue blindado” con personas afines al gobernador saliente, el exauditor general considera que otro de los retos del nuevo gobernador será “darle una revisada a esas instancias”, además de que no se han nombrado los integrantes del Consejo del Comité Técnico Anticorrupción, pues únicamente se designó a los miembros honorarios que formarían la comisión seleccionadora.
En la actualidad, menciona, no hay equilibrio ni un mecanismo que permita tener diferentes expresiones ciudadanas en esas instancias, que son para transparentar, legalizar y dar credibilidad.
“Dependerá de los resultados de las elecciones, de cómo quede constituido el Congreso, eso podría ser un parteaguas para dar una revisada a todas esas instituciones; creo que debe haber una reingeniería, un gran diálogo y sobre todo ser incluyentes con las diferentes expresiones”, concluye.
Cargando ...
