Gloria Cuartas, asesora del presidente Petro en temas de paz, asegura que el narco sólo sale fortalecido en las guerras en su contra y que una opción en la estrategia de seguridad de Sheinbaum es negociar judicialmente con el crimen organizado.
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BOGOTÁ, Col. (Proceso).- La funcionaria colombiana Gloria Cuartas, quien está a cargo de la implementación del acuerdo de paz con la exguerrilla de las FARC en el gobierno del presidente Gustavo Petro, recomienda a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, negociar con el narcotráfico y el crimen organizado como parte de su estrategia de seguridad.
En entrevista con Proceso, Cuartas dice que una negociación judicial con esos grupos, en la que se les ofrezcan fórmulas de justicia restaurativa a cambio de su sometimiento, podría contribuir de manera significativa a reducir la violencia que azota a varias regiones de México.
“Definitivamente recomiendo introducir esta fórmula en la estrategia de seguridad de la señora presidenta, creo que es complementaria al compromiso del Estado de combatir al crimen organizado”, sostiene la experta en conflicto armado y procesos de pacificación.
La asesora de Petro en temas de paz señala que su recomendación a Sheinbaum la hace a partir de la experiencia de Colombia, que tras décadas de combatir al narcotráfico únicamente con medidas punitivas que dejaron más de 400 mil muertos, decidió apostar por una negociación en la que el gobierno les ofrece a los narcotraficantes un trato judicial favorable si se entregan a la justicia.
La estrategia de seguridad que dio a conocer Sheinbaum la mañana de ayer martes no contempla acciones de este tipo.
El gobierno de Petro desarrolla una negociación con grupos involucrados en el tráfico de drogas, como el Clan del Golfo –la organización criminal más grande de Colombia y la principal abastecedora de cocaína de los cárteles mexicanos–, las Autodefensas de la Sierra Nevada, la Oficina y los Shottas.
A estos grupos no les reconoce estatus político, pero les ofrece rebajas de penas y legalizar parte de sus capitales a cambio de su sometimiento.
Cuartas señala que, de esa manera, el gobierno de Petro apuesta por un nuevo enfoque para enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado, que son los principales factores de violencia en Colombia y en México y a los cuales se ha combatido “con guerras que lo único que han causado es más muertes y violaciones a los derechos humanos en nuestros países”.
Por eso, asegura, “yo le recomiendo a Claudia Sheinbaum, como mujer, como una dirigente progresista, como presidenta de México, que genere un diálogo con esos grupos involucrados en el tráfico de drogas, en el mercado de migrantes, en la minería ilegal, en la extorsión, y que lo haga en el marco de una normatividad que ella pueda impulsar, según las condiciones específicas de su país”.
En Colombia, explica la directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz con las FARC, el gobierno de Petro impulsó en el Congreso una ley marco (la 2272 de 2022, conocido como la ley de Paz Total), que faculta al gobierno a desarrollar procesos de paz con grupos armados al margen de la ley a los que reconozca como actores políticos, y con estructuras criminales.
Marco legal para los diálogos
De acuerdo con una iniciativa que Petro presentó al Congreso, el gobierno podrá ofrecer a los narcotraficantes y miembros de bandas del crimen organizado que se sometan a la justicia penas alternativas de entre 6 y 8 años de cárcel efectiva, que complementarían con mecanismos de justicia restaurativa. Además, tendrían derecho a conservar el seis por ciento del valor de sus bienes.
Cuartas, una activista humanitaria que fue objetivo militar de los paramilitares cuando se desempeñó como alcaldesa del conflictivo municipio noroccidental de Apartadó (1995-1997), sostiene que ante “el total fracaso” de la política antidrogas punitiva que impuso Estados Unidos a América Latina para combatir el narcotráfico, el negociar con los narcotraficantes su sometimiento es una opción.
“Por eso defenderemos el derecho al diálogo, el derecho a conversar con el narcotráfico, sin darle reconocimiento político, pero contemplando penas alternativas, la legalización de parte de sus capitales y desarrollando al mismo tiempo una política de regulación de las drogas y un enfoque de salud pública para tratar las adicciones”, afirma.
De acuerdo con la exsenadora y cercana asesora de Petro en temas de conflictividad territorial, la llegada de Sheinbaum a la presidencia de México es una oportunidad “para profundizar el diálogo continental sobre la necesidad de abordar el tema de las drogas con un nuevo enfoque, diferente al que ha llenado de violencia y muertes a nuestros países”.
Con Sheinbaum, asegura, México y Colombia “pueden impulsar una ley continental de Paz Total que beneficie a todos los países (del hemisferio) que tienen este mismo problema”.
Plantea que si el Cártel de Sinaloa y otras estructuras del narcotráfico mexicano tienen relaciones de negocios con grupos criminales colombianos, los gobiernos también deberían enfrentar de manera trasnacional ese fenómeno, pero más allá de las políticas represivas.
Cuartas, quien ha sido consejera latinoamericana para Asuntos de la Mujer de la UNESCO, considera que el hecho de que coincidan en México y en Colombia dos presidencias progresistas –la de Claudia Sheinbaum y la de Gustavo Petro, de manera respectiva– abre la posibilidad de una cooperación bilateral para la paz de esos países y de la región.
“Lo tenemos que hacer, tenemos que impulsar un diálogo a todo nivel con los grupos del narcotráfico y del multicrimen, con un marco legal, con la participación del movimiento social mexicano, del movimiento social colombiano, y abordando el tema de la despenalización de las drogas”, asegura.
La activista humanitaria, quien está a cargo de la implementación del acuerdo de paz con las FARC –el cual puso fin a medio siglo de guerra interna–, recuerda que, en la primera década de este siglo, dos presidentes, Álvaro Uribe, de Colombia, y Felipe Calderón, de México, trabajaron juntos en “la guerra” contra el narcotráfico.
Y el resultado, asegura, fue más violencia, más violaciones a los derechos humanos y la profundización de la corrupción de las instituciones de los dos países.
Asesoría para la paz
De acuerdo con Gloria Cuartas, en la guerra de Calderón contra el narcotráfico, que duplicó los homicidios en México y nunca logró contener el tráfico de drogas, “hubo mucha asesoría del gobierno de Uribe”.
Considera que, en esta nueva etapa, la presidenta de México y Petro pueden “asesorarse en temas de paz, de diálogo, de cómo quitar la violencia de la vida de las comunidades”.
Los diálogos que mantiene el gobierno de Petro en el marco de la ley de Paz Total abarcan, por un lado, a grupos armados ilegales a los que reconoce como interlocutores políticos –la guerrilla del ELN, que por ahora están suspendidos, y las disidencias de las FARC denominadas Estado Mayor Central y Segunda Marquetalia– y, por otro, a grupos del crimen organizado involucrados en el narcotráfico.
Los diálogos con estos últimos, como el Clan del Golfo y la Oficina, se han mantenido a pesar de múltiples dificultades, y son fundamentalmente negociaciones jurídicas que buscan un sometimiento a la justicia a cambio de beneficios judiciales.
El Clan del Golfo, por ejemplo, se mantiene como la principal organización del narcotráfico y del crimen organizado de Colombia, y realiza ataques esporádicos a la fuerza pública a pesar de que ha decretado ceses al fuego. Acusa al gobierno de no haber levantado órdenes de captura contra sus jefes para que puedan sentarse a negociar.
La Oficina, que centra sus operaciones en Medellín y su área conurbada, también decretó un cese de hostilidades y se comprometió a trabajar por la pacificación de los barrios de esa metrópoli, pero sus voceros reprochan al gobierno su “desinterés” en avanzar en las negociaciones jurídicas para el sometimiento de sus jefes y el desmantelamiento de sus estructuras criminales.
Cuartas señala que “el conflicto en este país es muy complejo, pero todo diálogo entraña dificultades y lo importante ir superando esos escollos porque, el otro camino, es la guerra, y ya hemos visto a dónde nos conduce esa opción”.
Pero el gobierno de Petro, que cumplió dos años el pasado 7 de agosto, exhibe como resultados de las negociaciones de Paz Total la disminución de homicidios –un marginal 1%–, de masacres, de secuestros, de desplazamientos forzados y de ataques a la fuerza pública, según un estudio de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).
En cambio, según la misma FIP, han aumentado la influencia del Clan del Golfo en varios municipios, los asesinatos de líderes sociales (2%) y también las acciones de la fuerza pública contra los grupos armados que violan el cese del fuego.
“La paz es un camino difícil, pero hay que intentarlo, incluso con los grupos del narcotráfico, porque la guerra sólo los ha fortalecido”, sostiene Cuartas.
Y dice que, para cambiar el enfoque de la lucha contra el crimen organizado, Latinoamérica debe dejar de plegarse a la política antidrogas de Estados Unidos, que incluso en ese país va de salida. Y asegura:
Tenemos que recuperar la autonomía latinoamericana para propiciar espacios y diálogos sociojurídicos que permitan encontrar otras formas de enfrentar este problema que golpea de manera muy dura a países como Colombia y México.
Entre esas otras formas, menciona mecanismos que ya han dado resultados en otras partes del mundo, como la justicia restaurativa, la justicia transicional y los procesos de verdad y de reparación a las víctimas.
El presidente Petro asistió el pasado martes a la toma de posesión de Sheinbaum como presidenta de México y dialogó con ella sobre estos temas y sobre el papel que pueden jugar los dos países en temas de la agenda regional, como el conflicto en Venezuela y el fenómeno de la migración.
