Las dos entidades buscan enfrentar juntas la ola de violencia que azota a San Luis Río Colorado por la pugna entre grupos criminales de ese municipio y de Mexicali. Y ambas comparten una problemática adicional: el reclutamiento de menores para ser sicarios.
HERMOSILLO, Sonora (apro).- La ola de violencia en San Luis Río Colorado derivada del enfrentamiento entre dos grupos criminales motivó a los estados de Sonora y Baja California a diseñar una estrategia común para enfrentar a la delincuencia.
La situación en el municipio sonorense motivó la instalación de un Mando Único Policial a partir del cual la Secretaría de Seguridad Pública tomó el control de los operativos dirigidos al combate del crimen organizado.
De acuerdo con lo dicho este martes por el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, uno de los grupos radica en Sonora y el otro en Baja California, de modo que se determinó crear un mando único entre ambos estados.
“Los problemas de inseguridad que tenemos recurrentemente, los hechos de violencia en San Luis Río Colorado, se deben al enfrentamiento entre dos organizaciones criminales: una que tiene su asiento en San Luis y otra que tiene su asiento en el valle de Mexicali.
“Consecuentemente, tenemos que analizar la problemática con una visión integral: esa es la razón por la que el día de ayer (29 de julio) nos permitimos invitar (a la sesión de la Mesa Estatal de Seguridad de Sonora) a la gobernadora (de Baja California, Marina del Pilar Ávila)”, dijo Alfonso Durazo Montaño durante su conferencia de prensa semanal.
Durante la reunión estuvo presente el comandante de la II Región Militar, que coordina a Sonora, Baja California y Baja California Sur y, según dijo el propio ejecutivo, se acordó la creación de un plan de seguridad que incluya a San Luis Río Colorado y a Mexicali con un mando único que “permita eficientar los esfuerzos”.
Sobre lo último, Durazo Montaño comunicó que a partir de la iniciativa serán celebradas reuniones interestatales de manera periódica, separadas entre sí por “no más de dos semanas”, y se instaló una mesa de trabajo para “proponer (un plan) a las mesas estatales (de seguridad) de Sonora y Baja California”.
MENORES SICARIOS
Conocer a detalle lo que ocurre en la región del norte de Sonora y Baja California es un asunto limitado por la escasa información que generan las instituciones públicas. Sin embargo, existen pistas que aluden a una situación de gravedad.
Una de estas pistas se encuentra en un documento girado por la Secretaría de la Defensa Nacional, documento elaborado para responder a una solicitud de información emanada desde la ciudadanía.
La respuesta indica lo siguiente: Sonora y Baja California están entre las regiones con más menores de edad detenidos tras ser identificados como sicarios del crimen organizado.
Entre el 1 de enero de 2018 al 30 de mayo del presente año, fueron detenidos en Sonora 207 niños, niñas y adolescentes, de entre 12 y 17 años de edad, dedicados al sicariato. El 92% de estos de sexo masculino y el 53% del total a un año de la mayoría de edad.
En concreto, se tiene que 110 de los detenidos tenían 17 años, 59 tenían 16, 26 tenían 15, 6 contaban con 14 años, 3 con 13 y otros 3 menores con 12 años.
El informe de la Sedena detalla que en Baja California se detuvo, en los 6 años, 4 meses, y 29 días transcurridos en el lapso mencionado, a un total de 111 sicarios menores de edad: 64 de 17 años, 22 de 16, 20 de 15, 3 de 14, y 2 de 13 años cumplidos.
MUERTES DE MILITARES
La propia Sedena informó, en otro sentido, que este año 36 elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional perdieron la vida en la Campaña Permanente Contra el Narcotráfico y la Ley Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos: dos fueron asesinados con arma de fuego en Sonora, uno el 12 de febrero y el otro el 22 de abril. En Baja California se reportó la muerte de un teniente de la policía militar derivada de un infarto.
A inicios de febrero de este año, la Sedena fue cuestionada, también por la vía de transparencia, sobre qué carteles del crimen organizado han sido identificados en actos delictivos en cada estado del país. La respuesta institucional detalla que no existe evidencia documental:
“Después de haber realizado una exhaustiva búsqueda de información en el Estado Mayor conjunto de la Defensa Nacional, no se localizó evidencia documental” al respecto.
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