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REYNOSA, Tamps. (apro).- Norma Mendoza López fue la primera mujer mexicana certificada por el Protocolo de Estambul, en 2012. Se confirmó que la mujer sufrió tortura en una prisión en Nuevo Laredo, donde fue encerrada después de que el Ejército Mexicano la acusó de un falso delito.
Durante su estancia en el penal padeció en carne propia la maldad de integrantes de Los Zetas, y palpó la complicidad de las autoridades con los cárteles del narcotráfico, además de la ineficiencia y negligencia del gobierno federal para defender a las víctimas del crimen organizado.
Originaria de esta ciudad fronteriza con Texas, Norma contrajo matrimonio muy joven, y a los 25 años ya tenía cuatro hijos. Se divorció del padre de los niños poco después del nacimiento del último.
Pese a la tragedia que sufrió, se muestra alegre y con mucha fortaleza, y cuenta que luego de separarse de su esposo trabajó de “secretaria en un despacho jurídico” para mantener a sus hijos.
A finales de 2011 conoció a Juan Manuel, quien la invitó a pasar un fin de semana a la vecina ciudad de Nuevo Laredo. Su madre, quien le cuidaba a los niños, le advirtió que no se fuera con ese hombre, pero “se me hizo fácil irme sin el permiso de mi mamá”.
Viajó a Nuevo Laredo el 10 de noviembre de ese año para encontrarse con Juan Manuel y se hospedaron en el Hotel Quality INN, donde también se encontraba Ricardo, un amigo de aquel.
Desde 2004 Los Zetas controlan el trasiego de drogas, la venta de gasolina robada, el contrabando de mercancías, los secuestros, extorsiones, tráfico de migrantes y todo tipo de negocios conocidos como “giros negros” en Nuevo Laredo.
A partir de 2010 el grupo criminal se enfrascó en una guerra a muerte con el Cártel del Golfo (CDG), su antiguo aliado con una de las principales plazas en Reynosa, por lo que sus “halcones” vigilaban a todos los visitantes de la ciudad vecina.
La tarde de aquel viernes 10 de noviembre, Norma salió de su cuarto para comprar algunos artículos personales en una tienda y pasó por la alberca donde se encontraba un grupo de hombres que le gritó: “Vente a bañar con nosotros”.
Al día siguiente, Norma, Manuel y Ricardo fueron detenidos por aquellos mismos sujetos que se bañaban en la alberca, pero ahora portaban el uniforme del Ejército e iban armados. El “comandante” que los encabezaba apartó a la mujer y le dijo: “Vente conmigo 15 días y te soltamos o si no te vas con todos los detenidos”.
Norma se negó y el militar le respondió: “Pues vas a quedar detenida por apretada”.
Los militares entregaron a los detenidos a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Tamaulipas. Los acusaron de “halcones”.
El subteniente Sergio Luna García, del Décimo Noveno Regimiento de Caballería con sede en Nuevo Laredo, puso a disposición de la PGJ “a tres civiles, dos radios Nextel, tres teléfonos celulares y objetos diversos”.
En el expediente oficial que entregó a las autoridades civiles con número 932/2011-R, especificó: “Siendo aproximadamente las 14:30 del 12 de noviembre de 2011, circulaba sobre la avenida Reforma cuando a distancia nos percatamos de la presencia de tres personas, dos del sexo masculino y una del sexo femenino, las cuales a distancia se alcanzaba a observar que hablaban por teléfono”.
En las oficinas de la Agencia Séptima del Ministerio Público, negaron a los detenidos hacer cualquier llamada. Y así comenzó la tragedia de Norma en el sistema judicial y penitenciario mexicano.
“Me trajeron a un abogado de oficio para que estuviera en mi declaración. Yo declaraba una cosa y ellos escribían otra”, recuerda.
Cuando le entregaron la supuesta “confesión” para que la firmara, se puso a leerla porque “en el despacho (donde trabajaba) me dijeron que nunca firmara un papel sin antes leerlo”.
“¿Qué haces?”, le dijeron los agentes. Sólo fírmala, le ordenaron. Ella se negó a hacerlo y “su” abogado le reclamó: “Nos saliste muy fierita”. “Si no me va a defender mejor sálgase”, replicó la detenida.
No conoció el nombre del abogado. “Sólo recuerdo que era muy joven… Nunca firmé lo que ellos querían”, asegura.
El expediente señalaba que quedó detenida por el delito de “atentado contra la seguridad de la comunidad” (halconeo), y como “probables responsables” se mencionaba a Juan Manuel Ibarra “y otros”.
Los militares aseguraron que durante su detención Mendoza llevaba consigo tres teléfonos celulares y “una bolsa de mano con artículos personales”.
El expediente precisaba que los tres móviles que supuestamente portaba la mujer eran para reportar los movimientos de los militares. Pero los aparatos estaban quebrados, sin pilas y no funcionaban.
