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CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La investigación sobre la red de sobornos operada por la empresa brasileña Odebrecht en América Latina y África ya desembocó en una orden de aprehensión en contra de un empresario mexicano. Pero ese requerimiento no viene de México –donde las autoridades de justicia se hacen de la vista gorda respecto de la investigación del caso–, sino de Perú.
El imputado es Ruperto Luis Antonio Flores Mancera, quien entre 2012 y 2016 se desempeñó como Gerente País de la empresa mexicana Ingenieros Civiles y Asociados (ICA) en Perú, y a quien la justicia peruana busca por pertenecer al llamado Club de la Construcción, una organización delincuencial que se repartió contratos de obra pública en el país sudamericano entre 2011 y 2014 a cambio de sobornos.
La justicia del país andino no busca a Flores Mancera por su papel en ICA, sino porque testigos lo señalaron como representante legal de la empresa de origen español San Martín Contratistas Generales.
Flores Mancera es el único foráneo –con carnet de extranjería número 000880925, según el documento consultado por Proceso– entre las 18 personas que la juez María de los Ángeles Álvarez Camacho incluyó en su orden de allanamiento judicial emitida el pasado viernes 5.
La juez pidió a las autoridades allanar 45 inmuebles, interceptar las comunicaciones de los celulares y registrar toda la información contenida en los dispositivos electrónicos –celulares, tablets y computadoras– de los integrantes del Club de la Construcción.
Flores Mancera, prófugo de la justicia peruana, obtuvo en 1996 su cédula profesional de licenciado en mercadotecnia por el Tecnológico de Monterrey en la capital regiomontana, de acuerdo con el Registro Nacional de Profesionistas consultado por Proceso.
Según su perfil en la red social LinkedIn, desde marzo de 2016 es socio consultor en la empresa peruana Grupo Comercializador SAC.
Los silencios en México
El expediente que involucra a Flores Mancera –derivado de una investigación por Tráfico de Influencias y Lavado de Activos– fue abierto en el Sistema Nacional Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, el equivalente peruano del Sistema Nacional Anticorrupción que el gobierno de Enrique Peña Nieto implementó en México en julio pasado y que todavía no tiene quién lo encabece.
Al desenredar el caso Lava Jato, las autoridades peruanas descubrieron que el pago de sobornos a cambio de contratos de obra pública no era una práctica exclusiva de Odebrecht, sino que las empresas constructoras más importantes de Perú constituyeron una verdadera organización delictiva para repartirse el mercado.
Exempleados de Odebrecht –llamados “colaboradores eficaces”– declararon ante la fiscalía que el Club de la Construcción tenía una estrategia bien aceitada, la cual funcionó por lo menos entre 2011 y 2014.
Los representantes de las empresas constructoras se reunían de manera periódica en el bar del Swissotel, el restaurante Balthazar y en las oficinas de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) para acordar a qué empresa beneficiar con contratos de obra pública.
Después del acuerdo, la firma pagaba 2.92% de la obra a Carlos Eugenio García Alcázar –quien fue asesor en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) el 2 de setiembre de 2011 y el 2 de julio de 2014 – por medio de su representante, Rodolfo Edgardo Prialé de Peña.
García Alcázar, a su vez, realizaba el “cabildeo” –es decir, pagaba un soborno– con algún funcionario del MTC, quien “se encargaba de operativizar” en la dependencia el otorgamiento del contrato a la empresa ganadora.
San Martín Contratistas Generales, que el viernes 12 informó en un comunicado que la Fiscalía peruana allanó su sede, sostuvo que “ha colaborado con brindar todas las facilidades del caso a las autoridades para que lleven a cabo su diligencia y se aclaren cuanto antes los hechos materia de la investigación”.
En Perú, las investigaciones derivadas de la red de sobornos operada por Odebrecht alcanzaron a las más altas esferas del poder. El presidente Pedro Pablo Kuczynski, la opositora Keiko Fujimori y el expresidente Alan García, entre otros, fueron señalados por recibir dinero de la empresa brasileña en las últimas décadas.
El pasado 24 de diciembre, Kuczynski otorgó un muy polémico indulto al exdictador Alberto Fujimori para salvarse de un proceso de destitución por el caso Odebrecht, operado por Keiko Fujimori –la hija de Alberto– como lo documentó este semanario en su edición 2147.
En México, las autoridades ya no dieron información sobre el avance de la investigación del caso Odebrecht desde la renuncia de Raúl Cervantes Andrade a la Procuraduría General de la República (PGR) el pasado 16 de octubre, y el despido, días después, de Santiago Nieto Castillo de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE).
Apenas el lunes 15 el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción mexicano –es decir, la parte de la sociedad civil– logró que la institución realizara un exhorto público a la PGR para que la dependencia entregue un informe sobre la investigación.
Exdirectivos del más alto nivel de la empresa brasileña declararon que entre 2012 y 2014 Odebrecht presuntamente pagó 10 millones de dólares de sobornos a Emilio Lozoya Austin, primero cuando era coordinador de asuntos internacionales de la campaña electoral de Enrique Peña Nieto, y luego cuando fue director general de Pemex.
Lozoya y su abogado, Javier Coello Trejo, siempre negaron esas acusaciones. El pasado 7 de noviembre, Lozoya obtuvo un amparo para acceder al expediente, lo que impidió que la PGR consignara la carpeta de investigación. Días después, el 3 de diciembre, anunció que presentará evidencias contra los testimonios de los directivos de Odebrecht.
Lozoya renunció a la dirección general de Pemex en febrero de 2016, una semana después de que Reforma dio a conocer nuevas llamadas interceptadas de Juan Miguel Villar Mir –el presidente global de la constructora española OHL– que daban a entender que la empresa se había puesto de acuerdo con el funcionario para obtener contratos. Hasta 2012, Lozoya había formado parte del consejo de administración de la firma ibérica en México.
OHL es una de las 30 compañías que, según un “colaborador eficaz” de Odebrecht, formaban parte del Club de la Construcción peruano: la representaba un tal “Jorge” en las reuniones del club, señala el documento judicial. La fiscalía peruana no la incluyó en esta investigación.
OHL fue una de las empresas más beneficiadas por contratos de obra pública en el Estado de México durante la administración estatal de Enrique Peña Nieto, y posteriormente recibió jugosas concesiones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad.
La PGR no ha informado sobre el avance de la investigación de los vínculos entre OHL y el gobierno federal –derivada de una denuncia de la firma rival Infraiber, interpuesta en enero de 2017–, y en agosto pasado la Secretaría de la Función Pública abrió una “investigación administrativa” en torno a Lozoya y OHL, después de recibir una denuncia de la organización Ahora.
