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CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Olga Sánchez Cordero, Josefa González Blanco Ortiz Mena y Alejandro Gertz Manero, titulares de las secretarías de Gobernación (Segob), Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de la recién creada Fiscalía General de la República (FGR), siguen sin autorizar a la Secretaría de la Función Pública (SFP) a transparentar sus datos patrimoniales y posibles conflictos de interés.
Gertz Manero, junto con Ricardo Ernesto Ochoa Rodríguez –responsable de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF)–, Jorge Alcocer Villanueva –el coordinador de asesores de Sánchez Cordero– y Salma Jalife Villalón, subsecretaria de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico, entregaron a la SFP su declaración como servidor público la semana pasada, y rechazaron que la dependencia transparente sus datos patrimoniales.
Lo hicieron a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador, insistió en varias ocasiones en que no permanecerán en el gobierno federal los funcionarios que se nieguen a transparentar sus bienes y conflictos de interés. Hoy recordó además que todos los funcionarios tienen hasta mañana para entregar sus declaraciones a la SFP, de acuerdo con la ley; hasta el momento, las declaraciones de 20 altos funcionarios no están disponibles en la plataforma Declaranet.
Andrew Rhodes Espinoza, comisionado para las Áreas Naturales Protegidas, también se negó a hacer públicos sus datos patrimoniales, pero desde el pasado mes de diciembre.
Algunos funcionarios federales acataron la orden a medias: Ariadna Montiel Reyes y Javier May Rodríguez, respectivos subsecretarios de Bienestar y de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural Territorial, no aceptaron publicar sus ingresos externos a su cargo público ni los montos en sus cuentas bancarias.
Lo mismo hicieron Gabriel García Hernández, quien tiene un puesto clave en la nueva administración, pues coordina a los 32 “superdelegados” que operan los programas sociales en las entidades federativas, y Francisco Ricardo Sheffield Padilla, responsable de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
A lo largo del mes pasado, Esteban Moctezuma Barragán, el secretario de Educación Pública (SEP), autorizó la SFP publicar sus datos patrimoniales, que en un primer momento se había negado en transparentar. El funcionario reportó ingresos mensuales de 210 mil pesos, así como un patrimonio inmobiliario de cinco casas, un departamento, un rancho y un terreno, así como varias cuentas bancarias, aunque ocultó sus saldos.
Alfonso Romo Garza, el jefe de Oficina de AMLO –quien llegó a integrar la lista de los multimillonarios de Forbes en 1994–, transparentó sus bienes el pasado 16 de enero: reportó un ingreso mensual neto de un millón 543 mil pesos, dos terrenos –uno por un valor de 29 millones de pesos–, así como cuentas bancarias con más de 5 millones de pesos.
Hasta la fecha, varios integrantes de la oficina de AMLO aun no tienen en línea sus declaraciones como servidores públicos, y tienen hasta mañana para enviarlas a la SFP: es el caso de Cesar Yáñez Centeno –cuya boda ostentosa en Puebla fue ampliamente difundida–, pero también de Jesús Ramírez Cuevas, el director de Comunicación Social del presidente.
Otros subieron sus declaraciones en días recientes, como Alejandro Esquer Verdugo –el secretario particular de AMLO–, quien informó sobre la propiedad de dos casas, un departamento y dos terrenos, así como de cuatro cuentas bancarias.
Lázaro Cárdenas Batel, jefe de asesores del presidente y exgobernador de Michoacán, reportó por su parte ser dueño de un departamento de 179 metros cuadrados por 60 millones de pesos y tres terrenos, así como un ingreso mensual de 185 mil pesos; y Raymundo Artis Espriú, coordinador de Estrategia Digital, no reportó bienes inmuebles a su nombre.
Cerca de dos meses después de la toma de posesión y a un día de cumplirse el plazo para hacerlo, varios funcionarios siguen sin enviar su información a la SFP: en la Cancillería faltan Jesús Seade Kuri, Maximiliano Reyes Zuñiga y Martha Delgado Peralta; en Hacienda no aparecen las declaraciones de Arturo Herrera Gutiérrez y Victoria Rodríguez Ceja.
Tampoco se pueden consultar las declaraciones de Asa Cristina Laurell en la Secretaría de Salud, ni las de Alberto Montoya Martín del Campo y de Luis Abelardo González Quijano –ambos de la Secretaría de Energía–.
En la Secretaría de Comunicaciones y Transportes faltan las declaraciones de Cedric Iván Escalante Morales; en la del Trabajo y Previsión Social no aparece la de Alfredo Domínguez Marrufo ni la de Horacio Duarte Olivares –ése último muy cercano a AMLO–.
En el gabinete ampliado faltan más: Luis Antonio Ramírez Pineda, titular del ISSSTE, Margarita Ríos Farjat, quien dirige el SAT, Carlos Martínez Velázquez, del Infonavit, Raúl Elenes Angulo, de Conapesca, Ana Guevara Espinoza, de la Conade, así como Eugenio Nájera Lozorzano –de Nacional Financiera (Nafin)–, y Adalberto Palma Gómez, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
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