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Ciudad de México. Desde hace más de una década Jalisco enfrenta una grave crisis forense. Datos oficiales revelan que de 2006 a la fecha las autoridades estatales han incinerado más de mil 500 cuerpos de personas fallecidas no identificadas, incurriendo en graves violaciones a los derechos humanos.
El Centro de Justicia para La Paz y el Desarrollo (Cepad) denunció que se trata de una práctica que refleja «la indolencia y la debilidad institucional» por parte de las administraciones del estado, pues se niega el derecho a las víctimas a la identidad y al reconocimiento de su estatus legal de muerte, y a sus familias a la verdad, la justicia, la reparación y seguridad jurídica.
Ante esta situación, la organización civil solicitará la intervención del representante en México de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, para que el caso trascienda a escala internacional y se detone el proceso de justicia y verdad.
Al presentar un informe en torno a esta problemática, Anna Karolina, del Área de Justicia del Cepad, detalló que esta organización realizó varias solicitudes de información al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) a fin de conocer la cantidad de personas víctimas de esa práctica institucional.
Los datos revelaron que de 2006 a 2015 el IJCF incineró mil 581 cuerpos no identificados con la autorización de la Fiscalía estatal, el registro civil, la Secretaría de Salud del estado, la Secretaría General de Gobierno y de los propios titulares del Ejecutivo local.
De ese total, señaló Karolina, sólo a 140 cuerpos se les aplicaron las pruebas genéticas correspondientes, aunque no se tiene la certeza de quiénes eran, y pese a ello las autoridades estatales entregaron las cenizas a varias familias. El destino del resto de los cuerpos, dijo, termina en las instalaciones del IJCF o en fosas comunes de los panteones del estado.
Aseveró que esta incineración de cuerpos «puede ser considerada otra forma de desaparición forzada», pues se niega a las familias el acceso a la verdad y a despedir a sus seres queridos conforme a sus creencias y tradiciones. «Se han borrado evidencias y las historias de miles de personas, convirtiéndolos en cenizas».
Indicó que a esta práctica ilegal se suma la información que se dio a conocer en septiembre del año pasado, cuando se conoció que trailers cargados con decenas de cuerpos no identificados circulaban por varias ciudades del estado debido a la falta de espacios en las instituciones para albergar los cadáveres.
Estas prácticas, dijo, violentan de manera irreversible los derechos a la verdad, a la justicia, a la seguridad jurídica de las víctimas.
«Las instituciones públicas dejaron a miles de familiares de personas desaparecidas con la incertidumbre de saber si entre los cuerpos incinerados sin identificar se encuentran sus seres queridos, y les privaron para siempre de la posibilidad de recuperar el cuerpo».
Una de esas víctimas es Ana Enamorado. Su hijo, Óscar Antonio López Enamorado, desapareció en Jalisco en 2010. La mujer denunció los hechos en enero de 2013. Un mes después se encontró un cuerpo colgado de un puente peatonal de Zapopan.
Se le dijo que podría tratarse de su hijo, por lo que Enamorado solicitó que se realizaran las correspondientes prácticas de ADN y las autoridades le informaron que eran negativas. Pese a ello, años después el caso fue cerrado sin previo aviso.
La mujer lo reprochó y cuestionó al agente del Ministerio Público, José de Jesús Contreras, quien le respondió que el cuerpo sí era de su hijo, pese a que no le dieron las pruebas. Aun así, y sin su autorización, el cuerpo fue incinerado. La única evidencia fue que la víctima era hondureña, lo que para Ana es insuficiente.
