En caso de que el delito siga fortaleciéndose, el caso podría ser llevado de manera urgente ante la Asamblea general
El Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha tomado una decisión sin precedentes al activar el procedimiento estipulado en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
Según informó el presidente del Comité, Olivier de Frouville, esta medida responde a información fundamentada que indica que las desapariciones forzadas se llevan a cabo de manera generalizada o sistemática en el territorio bajo la jurisdicción de México. Este anuncio se realizó al término del vigésimo octavo período de sesiones del Comité, lo que marcó un hito histórico en la lucha contra este delito.
De acuerdo con el procedimiento, el CED solicitará formalmente al Estado mexicano información pertinente sobre la situación en las próximas semanas. Este paso inicial busca establecer un diálogo constructivo con el gobierno mexicano para garantizar la aplicación integral de la Convención. Sin embargo, la gravedad del caso podría llevar al Comité a presentar la cuestión ante la Asamblea General de la ONU, a través del Secretario General, para su consideración urgente.
Desapariciones forzadas: un problema sistemático en México
El artículo 34 de la Convención establece que, cuando el Comité recibe información con indicios bien fundados de que las desapariciones forzadas se practican de manera generalizada o sistemática en un país, puede activar este protocolo. Según explicó de Frouville, la información recibida por el CED cumple con estos criterios, lo que ha llevado a la activación del procedimiento. Este mecanismo, descrito como “el más extremo” del Comité, nunca antes había sido aplicado a un Estado parte.
El fenómeno de las desapariciones forzadas en México ha sido señalado como un problema persistente y alarmante. Durante una visita realizada en 2021, el Comité ya había identificado este delito como un fenómeno sistemático en el país. Desde entonces, ha recomendado la implementación de una Política Nacional para Prevenir y Erradicar las Desapariciones, una medida que, según organizaciones de derechos humanos, no se ha adoptado de manera efectiva.
El anuncio del CED ha generado reacciones inmediatas entre organizaciones de la sociedad civil. El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) calificó la activación del protocolo como un hecho “inédito” y destacó su importancia para el acceso a la verdad y la justicia de miles de familias que buscan a sus seres queridos. En un comunicado difundido en la red social X, el CEPAD señaló que este reconocimiento internacional subraya la gravedad de la situación en México.
El papel del Comité contra la Desaparición Forzada
El Comité contra la Desaparición Forzada, compuesto por expertos independientes, tiene como misión supervisar la aplicación de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Su labor incluye apoyar a las víctimas, organizaciones de la sociedad civil, instituciones nacionales de derechos humanos y Estados en la búsqueda y localización de personas desaparecidas, así como en la erradicación, prevención y sanción de este delito.
Durante el reciente período de sesiones, el Comité también reconoció la labor de cinco de sus expertos, cuyos mandatos concluyeron al término de las reuniones. Entre ellos se encuentran Juan Pablo Albán Alencastro (Ecuador), Mohammed Ayat (Marruecos), Suela Janina (Albania), Milica Kolakovic-Bojovic (Serbia) y Horacio Ravenna (Argentina). De Frouville agradeció su dedicación y destacó su contribución al fortalecimiento del sistema de derechos humanos.
La activación del protocolo contra México no solo representa un llamado de atención internacional, sino que también podría tener consecuencias significativas. Según el derecho internacional, para que un crimen sea considerado de lesa humanidad, debe ser cometido de manera generalizada o sistemática, con pleno conocimiento e intención por parte del Estado. Este procedimiento podría derivar en un escrutinio más profundo por parte de la comunidad internacional y en una mayor presión para que el gobierno mexicano adopte medidas efectivas contra las desapariciones forzadas.
El CED ha enfatizado que su objetivo principal es mantener un diálogo constructivo con México, por lo que busca priorizar la cooperación del Estado para garantizar la aplicación plena de la Convención. Sin embargo, la posibilidad de que el caso sea llevado ante la Asamblea General de la ONU subraya la gravedad de la situación y la urgencia de abordar este problema de manera integral.
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