En su primer periodo como presidente de EU, Donald Trump hizo de Guanajuato un enclave para sus objetivos de seguridad. Paradójicamente, en ese periodo se dispararon los homicidios, desapariciones, extorsiones, huachicol y surgió un nuevo cártel: el de Santa Rosa de Lima.
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GUANAJUATO, Gto.– La declaratoria de los cárteles del narcotráfico como organizaciones terroristas no es la primera intervención directa de Donald Trump en México en materia de seguridad. Y el resultado fue un fracaso.
Durante su primer periodo en la Casa Blanca se embarcó en un abierto apoyo político, económico y tecnológico al gobierno de Guanajuato. De la mano del exgobernador Miguel Márquez encumbró a un fiscal formado por agencias estadunidenses que después de casi 16 años dejó al estado como el más violento del país y, más aún, permitió el surgimiento de una organización criminal local: el Cártel Santa Rosa de Lima, que logró extender sus actividades a todo el estado y algunos territorios vecinos.
Vía el entonces embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, ahora número dos del Departamento de Estado en la segunda administración de Trump, el gobierno estadunidense hizo de Guanajuato un enclave para sus objetivos de seguridad.
Aun antes del primer gobierno de Trump, las agencias estadunidenses actuaron en el estado bajo el paraguas de la Iniciativa Mérida, primero, y el programa Entendimiento Bicentenario, después; pero también a través de acuerdos directos con el gobierno de Estados Unidos.
Con todo y el respaldo del Departamento de Justicia, a través de agencias como el FBI, la DEA y la ATF, Guanajuato es hoy el estado con el mayor número de homicidios del país.
En 2012, al inicio de su sexenio, el primer viaje que hizo Miguel Márquez (actual senador del PAN) fue a Estados Unidos para reunirse con Janet Napolitano, entonces secretaria de Seguridad Interior, en busca del aval del gobierno estadunidense a la estrategia de seguridad y de que su gobierno recibiera recursos de la Iniciativa Mérida.
A Miguel Márquez lo acompañó Carlos Zamarripa Aguirre, recién ratificado por él como procurador de Justicia, y Alvar Cabeza de Vaca, secretario de Seguridad Pública, a quienes Márquez apoyó para que permanecieran en sus cargos en el siguiente gobierno, el de Diego Sinhue Rodríguez.
Después del viaje (del que no hubo noticia previa) el propio gobernador declaró que le habían presentado al gobierno de Estados Unidos el plan que llamaron “Guanajuato Seguro”, para que hiciera los ajustes que considerara necesarios.
“Estamos viendo el compartir información entre Guanajuato con ellos (Estados Unidos), en un sistema que nos permita actuar de manera más coordinada, con mayor inteligencia. Es un sistema que tienen en Estados Unidos. Por otro lado, (hay) la excelente disposición de ellos para trabajar en algunos temas de capacitación para Guanajuato”, declaró en aquel momento Miguel Márquez.
Los recursos llegaron, la capacitación también. Y se mantuvieron durante años, de acuerdo con las menciones hechas por la propia Fiscalía y autoridades estadunidenses que acudieron en diversas ocasiones al estado, específicamente a la institución, aunque en cuentas públicas no hay información sobre los montos recibidos.
“Deben estar orgullosos de su estado de Guanajuato, para mí es un ejemplo para México”, dijo Christopher Landau el 1 de octubre de 2020, como embajador de Estados Unidos en México. El diplomático realizó una visita al complejo central de la Fiscalía General del Estado para inaugurar un edificio de laboratorios forenses financiados con recursos de la extinta Iniciativa Mérida.
Landau fue nombrado embajador de Estados Unidos en México por Donald Trump en agosto de 2019. El 20 de enero de 2021, con el inicio del gobierno de Joe Biden, nombró a su sucesor: Ken Salazar, quien mantuvo la buena relación con las autoridades de Guanajuato, en especial con el exfiscal Carlos Zamarripa Aguirre.
Una fuente que conoció de cerca esta relación dijo a Proceso que en el primer periodo de Trump, EU encontró en el gobierno panista de Guanajuato…
Fragmento del reportaje publicado en la edición 0020 de la revista Proceso, correspondiente a febrero de 2025, cuyo ejemplar digital puede adquirirse en este enlace.
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