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La empresa Conjunto de Servicios Industriales –que una firma denunció por fraude y por no contar con “oficinas, personal técnico, administrativo, maquinaria y experiencia, ni recursos financieros”– consiguió contratos para importantes proyectos de Pemex Exploración y Producción cuando Emilio Lozoya Austin dirigió la petrolera. Al no tener capacidad para realizar las obras adjudicadas, recurrió ilegalmente a la subcontratación de otra firma, incumplió plazos y costos, provocó daños millonarios a la hacienda pública y, en virtud de sus presuntos vínculos con Lozoya, salió impune.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- En el sexenio anterior, Petróleos Mexicanos (Pemex) pretendía procesar al menos 13 mil barriles de crudo al día en las instalaciones de la Batería de Cárdenas Norte, Tabasco, pero a la fecha no se ha obtenido ni una gota. Se trata de otro de los pasivos de Pemex en la época en que la dirigió Emilio Lozoya Austin.
Pese a que las obras han costado más de mil 678 millones de pesos, la planta está inoperante debido a una serie de irregularidades, entre ellas que el proyecto quedó a cargo de una empresa fantasma.
El 31 de julio de 2015 Pemex Exploración y Producción (PEP) contrató, mediante adjudicación directa, a la empresa Conjunto de Servicios Industriales, SA de CV (CSI), para terminar de construir y poner en operación una batería de separación, estabilización, deshidratación, desalado y medición de petróleo crudo en las instalaciones de la planta, ubicadas en el kilómetro 114 de la carretera Cárdenas-Villahermosa.
PEP, en ese momento dirigida por Javier Hinojosa Puebla por instrucción de Lozoya Austin, celebró con CSI el contrato 640905805, por 608 millones 750 mil pesos, para terminar de desarrollar el “proyecto Cárdenas” en un plazo de ejecución de 330 días: del 3 de agosto de 2015 al 27 de junio de 2016.
Sin embargo, CSI no contaba con la capacidad técnica ni financiera para hacerse cargo de la obra. Constituida desde 1993 con un capital de 50 mil pesos, ni siquiera tiene oficinas. La empresa reporta como su dirección fiscal el número 243, interior 901, de la calle Durango en la colonia Roma, pero esa oficina está abandonada. En internet señala que cuenta con oficinas en San Lorenzo 153, interior 604, en la colonia Tlacoquemécatl, pero ahí el guardia de seguridad informa que “siempre preguntan por la compañía”, pero él no la conoce.
A pesar de que Pemex lo prohibió en las cláusulas, CSI recurrió a un esquema de subcontratación para la totalidad de la obra con la empresa Construcciones Industriales Tapia, SA de CV (Citapia), la misma que supuestamente Emilio Lozoya recomendó en 2014 a directivos de Odebrecht para que realizara 70% de la nueva refinería de Tula, Hidalgo.
Ante su incapacidad, y anticipándose a que Pemex le adjudicara el proyecto, el 11 de junio de 2015 CSI firmó un contrato paralelo con la empresa Citapia, cuya copia tiene Proceso, para que ejecutara el proyecto completo.
Según las cláusulas de ese documento, ante PEP el único responsable y asignatario del proyecto Cárdenas sería CSI, pese a que Citapia financiaría “en efectivo o en especie las actividades necesarias para la consecución del Proyecto Cárdenas”.
Asimismo, se lee en la cláusula “e”: “El asociado por su cuenta obtendrá las fianzas necesarias para que CSI ante PEP cumpla con el proyecto”.
El acuerdo establecía que la subcontratista financiaría 75% de las obras, estimadas en un total de 154 millones de pesos, que la utilidad en el cobro de estimaciones extraordinarias sería de 50% para cada empresa, y que celebrarían un fideicomiso de administración y garantía con el que CSI cedería los derechos de cobro en favor de la empresa que ejecutara los trabajos, previa autorización de PEP, pero esto último nunca ocurrió.
Pleitos legales
En 2017 Citapia, propiedad de Juan Carlos Tapia Vargas, denunció penalmente a CSI ante la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo, en Pachuca, por presunto fraude al incumplir el contrato, acusando a su socio de un adeudo de 255 millones 899 mil pesos tras el avance de más de 70% de la obra hasta septiembre de 2016, cuando ya no pudieron continuar los trabajos porque les fue impedido el acceso a las instalaciones propiedad de PEP.
También levantaron una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco, en Cárdenas, por el presunto robo de equipo y herramientas que se quedaron en el lugar cuando les fue negado el paso a sus trabajadores.
En 2018 el contrato fue embargado por un juzgado civil de Villahermosa, pero CSI logró librar el problema con documentación presuntamente falsa.
Para ese año, el contrato para el proyecto de Batería Cárdenas Norte se incrementó a 760 millones 190 mil pesos, luego de cinco convenios modificatorios de prórroga entre Pemex y CSI para la terminación de los trabajos durante 2016 y 2017, a los que este semanario tuvo acceso a través de la solicitud de información 1857500016719. En ninguno de esos convenios PEP menciona a Citapia u otra empresa subcontratada.
Todos fueron firmados por Enrique Fragoso Méndez, representante legal de CSI, y Alfredo Musalem Solís, quien se desempeñaba como gerente de Contrataciones para Servicios a la Explotación y Perforación de Pemex y luego como apoderado de PEP.
El quinto convenio estableció que la obra se daría por terminada el 31 de octubre de 2018. Pero las versiones en Pemex al respecto son contradictorias. Vía transparencia, PEP respondió a Proceso que la obra está concluida, pero que, pese a dedicarse a Exploración y Producción, no cuenta con la cifra de la producción de crudo de la planta.
En la misma solicitud de información, el Grupo Multidisciplinario de Operación de Pozos e Instalaciones del Activo adscrito al Activo Integral de Producción Bloques S03 de Pemex, al que corresponde la Batería Cárdenas Norte, contradijo a PEP: “No hay producción (de crudo) dado que no se ha concluido la obra”, respondió.
Presuntos daños millonarios
El proyecto de Batería Cárdenas Norte tuvo problemas desde el inicio. En el gobierno del expresidente panista Felipe Calderón, el 24 de junio de 2010, la obra fue adjudicada a Grupo Tradeco por un monto de 834 millones 982 mil pesos mediante la licitación pública 18575106-005-10.
Luego de una decena de convenios para modificar los plazos y el monto hasta 918 millones 312 mil pesos, en 2014 se le rescindió el contrato 420900803 por incumplimiento, según la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Al finiquitar el contrato con Tradeco, PEP decidió adjudicar directamente el proyecto a CSI. En las observaciones con fecha del 16 de noviembre de 2018 sobre la cuenta pública 2017, la ASF detectó un probable daño o perjuicio o ambos de PEP a la Hacienda Pública Federal por un monto de 56 millones 715 mil pesos, más intereses generados, por concepto de suministro y colocación de equipos de instalación permanente, aun cuando PEP ya había realizado la adquisición y pago de esas instalaciones al amparo del contrato anterior con Tradeco.
La ASF dio cuenta del incumplimiento de los plazos en el contrato con CSI pese a los convenios modificatorios y de un incremento de 151 millones 440 mil pesos para que concluyera el proyecto. Además, cuando se otorgó el contrato a CSI se tenía “un avance en la obra civil, tuberías, infraestructura, eléctrica, servicios auxiliares, procesos, instrumentación y control de 90.08% y un avance financiero de 73.49%”.
Además, observó un presunto daño por 76 millones 611 mil pesos, más intereses, por el pago de arrendamiento de equipo durante la construcción de la planta, aunque en las especificaciones del contrato con CSI se estipulaba que eran responsabilidad de la contratista.
También registró otra supuesta afectación por 3 millones 94 mil pesos por el pago de 17 cursos de capacitación para el personal de PEP para la operación, configuración y mantenimiento de cada uno de los equipos de instalación permanente, “que no se ajustaron a las condiciones establecidas en las especificaciones particulares, más los intereses generados del contrato 640905805 respecto a las horas, la cantidad de personal y los avances físicos de los trabajos”.
“Personal de la ASF observó (que los trabajos) los realizaban compañías ajenas al proyecto, en atención de la visita del resguardo por parte del Activo, y que son completamente ajenos a los alcances del contrato núm. 640905805”, señaló el órgano fiscalizador sobre su revisión de 2018, por lo que CSI habría subcontratado nuevamente a otra empresa cuando Citapia quedó fuera del proyecto en 2016.
El “privilegio de información”
En una carta dirigida al expresidente Enrique Peña Nieto, con fecha del 29 de agosto de 2017, a través de la Dirección General de Atención Ciudadana, Citapia acusó a Froylán Gracia Galicia –coordinador ejecutivo de la dirección general de Pemex durante la administración de Emilio Lozoya y cercano a él– de ordenar la adjudicación del contrato a CSI pese a no contar con “oficinas, personal técnico, administrativo, maquinaria y experiencia, ni recursos financieros”.
En la carta, así como en las denuncias penales, Citapia señala como propietario de CSI a Erick Walter Legorreta López, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria del Petróleo (Amipe).
Sin embargo, Legorreta López no aparece en el acta constitutiva de la empresa. Su rastro como dueño de CSI es débil: este semanario sólo tuvo acceso a una serie de correos electrónicos en los que Legorreta se ostenta como “representante legal de CSI”, un documento interno de la compañía con su firma en 2014, así como un contrato de arrendamiento y recibos de pago de un departamento en la colonia Anzures que lo vinculan directamente a CSI de Enrique Fragoso.
“A través de la asociación que preside (Amipe), Erick Walter Legorreta López ha generado los vínculos necesarios para favorecer a su empresa CSI, la cual evidentemente opera a través de prestanombres, con el respaldo de altos niveles políticos y con el apoyo de algunos asesores de Petróleos Mexicanos. Fomentando así la clandestinidad de su vinculación con la misma”, se lee en el documento.
También se señala que CSI tuvo “un claro privilegio de información” que le permitía asegurar un mes antes que se le adjudicaría el contrato.
La Amipe es una asociación civil que agrupa a empresas del sector energético y a la que se vincula estrechamente con Emilio Lozoya y su coordinador ejecutivo, Gracia Galicia. Según un boletín de Pemex, mientras se desarrollaba la trama de las obras de Cárdenas, Lozoya participó el 25 de enero de 2016 en la sesión de la Amipe junto con Legorreta López.
La carta dirigida a Peña Nieto fue remitida el 7 de septiembre de 2017 a la Unidad de Responsabilidades de Pemex, que, según un oficio del 9 de octubre de ese año, determinó que “resultaba procedente iniciar la investigación administrativa correspondiente”, y la denuncia quedó registrada bajo el expediente 2017/PEMEX/DE965, con la acotación: “La investigación que se inicia se avocará de manera exclusiva a verificar que los servidores públicos involucrados hayan cumplido con las obligaciones y principios que deben regir su actuar”.
Nadie fue sancionado por este caso. Musalem Solís siguió firmando los convenios modificatorios con CSI como gerente de contrataciones y dejó Pemex el 31 de diciembre de 2018, a la llegada de la nueva administración de Octavio Romero Oropeza. En tanto, Froylán Gracia Galicia renunció a su puesto en la petrolera en 2016, a la salida de Lozoya, hoy prófugo de la justicia.
