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Ciudad de México. Javier Duarte de Ochoa, ex gobernador de Veracruz, debe permanecer encarcelado, ya que no han variado las condiciones económicas y materiales que dieron origen a que se decretara prisión preventiva justificada ante la posibilidad de que pudiera evadirse si se le concedía la modificación de las medidas cautelares, determinó el juez federal Juan Carlos Ramírez Benítez.
En una audiencia de casi ocho horas, el juzgador analizó la petición presentada por la defensa de Duarte, con la que pretendía que a su cliente se le concediera prisión domiciliaria. De su condena de nueve años, ya ha purgado tres y solamente le restaría año y medio más para pedir que se le otorguen beneficios sustitutivos de la pena.
El juez federal con sede en el Reclusorio Norte resolvió que Duarte debe continuar en prisión justificada, esto es, encarcelado en ese centro penitenciario, y desechó los argumentos de la defensa del ex mandatario veracruzano, entre ellos que en este momento no posee un solo inmueble y que no tiene cuentas bancarias.
Estableció que era inviable que se garantizara su estancia en prisión domiciliaria, luego de informar que ya había pactado la renta de un departamento por el que se pagarían 25 mil pesos mensuales, ya que ello significa que cuenta con el apoyo financiero de amigos y familiares, por lo que consideró que se mantienen las condiciones de una posible evasión.
Durante la audiencia, el juez también rechazó la supuesta existencia de un pacto de Duarte con el gobierno de Enrique Peña Nieto para que el ex gobernador pidiera licencia a su cargo, abandonara el país y ya no se actuara contra su familia.
Duarte ya fue sentenciado a nueve años de prisión tras declararse culpable de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa; sin embargo, la defensa del ex funcionario busca que se revise la condena.
Afirma que actuó por institucionalidad
Ayer, a lo largo de las primeras cinco horas de audiencia, Duarte aseguró que por lealtad e institucionalidad política fue que en octubre de 2016 solicitó licencia al cargo de gobernador, ya que, afirmó, el entonces presidente Peña Nieto, a través del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, le indicó que dejara su puesto.
La versión del ex mandatario veracruzano fue que parte del acuerdo al que llegó con Osorio Chong fue que también le avisarían el momento en que debería ponerse a resguardo (huir) y dónde permanecer oculto, hasta que se le indicara el momento y condiciones de su entrega.
Duarte dijo en la audiencia que una vez que se ocultó en Guatemala se llevó a cabo una reunión en la Secretaría de Gobernación, donde participaron integrantes de esa dependencia, de la Unidad de Inteligencia Financiera y de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), con los que su defensa acordó que su retorno a México se haría mediante un procedimiento de extradición, y que su familia saldría del país y acabaría la persecución en contra de su esposa.
Aseguró que su huida de México fue un acto de institucionalidad
siguiendo las indicaciones que a través del entonces secretario de Gobernación le hizo el presidente Peña Nieto, ya que Miguel Ángel Yunes acordó con el mandatario que Duarte pediría licencia para tener una transferencia tersa
de poderes en el estado de Veracruz.
Dijo que viajó por tierra hasta Chiapas y que cruzó a Guatemala en una balsa, como lo hacen los migrantes, y se internó hasta la capital guatemalteca.
Además, el ex gobernador señaló que haberse ocultado formó parte de su estrategia de defensa y siguiendo indicaciones.
En tanto, los representantes del Ministerio Público señalaron que Duarte ha mentido y que no existió ningún pacto con integrantes del gobierno y por ello se libró la orden de aprehensión en su contra y se le enjuició y condenó.
