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Pacto de caballeros incumplido genera tensión política por Sindicatura

Rafael Rodríguez Zúñiga defiende su nombramiento ante la postura de Juan Carlos Hernández Salazar, de buscar regresar al cargo el próximo 21 de septiembre. Pero Rodríguez Zúñiga reveló la verdadera causa que hay detrás de la solicitud de licencia de Hernández Salazar.

En una inusual y sorprendente situación legal, el ex síndico municipal de Puerto Vallarta, Juan Carlos Hernández Salazar, ha expresado su intención de regresar al cargo el próximo jueves 21 de septiembre de 2023.

Esta decisión ha desencadenado una controversia en torno a la legitimidad de su regreso, ya que actualmente Rafael Rodríguez Zúñiga ocupa el puesto de síndico. Aunque legalmente Rodríguez Zúñiga ostenta el cargo, Hernández Salazar afirma que fue amenazado para presentar su licencia por tiempo indefinido.

Rodríguez Zúñiga, quien actualmente desempeña el papel de síndico, ha confirmado que su nombramiento fue legalmente aprobado por la mayoría del pleno del Ayuntamiento. Ante esta controversia, ambos contendientes podrían recurrir a las instancias jurídicas electorales para dirimir la disputa.

No obstante, Rafael Rodríguez ha revelado que el conflicto se originó a partir de un acuerdo entre ambos contendientes al inicio de la conformación de la planilla encabezada por el alcalde Luis Michel. Según Rodríguez Zúñiga, este pacto de caballeros establecía que Hernández Salazar desempeñaría el cargo de síndico durante dos años, mientras que el último año de la administración le correspondería a él.

En caso de mantenerse la postura de Juan Carlos Hernández Salazar, el conflicto podría escalarse a los tribunales electorales para resolver la disputa. Actualmente, legalmente, el síndico municipal de Puerto Vallarta es Rafael Rodríguez Zúñiga, cuyo nombramiento fue ratificado por el pleno del Ayuntamiento.

Esta situación se presenta como un desafío legal de relevancia en la jurisdicción electoral, y se espera que los tribunales competentes desempeñen un papel fundamental en la resolución de esta controversia que afecta el funcionamiento del gobierno municipal de Puerto Vallarta.

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