Acusan intervención política para remover a la actual directora y exigen que se respete su permanencia.
Por Lorena Moguel
Padres de familia del Centro de Integración Infantil (CENDI) en Puerto Vallarta denuncian un intento de destitución de la actual directora, Corina Naranjo, y solicitan la intervención de las autoridades correspondientes para que se respete su permanencia en el cargo. Los inconformes señalan que diputados federales del Partido del Trabajo (PT) buscan imponer a María Teresa Gutiérrez Bojórquez como nueva directora, sin justificación válida.
Según la denuncia, los legisladores José Luis Sánchez González y Jorge “Fugio” Ortiz habrían encabezado el movimiento para realizar el cambio directivo, llegando al plantel sin presentar documentos oficiales que avalaran la destitución. Los padres también denunciaron la presencia de personas ajenas al plantel que, durante el desacuerdo, actuaron de forma intimidante hacia algunos asistentes.
El escrito presentado por los padres destaca la preocupación por el bienestar de sus hijos, señalando que Corina Naranjo ha trabajado por el fortalecimiento del CENDI desde sus inicios y es reconocida por su compromiso con los estudiantes. También acusan que la maestra propuesta, María Teresa Gutiérrez Bojórquez —quien se hace llamar «Sara» con los menores— fue retirada de un CENDI en Michoacán por presunta malversación de fondos.
Adicionalmente, los padres denunciaron la presencia de María Antonia Torres Nápoles, supervisora enviada al plantel, quien habría tomado fotografías y videos de los niños sin la autorización correspondiente, argumentando que en México no es delito realizarlo.
Los padres manifestaron su rechazo a lo que consideran una imposición política y señalaron que los cambios propuestos afectan directamente la educación y bienestar de los menores. También reportaron un ambiente laboral tenso dentro del plantel, mencionando que algunos empleados han renunciado por las acciones de las nuevas figuras asignadas.
Ante esta situación, los padres de familia exigen que se respeten los derechos de los estudiantes y solicitan la intervención de las autoridades educativas para evitar que intereses políticos interfieran en el funcionamiento del CENDI.
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