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En México, perder el registro de partido político significa seguir recibiendo dinero público hasta que concluya el año de la elección en la que no se alcanzó el mínimo de votos y, en algunos casos, litigar con autoridades y acreedores, lo que significa años de juicios laborales, mercantiles y penales.
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) recibió el más reciente informe del estado que guardan los procedimientos en curso de la extinción de partidos como el Humanista, que perdió su registro hace nueve años y todavía no se concluyen los litigios que permitirían cerrar ese capítulo y devolver al erario al menos una parte del patrimonio generado con financiamiento público.
Están también en proceso el Partido Encuentro Social (PES), declarado extinto en 2018; Encuentro Solidario, en 2021; lo mismo que Redes Sociales Progresistas (RSP) y Fuerza por México.
El caso más reciente es el del Partido de la Revolución Democrática (PRD), cuya pérdida de registro será declarado oficialmente en la sesión de Consejo General del 19 de septiembre, pero desde ahora un interventor está a cargo del control de cuentas bancarias. Se presume un largo procedimiento por los años de operación del partido del sol azteca, fundado en mayo de 1989. En todos los casos, estas fuerzas políticas no alcanzaron 3 por ciento en alguna votación nacional.
El consejero Jorge Montaño, quien hasta el jueves pasado fue presidente de la Comisión de Fiscalización, hizo un resumen del informe del primer semestre de 2024.
En principio destacó la importancia de transparentar el uso de recursos entregados a los partidos, considerados entidades de interés público no sólo durante su vigencia, sino aun después de ella, por lo que la ciudadanía tiene el derecho de conocer el destino del dinero (prerrogativas) que recibieron.
Agregó que luego de la declaratoria de extinción trabajan de manera conjunta el INE y los interventores asignados a cada partido en los procesos de liquidación.
Detalló que el Partido Humanista (creado por una amalgama de ex dirigentes del PRI y del PAN, visiblemente Ignacio Irys Salomón y Javier Eduardo López Macías), que sólo compitió en 2015 y perdió el registro, enfrenta todavía 18 juicios laborales.
En cuanto al PES (fundado por Hugo Eric Flores Cervantes, que en su origen apoyó al PAN y años después a la izquierda), Montaño precisó que se presentó el plan de trabajo para la enajenación de bienes, respuestas a solicitudes de información de diversos acreedores, balance de bienes y recursos del extinto partido y procedimientos legales. Se tiene registro de siete juicios en marcha, de los cuales cinco son laborales y dos mercantiles.
Respecto del partido Encuentro Solidario (sucesor del anterior, en un segundo intento de Flores Cervantes, que sólo compitió una vez), Montaño dijo que se llevaron a cabo acciones para salvaguardar los bienes del desaparecido partido, la atención de adeudos y transmisión de patrimonio a los partidos locales que obtuvieron su registro
. Este segundo PES tiene 20 procedimientos sub iudice (19 en materia laboral y uno mercantil).
Para RSP, fundado por José Fernando González, yerno de Elba Esther Gordillo, ex dirigente del sindicato magisterial, el INE reportó que el interventor asignado trabaja para la recuperación de bienes y el pago de adeudos y se prepara la publicación de la segunda lista de acreedores
. También se tiene registro de cuatro juicios en curso en el ámbito civil.
De Fuerza por México, fundado por el dirigente sindical Pedro Haces, se atienden adeudos, recuperación de recursos erogados sin autorización del interventor, a la salvaguarda del patrimonio del otrora partido y a la transmisión del patrimonio a los partidos políticos locales que obtuvieron su registro (con las mismas siglas)
. Este extinto partido tiene siete juicios en marcha: dos en materia civil, dos en laboral y tres en el penal.
Tanto Flores Cervantes como Haces son actualmente diputados federales.
Del PRD se indicó que el 19 de junio fue seleccionado el interventor, especialista que acordó con la Unidad Técnica de Fiscalización y los representantes partidistas los mecanismos para el control de gastos. Por tanto, se le requirió información sobre la contabilidad del partido y se solicitó un espacio en el PRD para que el personal del interventor pueda realizar su trabajo de supervisión.
Así, añadió Montaño, se informa a la ciudadanía sobre el adecuado ejercicio de los recursos por parte de los sujetos obligados hasta que el patrimonio haya sido debidamente liquidado o reintegrado a las arcas de la nación
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