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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- No deja de resultar una tremenda paradoja que el sexenio con mayor número de asesinatos a periodistas sea también el gobierno que más ha despilfarrado en presupuesto público para promoverse en medios.
En el fondo, ambas caras de la moneda remiten a lo mismo: una fórmula criminal por un lado, y perversa por el otro, de negarle a la sociedad el derecho a la información. Métodos de eliminación de reporteros junto a un sistemático modelo de sumisión de los concesionarios, dueños y empresas que controlan a los medios.
El reportaje navideño de The New York Times corrobora lo que desde 2005 hemos publicado en Proceso: detrás de Peña Nieto no hay un proyecto de comunicación sino de intensa corrupción. Se paga con dinero del erario a los medios para dominarlos, para encubrir la crítica, para simular popularidad, aceptación y entretenimiento disfrazado de propaganda a favor del peñismo. Le sirvió para comprar la Presidencia de la República en 2012. Ha sido nefasto para gobernar.
¿De qué han servido los más de 2 mil millones de dólares del presupuesto destinados a alimentar el grotesco espejo de la bruja de Blanca Nieves en el gobierno de Peña Nieto? Ha servido para alimentar a un grupúsculo de concesionarios, comunicadores y directivos de medios que perdieron el respeto por sí mismos y la credibilidad de la sociedad desde el 2014.
Mientras la tragedia de Ayotzinapa y la corrupción de la Casa Blanca alarmaban a todo el mundo, en México los promotores pagados de Peña Nieto, sus bots periodísticos, hablaban del Mexican moment, y acusaban a los normalistas de Guerrero y a la periodista Carmen Aristegui de ser “enemigos personales” de un presidente fantasmal.
¿A quién han convencido los publirreportajes de Televisa, TV Azteca, estaciones de radio, decenas de periódicos e, incluso, portales digitales donde se recicla el dinero público? A nadie. En diciembre de 2016, Peña Nieto cayó a su nivel más bajo de aceptación pública, según una encuesta del periódico Reforma: 23 por ciento entre la población abierta (un trimestre anterior había registrado 32 por ciento) y 18 por ciento entre líderes de opinión. ¿De qué sirvieron los 1 mil 800 millones de dólares destinados a los medios, 60 por ciento de ellos a la televisión hasta esa fecha?
Vaya, ni siquiera han servido para salvar a Televisa o a TV Azteca de su crisis estructural. El peor año de aceptación de Peña Nieto -2016- coincidió también con el peor año en las finanzas de Televisa, con el despido de más de 3 mil de sus trabajadores, con el “relanzamiento” fallido de una empresa que perdió la brújula de su contenido por los delirios de grandeza de sus ejecutivos que se sintieron “el verdadero poder”. Las audiencias y los anunciantes los han abandonado, a pesar de los millones de pesos del erario en publicidad y de otros millones en efectivo que no se ven ni se contabilizan.
El reportaje de Azam Ahmed en The New York Times no revela nada nuevo, pero le da cuerpo y forma a un fenómeno típico del peñismo: la reproducción de la fórmula fallida y corrompida del telepresidente en todas las entidades.
“El resultado es un panorama mediático en el que los funcionarios federales y estatales dictan las noticias de forma rutinaria, exigiéndole a los medios qué es lo que deberían y lo que no deberían informar, según docenas de entrevistas con ejecutivos, editores y periodistas. Los reportajes contundentes a menudo son suavizados o se posponen indefinidamente, si es que llegan a investigarse. Dos tercios de los periodistas mexicanos admiten que se censuran”, sintetiza Ahmed en uno de los párrafos clave de su reportaje.
En otras palabras, es la descripción de una derrota del periodismo en la era de Peña Nieto: dos terceras partes (66 a 70 por ciento) de los periodistas que han “normalizado” la censura es un escándalo para cualquier nación civilizada. En México no. Hay entidades, como en Tamaulipas, Guerrero o Veracruz, donde el 95 por ciento (por no decir el 100) de los periodistas deben censurarse para sobrevivir.
Esta es la auténtica tragedia de la era del telepresidente mexicano: una corrupción infame para enriquecer a unos cuantos barones de los medios, sin lograr convencer a la sociedad de ninguna de las bondades de soportar esta cleptocracia, junto a los cadáveres de reporteros y reporteras que por atreverse a “ir más allá” fueron eliminados o despedidos de la manera más grotesca de sus espacios informativos. Y ahí estará el caso de Aristegui y su equipo de reporteros de investigación que fueron cesados de manera ignominiosa de MVS, justo cuando en el mundo entero se aplaudía la valentía de develar La Casa Blanca de Peña Nieto.
Mayor paradoja no pudo existir, peor tragedia para el periodismo no pudimos vivir. Por fortuna, quedan las excepciones a esta regla. Por fortuna, el telepresidente no volverá más a existir.
