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VICTORIA.- La Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas investiga a 300 elementos de Tránsito de Reynosa, Matamoros y Río Bravo, debido a que existen denuncias de que algunos elementos podrían estar compartiendo información a miembros de la delincuencia organizada, informó el Procurador General de Justicia de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica.
Explicó que también se indaga si elementos están laborando en las corporaciones de Tránsito sin haber aprobado los controles de control y confianza del C3.
“Hay denuncias y señalamientos que nos han llevado a investigaciones en el sentido de que algunos elementos de tránsito están realizando otro tipo de labores, específicamente como de halconeo o de transmitir información a miembros de la delincuencia organizada”.
El abogado del estado explicó que la Procuraduría General de la República investiga el posible delito de delincuencia organizada, en tanto que la Procuraduría del Estado el de halconeo, debido a que es delito del fuero local.
“Estos son datos que trae la Federación y nosotros traemos porque se traduce en el halconeo que es del fuero común y lo que viene a ser delincuencia organizada, es competencia de la Procuraduría General de la República”.
Barrios Mojica comentó que en el caso del Director del Escuadrón Vial de Río Bravo, Javier Hinojosa Hinojosa, sí tiene una orden de localización y presentación, por lo que acudieron con apoyo del personal de la Sedena, sin embargo no fue localizado.
“Teníamos una orden de localización y presentación de cumplir contra el Director de Tránsito de Río Bravo, sin embargo nunca se dio con él, se le requirió por medio de sus superiores jerárquicos”.
Policías investigadores de la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas, realizan entrevistas en Matamoros a alrededor de 100 elementos, otros 30 en Río Bravo y cerca de 200 en Reynosa,
Aclaró que los elementos de Tránsito continúan laborando, ya que de momento sólo se llevan a cabo entrevistas tras ser requeridas por el Ministerio Público, mismas que son integradas a las investigaciones por hechos que podrían ser constitutivos de delito.
El Procurador de Tamaulipas agregó que de parte del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza (C3), se tiene el reporte también de que hay elementos que no han cumplido con esta certificación, “pudiera interpretarse esa función como un acto ilegal y que se estaría constituyendo en un delito de un ejercicio indebido del servicio público o algún otro de carácter contra el servicio público”.
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