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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos denunciaron “complicidad” y “falta de voluntad” de las autoridades federales para resolver el caso.
Así lo dijeron al término de una reunión encabezada por el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, y el procurador General de la República, Raúl Cervantes Andrade.
El encuentro de este jueves ocurrió después de seis meses del rompimiento de diálogo entre familiares de los desaparecidos y la PGR, luego de que la exprocuradora, Arely Gómez, incumplió con el acuerdo de concluir las indagatorias por las actuaciones irregulares del exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio.
Sobre el tema de rompimiento, el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales, resaltó que en el encuentro las autoridades les presentaron un acuerdo de conclusión que “dista mucho” del documento que fue dado a conocer por Proceso y otros medios de comunicación.
En él se hace referencia a las responsabilidades de Zerón de Lucio y de al menos cinco funcionarios de la PGR en los hechos del 28 de octubre de 2014, no reportados en el expediente.
De acuerdo con el abogado, el documento dado a conocer por Proceso mencionaba la pertinencia de someter a los involucrados a “sanciones incluso penales, en el acuerdo de conclusión presentado la sanción más alta es hacer del conocimiento del superior jerárquico las irregularidades cometidas por los funcionarios”.
No obstante, en el caso de Zerón de Lucio, dijo que en el documento que les fue entregado, sólo se habla de “sanciones administrativas”. Además, los 18 puntos en los que se describían las responsabilidades de los funcionarios en aquel reporte, se redujeron a siete, omitiéndose “varias en las que se instruía dar vista al Ministerio Público”.
Vidulfo Rosales señaló que durante la reunión no hubo respuestas concretas a las preguntas de padres sobre las investigaciones a funcionarios públicos como el actual director de la AIC, Omar García Harfuch, cuyo número de contacto y el del exsecretario de Seguridad Pública de Guerrero, Leonardo Vázquez, están inscritos en una libreta asegurada al supuesto líder de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias, presuntamente involucrado en la desaparición de los 43.
Tampoco se dio información sobre los datos ocultados al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), entre ellos la confirmación del trasiego de droga de Iguala a Chicago a través de camiones de pasajeros ni de la estructura criminal de Guerreros Unidos.
Ante esas deficiencias, dijo Rosales, los padres exigieron a Osorio Chong y a Cervantes Andrade que “no oculten más información a los integrantes del Mecanismo de Seguimiento del caso Ayotzinapa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con quienes se sostendrá una reunión en marzo en Washington”.
En representación de los padres de los jóvenes desaparecidos, Emiliano Navarrete y Mario González denunciaron la falta de avances en las investigaciones para localizar a sus hijos durante los seis meses en que suspendieron el diálogo con las autoridades.
Además, sentenciaron que aumentaran el tono de las movilizaciones durante este año, “que tiene que ser el definitivo”.
Los padres se manifestaron inconformes porque las autoridades les dieron a conocer información sobre el número de detenidos, “que todos ya conocemos”, sin llegar a fondo en lo fundamental, que es el paradero de los estudiantes.
Indignado, Navarrete preguntó “¿cómo es posible que después de 28 meses en que desaparecieron nuestros hijos, el gobierno no sepa dónde están? No podemos aceptar tanta ineptitud y que no puedan dar respuestas. Lo que vemos es que en la PGR no hay voluntad para dar con nuestros hijos y esclarecer los hechos”.
González señaló que ante la falta de avance “ya es un síntoma de complicidad de las autoridades para ocultar los hechos, ya hay un hartazgo en los padres que decimos que todo se tiene que solucionar este año”.
Felipe de la Cruz, vocero de los padres, destacó que los dos acuerdos concretos a los que se llegó este jueves fueron incrementar el número de agentes encargados del caso y continuar con las búsquedas utilizando tecnología Leader y disponer de mayores recursos.
Asimismo, se informó que la próxima reunión con el procurador será el 9 de marzo, fecha en que los padres y madres evaluarán los avances de las investigaciones.
En la reunión también estuvieron presentes la subprocuradora de Derechos Humanos, Sara Irene Herrerías; el subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa Cifrián, y el subsecretario de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas.
