jornada.com.mx
La Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) llamó a realizar una profunda reflexión sobre la eficacia del Mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, pues en lo que va de este año dos de los beneficiarios del mismo han sido asesinados.
El titular de ONU-DH, Jan Jarab, lamentó los homicidios de los activistas José Santiago Gómez Álvarez y Noé Jiménez Pablo, en Chiapas, así como del periodista Rafael Murúa, en Baja California Sur. Los dos últimos contaban con medidas de protección del mecanismo, que es operado por la Secretaría de Gobernación (SG).
En lo que va de 2019, al menos tres defensores de derechos humanos y un periodista han sido asesinados en el país. Además, ONU-DH registró que en 2018 fueron 13 los activistas víctimas de homicidio y 12 los comunicadores (en este último caso es el mismo número que en 2017).
México necesita urgentemente revertir la tendencia en aumento del riesgo que enfrentan quienes ejercen el periodismo y la defensa de los derechos humanos. Sus actividades deben ser protegidas e incentivadas por el gobierno mexicano en su conjunto, pues se trata de actores fundamentales para un estado democrático y de derecho. Estos hechos muestran que la violencia contra los activistas o quienes informan tiene profundas raíces y es necesario impulsar cambios estructurales para atajarla, enfatizó Jarab.
Agregó que el hecho que tanto Murúa como Jiménez fueran beneficiarios del mecanismo debe llevar a una profunda reflexión sobre su eficacia. Las medidas de protección otorgadas, así como su implementación, efectividad y seguimiento, deben ser analizadas y evaluadas.
Para el representante de ONU-DH resulta preocupante que en todos los casos de ejecuciones de comunicadores y activistas las víctimas habían denunciado con anterioridad amenazas y hostigamiento, señalando incluso a autoridades como probables responsables de los mismos.
Estas denuncias deben ser investigadas de forma exhaustiva, sin dejar de lado las líneas que indiquen un posible involucramiento de servidores públicos y así contribuir a luchar contra la impunidad y prevenir que hechos similares vuelvan a ocurrir, añadió Jarab.
Por separado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) anunció que da seguimiento a la implementación de medidas de protección solicitadas en favor de los familiares de Sinar Corzo, otro activista asesinado este año en Chiapas, y al equipo de la organización Coloso de Piedra, de la que la víctima formaba parte.
El quinto visitador general del organismo, Édgar Corzo Sosa, se reunió con integrantes de la organización y actores gubernamentales durante una gira de trabajo por Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y ahí refrendó el compromiso de la CNDH para acompañar a los familiares y amigos de la víctima en su demanda de justicia y de protección a la labor que llevan a cabo los defensores de derechos humanos en la entidad.
Enfatizó la importancia de intensificar los esfuerzos hasta lograr el total esclarecimiento del caso, además de generar las condiciones para que los integrantes del citado colectivo puedan continuar con la promoción y protección de los derechos de la sociedad chiapaneca con dignidad.
