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CHILPANCINGO, Gro. (apro).- La Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSP), informó que los seis policías estatales asesinados ayer durante una emboscada en la parte serrana del balneario de Zihuatanejo, fueron atacados “de forma cobarde” y a todos los remataron con “el tiro de gracia”.
Los uniformados habían sido relevados de un servicio de guardia que prestan a nueve familias desplazadas por la narcoviolencia y que se encuentran refugiadas en un poblado de la sierra de Petatlán, cuando fueron emboscados en las inmediaciones de la comunidad de Las Mesillas del municipio de Zihuatanejo, de acuerdo con un comunicado oficial.
No obstante, fuentes oficiales refieren que eran 12 armas las que portaban los policías: seis pistolas semiautomáticas de la marca italiana Pietro Beretta, calibre 308, así como seis fusiles automáticos de fabricación israelí, calibre 7.62.
Además, solo dos de los seis uniformados estaban en el rango de policía acreditada en la especialidad de Operaciones Especiales, situación que refleja el nivel de preparación de las corporaciones estatales.
El desvío de recursos destinados a seguridad
En marzo de 2016, Apro dio a conocer que, a finales de noviembre de 2015, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), emitió un informe en el que advierte de “un probable daño” al erario por 19 millones 802 mil pesos ejercidos durante 2014, último año de gestión del gobernador Ángel Aguirre Rivero, y 2015, en que gobernaron el mandatario interino Rogelio Ortega y, a partir de octubre, Héctor Astudillo.
La revisión detectó la adjudicación directa de contratos millonarios a empresas, la compra irregular de armamento que involucra al Ejército, así como la adquisición de un sistema de espionaje telefónico para la Fiscalía estatal, entre otras irregularidades que provocaron “el incumplimiento de las metas” del combate a la delincuencia en Guerrero.
Luego, la ASF volvió a detectar irregularidades, ahora en el manejo de 222 millones 940 mil pesos transferidos al gobierno estatal, en 2016, a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).
El organismo fiscalizador revisó una muestra de 187 millones 645 mil pesos, cantidad que representó el 85.3% del total, y detectó “un probable daño” a la Hacienda Pública Federal por un monto de 20 millones 158 mil pesos, según el informe de la ASF emitido en noviembre de 2017, pero dado a conocer públicamente a finales de febrero de este año.
Esta situación ha provocado protestas de policías que han sido reprimidas y condenadas por el Gobierno de Astudillo.
En mayo de 2017, más de 600 agentes de la Policía Preventiva Estatal (PPE), impulsaron un paro de labores para exigir un bono de riesgo ante la violenta situación que se vive en la entidad y criticaron el desvío de recursos de la dependencia encabezada por el general en funciones, Pedro Almazán Cervantes, titular de la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSP).
En respuesta, Almazán Cervantes descalificó la protesta de los uniformados al afirmar que se trataba de un movimiento impulsado por “personajes oscuros” que pretenden desestabilizar la corporación, y calificó como “injustificadas” las demandas de mejoras laborales.
Además, el gobierno de Astudillo acusó a los paristas de dejar en estado de indefensión a la sociedad guerrerense.
Luego, 176 policías estatales fueron despedidos súbitamente y a la fecha, los ex trabajadores de la SSP siguen exigiendo en tribunales federales su reincorporación o liquidación conforme a la Ley.
La falta de policías
En 2016 el gobierno estatal reportó la existencia de una fuerza policial de 6 mil 881 elementos, de los cuales 3 mil 304 uniformados están en la SSP, mil 406 en la FGE, mil 518 en la Policía Auxiliar y 653 en el sistema carcelario.
Es decir que en Guerrero existe un promedio de 1.9 policías por cada mil habitantes, cifra que se encuentra por debajo del parámetro de 2.9 policías por cada mil habitantes recomendado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
