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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El último día de la administración de Enrique Peña Nieto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) notificó al titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales Heredia, y al entonces encargado de despacho de la Procuraduría General de la República (PGR), Alberto Elías Beltrán, la emisión de una recomendación por agravios cometidos por elementos de la Policía Federal en 2014.
Este martes el organismo dio a conocer que el pasado 30 de noviembre informó a las autoridades federales el contenido de la recomendación 67/2018 por violaciones a los derechos humanos a la inviolabilidad del domicilio, a la libertad y seguridad personal, a la integridad personal por actos de tortura y la inadecuada procuración de acceso a la justicia en agravio de una persona del sexo masculino en Reynosa, Tamaulipas.
La CNDH inició la investigación a partir de una queja presentada el 5 de mayo de 2015 sobre hechos ocurridos un año antes, cuando el hijo del quejoso fue detenido sin orden de aprehensión por elementos de la Policía Federal (PF), luego de que ingresaron de manera ilegal a su domicilio. En ese momento el agraviado no se encontraba.
De acuerdo con el documento recomendatorio, el 7 de mayo de 2014 la esposa de la víctima se comunicó con él para informarle del allanamiento, momento en el que uno de los elementos federales “interrumpió la llamada para decirle que lo estaban investigando y si no acudía a su vivienda dañaría a su familia”.
El agraviado narró al organismo que cuando llegó a su domicilio los policías federales se lo llevaron detenido, y en un lote baldío lo agredieron físicamente y amenazaron “para que proporcionara información sobre la ubicación de armas, drogas, dinero y el paradero de personas pertenecientes a la delincuencia organizada, para después se llevado al estacionamiento de un hotel, donde permaneció esposado a la defensa de una patrulla hasta el día siguiente”.
De acuerdo con el escrito de queja, el padre de la víctima y su hija atestiguaron cuando aquel llegó a su casa y los policías se lo llevaron, y el 7 de mayo el agraviado se comunicó con el quejoso (su padre) para mencionarle “que los elementos de la PF que lo detuvieron le estaban exigiendo 300 mil pesos a efecto de liberarlo, diciéndole: ‘si no ya no me vas a ver papá”. Ante ello el quejoso consiguió 100 mil pesos, “los cuales entregó en el lugar que los policías indicaron, pero V no fue puesto en libertad”.
El documento indica que el padre de la víctima acudió al día siguiente a las instalaciones de la PGR en Reynosa, donde fue notificado por un guardia privado que su hijo había sido puesto a disposición del Ministerio Público a las 18:40 de ese día, es decir, alrededor de 30 horas después de la detención.
A la una de la mañana del 9 de mayo, el quejoso pudo entrevistarse con su hijo, “ocasión en la que observó que presentaba lesiones en distintas partes del cuerpo”.
En la investigación de la CNDH se asienta que en el parte informativo que presentaron los policías federales “se asentó que el agraviado fue detenido en flagrancia y le imputaron los delitos de portación de arma de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea”.
Por los hechos, la víctima se encuentra en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 4 del Rincón, Nayarit.
En el seguimiento de la queja, peritos de la CNDH realizaron una inspección a la víctima “basada en el ‘Protocolo de Estambul’, emitida el 11 de abril de 2017 (…) en la que se determinó que V presentó lesiones traumáticas y secuelas psicológicas que son concordantes con su versión de los hechos, los cuales coinciden con lo estipulado en las directrices del Manual para la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y Otros Tratos o penas Crueles, Inhumanos o Degradantes”.
Al confirmar las violaciones a los derechos humanos, el organismo pidió a la CNS “la reparación integral del daño conforme a la Ley General de Víctimas, que incluya la atención médica y psicológica, inscribirlo en el Registro Nacional de Víctima, e impartir formación y capacitación en derechos humanos al personal de la PF, para evitar cateos y detenciones ilegales y arbitrarias, y la aplicación del Protocolo de Actuación de la Policía Federal sobre Uso de la Fuerza”.
También se requirió al excomisionado “colaborar en el trámite y seguimiento de la denuncia y el procedimiento administrativo de responsabilidad” que presentaría la CNDH ante la PGR y la Unidad de Asuntos Internos de la PF contra los agentes que intervinieron, con la advertencia de que “en caso de que la responsabilidad administrativa haya prescrito, deberá dejar constancia de la resolución respectiva y de esta recomendación en el expediente personal y laboral de cada uno de ellos”.
A la PGR se le solicitó “continuar la práctica de diligencias que sean legal y materialmente necesarias para determinar la averiguación previa conforme a derecho; colaborar con la CNDH en la presentación y seguimiento de la denuncia de hechos y queja que formule ante la propia PGR y la Visitaduría General de esta Procuraduría, respectivamente, contra los servidores públicos señalados en la recomendación y quien resulte responsable, así como capacitar al personal ministerial y pericial de la Unidad Especializada en Investigación de Delito de Tortura de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la PGR”.
La CNDH pidió a ambas dependencias comisionar cada una a personal de alto nivel para dar seguimiento a la recomendación.
