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CIUDAD DE MÉXICO
Una vez vencido el tercer periodo para ponerse de acuerdo, la Junta de Coordinación Política del Senado aprobó que las comisiones unidas de Justica y de Anticorrupción tendrá un mes más para auscultar a los 31 aspirantes, para nombrar al primer fiscal anticorrupción.
El nuevo plazo fijado por la Junta es el 14 de marzo, pero de manera paralela se trabajará en una Ley, para garantizar su autonomía, de acuerdo con el presidente de la Junta, Fernando Herrera.
“No nos hemos puesto de acuerdo y debemos de ser puntuales. Nuestra definición es muy concreta. No se trata de poner un nombre que no vaya a actuar, sino se trata de escoger a un fiscal anticorrupción con atribuciones, con capacidad de actuación y con características de auténtica independencia.
“Mientras no se reforme la ley, mientras no se le den garantías de participación y de autonomía será difícil transitar en la elección de un nombre.
“Vamos a ampliar los términos para que se den estas comparecencias, pero paralelamente vamos a trabajar para que se garantice la autonomía y la actuación de quien sea electo fiscal anticorrupción con estas características”, precisó ayer Fernando Herrera, al concluir la reunión de la Junta de Coordinación Política.
De esta forma, por cuarta ocasión, el Senado intentará ponerse de acuerdo. La primera vez se fijó como límite para que las Comisiones Unidades de Justicia y Anticorrupción presentaran el dictamen de elegibilidad a la Junta, el 29 de noviembre, pero no lograron acuerdo.
Así, se fijó una nueva fecha, el 9 de diciembre del año pasado, pero tampoco fue posible construir los acuerdos; se fijó entonces el 15 de febrero, pero tampoco se logró nada y ahora la nueva fecha es el 14 de marzo, que deberá ser aprobada por el pleno del Senado en este martes, dado que se venció evidentemente el acuerdo que asumió en diciembre pasado.
Es necesario que las comisiones unidas llamen a comparecencia a los 31 aspirantes —se inscribieron 32, pero la presidenta del Inai, Ximena Puente, se retiró del proceso—, y verificar sus antecedentes profesionales y académicos, así como solicitar a la sociedad información respecto a la utilidad del trabajo realizado por estos profesionales.
Una vez que tienen todos estos elementos de valoración, las comisiones unidas aprueban un dictamen de idoneidad, que le entregan a la Junta de Coordinación Política, en cuyo seno se construye el acuerdo político para sumar los consensos para elegir al fiscal.