Figuras de la política a nivel municipal han sido las principales víctimas del crimen organizado durante los procesos electorales
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Entre julio de 2023 y febrero de 2024 ocurrieron 19 asesinatos de candidatos, precandidatos y aspirantes a cargos públicos en diversos estados del país.
Al revisar esta serie de homicidios, es posible percatarse de que la mayoría fueron perpetrados contra personas que buscaban algún puesto en la función pública a nivel municipal, lo cual puede tener múltiples explicaciones, algunas de las cuales fueron compartidas por Guillermo Trejo y Sandra Ley en su libro Votos, drogas y violencia: la lógica política de las guerras criminales en México.
Según la información presentada por los investigadores, los ataques contra figuras de la política a nivel local se dispararon durante el sexenio de Felipe Calderón. Tales agresiones parecían no tener una explicación evidente, pues la mal llamada “guerra contra el narco” fue una ofensiva emanada del gobierno federal y autoridades estatales.
No obstante, Ley y Trejo exponen que esta oleada de violencia podría responder a una lógica de gobernanza criminal, pues el objetivo de estos grupos es “someter a los gobiernos locales y sus poblaciones y obtener el control territorial de facto de conglomerados de municipios”.
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En contraste con el orden estatal y federal, las y los funcionarios municipales “están desprotegidos política y militarmente”. Por tal motivo, los grupos delictivos tienen una mayor oportunidad para perpetrar sus ataques y tomar el control de actividades clave en los ámbitos económico, social y político.
Para los autores, una posible motivación de los cárteles para llevar a cabo estas agresiones es la extensa duración de sus conflictos en dos frentes —contra el Estado y contra grupos rivales—, situación que los lleva a buscar el control de estructuras de gobierno locales.
Durante estas pugnas, las estructuras delincuenciales “suelen ampliar su rango de actividades ilícitas para mantenerse competitivos”. Un ejemplo de esto fue el asedio que Los Caballeros Templarios mantuvieron en Michoacán a principios de la década de 2010.
Inicialmente se presentaron ante la gente como un grupo que desplazaría a La Familia Michoacana y combatiría las prácticas de extorsión. Sin embargo, para 2012 ya habían implementado un estructurado esquema de cobro de cuotas a productores agrícolas.
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Con los ataques a políticos del ámbito local, los grupos criminales “intentan obtener el control de nombramientos municipales clave que les otorgarán acceso a información, recursos y al aparato de seguridad local”, señalan Trejo y Ley.
Al replicar esta estrategia en múltiples municipios aledaños, incrementan su oportunidad de controlar regiones enteras y fortalecerse para sostener sus prolongados conflictos armados.
“Obtener el control de los gobiernos locales, su población y su territorio les brinda los recursos económicos, la información y los controles geográficos para enfrentar de manera más efectiva al Estado y a los grupos rivales”, argumentan los investigadores.
