El país pasó de destinar 2,8% de su PIB al sector en 2012, a 2,4 % para 2019. El Gobierno argumenta la aplicación de una política de «gasto racional» y acusa una «planeación ineficiente», heredada de anteriores Administraciones.
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El presidente Andrés Manuel López Obrador ha prometido que en tres años el sistema de salud de México será como el de los países nórdicos, pese a que recientemente el Gobierno federal ha sido criticado por recortar el presupuesto en el sector, lo que ha aparentemente ha agudizado el desabasto de insumos y medicamentos, y falta de personal en los hospitales, situación que se arrastra desde las Administraciones anteriores.
Los partidos de oposición han citado a los secretarios de Salud y de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para que comparezcan ante el Congreso por lo que han calificado como una «crisis en el sector salud», pero el partido oficialista Morena lo ha impedido.
El 28 de mayo, la Comisión Permanente del Congreso acordó solicitar a Hacienda un informe sobre el desempeño y los criterios de la política económica. El diputado presidente Raúl Eduardo Bonifaz, del partido oficial Morena, destacó que entre las explicaciones que se pedirían a la Secretaría estaría el tema del presunto desabasto de medicamentos, la recaudación fiscal del actual Gobierno y la reciente renuncia del director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Por su parte, el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, también del partido de Gobierno, explicó en entrevista con MVS que en el Gobierno federal buscan un gasto racional, un manejo más honesto de los recursos y la forma de encontrar nuevos ingresos para que el presupuesto alcance con mayor suficiencia para todas las áreas, incluyendo el sector salud.
Renuncia en el Gabinete ampliado
El pasado 21 de mayo, Germán Martínez, director del IMSS, presentó su renuncia a la dependencia acusando una «injerencia perniciosa» por parte de funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y un «control excesivo del gasto» que afecta la operación de la institución.
«Quiero decirlo lo más claro que puedo y debo: algunos funcionarios de la Secretaría Hacienda tienen una injerencia perniciosa en el IMSS y ponen en riesgo la vocación igualitaria, de justicia y, concretamente, de prestación de servicios de salud que tiene el Seguro Social», escribió en su carta de renuncia.
Germán Martínez enumeró algunas «consecuencias fatales» de ese control: pasillos de espera «llenos de personas adoloridas», maltrato o retraso en la atención a pacientes y, como consecuencia, un mayor gasto de bolsillo de las familias cuando sus seres queridos tienen un padecimiento.
Tras la renuncia de Martínez, la oficialía mayor de Hacienda, Raquel Buenrostro Sánchez, quien es señalada de diseñar los recortes, dijo en conferencia de prensa que el desabasto de medicamentos y de equipos de curación en algunas zonas del país se debía a problemas locales, al cambio en el modelo de las compras (tras detectarse presuntos casos de corrupción) y a que la Administración anterior hizo una «planeación deficiente«.
En días recientes se difundieron en redes sociales y medios de comunicación las imágenes que retrataban el desabasto en los hospitales, con consecuencias fatales para los pacientes.
Este año, las críticas al sector incluyeron a personas enfermas con VIH, quienes denunciaron la falta de medicamentos en los hospitales de varios estados, debido al retraso en la compra de los antirretrovirales.
El 1 de mayo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) solicitó medidas cautelares a la Secretaría de Salud para garantizar la entrega oportuna de los medicamentos y el tratamiento adecuado para las personas enfermas con VIH.
A los pocos días, el Gobierno federal realizó la primera entrega de antirretrovirales y se comprometió a normalizar el abasto en los estados en los que hacía falta.
López Obrador reconoció que podría generar molestias que falten «algunos medicamentos», pero aseguró que se resolverá el problema mediante la compra consolidada y el combate a la corrupción. Según el mandatario, 10 proveedores abastecían el 80 % de todas las medicinas que compraba el Gobierno.
Pese a que el Gobierno de México defendió su estrategia contra la corrupción en el sector y para hacer más eficiente el gasto, directores de 11 instituciones de Salud reclamaron un recorte de más de 2.300 millones de pesos (aproximadamente 116,1 millones de dólares) en el presupuesto de 2019, que provocó carencias en medicinas, tratamientos e instalaciones.
Por su parte, la organización México Evalúa estimó que, en abril, el gasto en la Secretaría de Salud presentó un recorte aún mayor, de 4.000 millones de pesos (201,9 millones de dólares) respecto al mismo mes de 2018.
Además, México Evalúa encontró que en el primer trimestre del año no se ejercieron unos 24.000 millones de pesos (1.222 millones de dólares) aprobados en el presupuesto, un subejercicio mayor del que han documentado de manera sistemática. Destacan especialmente los 7.300 millones de pesos (371,8 millones de dólares) no ejercidos en compras de fármacos y productos químicos de laboratorio.
Entretanto, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) destaca que los recursos aprobados para medicamentos en 2019 rondan los 79.417 millones de pesos (4.058 millones de dólares), una cifra que representa 13 % del presupuesto público del sector salud. Este monto contiene un recorte de 10,5 % respecto al monto ejercido en 2013 para el mismo concepto.
Sin embargo, los recortes que ha hecho el Gobierno mexicano al sector salud tampoco son una novedad, de acuerdo con especialistas.
«Año con año se ha venido recortando el presupuesto para el sector salud, el detalle es que el sistema está muy fragmentado, hay muchos subsistemas y la historia de cada sistema es diferente», dice a este medio Judith Méndez, coordinadora de Salud y Finanzas Públicas del CIEP.
Desde 2012, el gasto público se ha mantenido constante en términos absolutos, pero al compararlo en proporción del Producto Interno Bruto (PIB), el panorama es aún más desalentador.
El país latinoamericano pasó de destinar a salud el 2,8 % del PIB en 2012, a 2,4 % para 2019, de acuerdo con estimaciones de México Evalúa, cuando el promedio que destinan las naciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) al sector es de 6,3 %.
Méndez explica que México no solo destina menos al sector salud que otros países de la región como Colombia, Chile y Brasil, sino que una parte importante del financiamiento es privado, lo que tiene consecuencias en el bolsillo de las familias.
De acuerdo con la especialista, la experiencia internacional sugiere un financiamiento que provenga 80 % del gasto público y 20 % de dinero privado. Sin embargo, en México, la relación es 47 % privado y 53 % público.
Una cifra que podría explicar esta situación es que el número de usuarios del Sistema Nacional de Salud se ha reducido. Mientras que en 2014, 46,5 millones de personas reportaron haber usado los servicios de salud de las instituciones o programas de salud, en 2016 solo 40,8 millones de personas reportaron haberlo utilizado, según un análisis del CIEP.
La especialista explica que México tiene una presión fiscal importante como consecuencia de la deuda y los recursos destinados al pago de pensiones, que obligan a cambiar las prioridades del gasto o incrementar los ingresos del Gobierno.
Méndez considera que aunque el Gobierno de López Obrador busque la eficiencia, la mejora en las compras gubernamentales de los insumos y medicamentos, y el combate a la corrupción en el sector, esta medida no es suficiente para mejorar el sistema de salud en el corto plazo: «Eso no te va a dar medicamentos o acceso a todos«.
