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Durante 2016, el problema del embarazo en niñas y adolescentes mostró algunos indicadores positivos, según cifras e informes difundidos por la Secretaría de Gobernación (SG).
En enero de 2015, el gobierno puso en marcha una estrategia para atajar una realidad que significó cada año, en promedio (de 2000 a 2013), poco más de 407 mil embarazos de niñas y jóvenes de hasta 19 años. De esa cantidad, 8 mil tenían apenas de 10 a 14 años de edad.
Ante el panorama anterior se integró un grupo interinstitucional para atender el fenómeno, vinculado a factores como comisión de delitos (violación sexual), desconocimiento de las consecuencias de tener relaciones sexuales sin protección, baja escolaridad y abandono de estudios.
En su primer informe, el grupo interinstitucional detalla, por ejemplo, un mismo nivel de adolescentes embarazadas atendidas en el Instituto Mexicano del Seguro Social-Prospera, al pasar de 27.9 por ciento en 2015 a 27.8 por ciento en 2016, del total de las futuras madres inscritas en ese sistema.
El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado reportó el año antepasado 2 mil 360 eventos obstétricos de adolescentes, contra 2 mil 138 el año pasado.
La Secretaría de Salud, en tanto, señaló que de las consultas y servicios otorgados en 2016 a adolescentes, casi 900 mil fueron de orientación y consejería, 306 mil 772 para prescripción de métodos anticonceptivos, 16 mil 624 por anticoncepción de emergencia, 222 mil 361 para prevención o atención de enfermedades de transmisión sexual, 132 mil 807 de atención al embarazo y el resto fue catalogado como otro tipo de atención.
Precisó también que de un universo, en 2014, de poco más de 440 mil usuarias activas de algún metodo de regulación de la fertilidad, hay cobertura de 58.1 por ciento de adolescentes de 15 a 19 años con vida sexual activa que no tienen acceso a instituciones de seguridad social.
En este mismo balance del primer año de trabajo del grupo interinstitucional, la Secretaría de Educación Pública otorgó becas –en 2016– a mil 941 adolescentes embarazadas y 11 mil 695 con hijos, para que continuaran sus estudios de nivel básico.
La mayoría de las becarias (85.7 por ciento) cursan la primaria en el sistema escolarizado. Esta ayuda tiene presencia en 479 municipios indígenas y en 568 de los pueblos más pobres del país, donde se aplica la Cruzada Nacional contra el Hambre.
El informe de decenas de instancias del sector público es enfático en la difusión de información sobre sexualidad, debido a que uno de los indicadores sobresalientes en este problema es la falta de información y acceso efectivo a métodos anticonceptivos, especialmente en las zonas rurales e indígenas.
El objetivo de esta política pública nacional es erradicar los embarazos en niñas de entre 10 y 14 años y reducir a la mitad la tasa de fecundidad en jóvenes de entre 15 y 19 años.
Por ello, se enfoca en ofrecer educación inclusiva, integral y flexible; campañas de comunicación y proyectos productivos, y aumentar la dotación de becas a madres jóvenes y jóvenes embarazadas, a fin de que continúen sus estudios. Un mayor nivel de estudios proporciona los conocimientos para llevar una vida sexual y reproductiva con menos riesgos, señaló el Consejo Nacional de la Población.
Los datos oficiales indican que las mujeres sin primaria concluida inician su vida sexual, en promedio, entre los 15.9 y 16.5 años. En tanto, cerca de la mitad de los adolescentes no tuvo prevención en su primera relación sexual, a fin de evitar un embarazo no planeado.
