El Gobierno de Trump enfrenta varias demandas judiciales luego de que firmara una orden para revocar la ciudadanía estadounidense automática para hijos de migrantes.
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Un juez federal ha bloqueado temporalmente al presidente Donald Trump para que no restrinja quién es elegible para la ciudadanía estadounidense automática al nacer, en un revés legal temprano para la agenda de migración de línea dura de la nueva administración.
El juez de distrito John Coughenour en Seattle calificó la orden ejecutiva de Trump de “descaradamente inconstitucional” y cuestionó la calidad de los abogados dentro de la administración. En su primer día en el cargo, Trump firmó una orden que niega la ciudadanía automática a los hijos de migrantes nacidos en Estados Unidos, para el caso de personas que ingresaron al país ilegalmente o tienen un estatus legal temporal.
La orden de Coughenour impedirá que la administración adopte medidas para cumplirla durante 14 días y se aplicará en todo el país. El juez, que fue nombrado durante el mandato del ex presidente Ronald Reagan hace más de 40 años, considerará a continuación si firma una orden judicial de mayor duración. El juez anunció su decisión desde el estrado este jueves inmediatamente después de escuchar los argumentos.
La administración enfrenta al menos seis demandas judiciales por la orden. Los jueces federales de Maryland y New Hampshire tienen audiencias programadas para las próximas semanas para considerar si también bloquearán la entrada en vigor de la orden.
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Un portavoz de la Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
Ley de migración de Trump bloquea ciudadanía para hijos de migrantes no ciudadanos
La orden, que entraría en vigor en su totalidad el 19 de febrero, incluye a padres y madres que no sean ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales e incluye a aquellos que sean estudiantes o tengan visas de trabajo o de turista.
La orden de Coughenour se produjo en el marco de un caso presentado por un grupo de funcionarios estatales demócratas encabezados por el fiscal general de Washington, Nick Brown. Los estados sostienen que la acción de Trump viola la antigua ley de inmigración estadounidense y el texto explícito de la 14ª Enmienda de la Constitución estadounidense.
La 14ª enmienda, adoptada en 1868 después de la Guerra Civil para aclarar la situación de las personas que habían sido esclavizadas, ha sido interpretada durante mucho tiempo por los tribunales como una enmienda que otorga la ciudadanía a casi todos los bebés nacidos en suelo estadounidense. Establece que “todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos”.
La orden de Trump se centra en lo que significa estar “sujeto a su jurisdicción”. Algunos conservadores han argumentado que este lenguaje debería interpretarse de modo que excluya a las personas que ingresan ilegalmente al país. La interpretación más común de la frase ha sido que incluso las personas indocumentadas están cubiertas, ya que pueden ser acusadas de delitos según las leyes federales y estatales y pagar impuestos, por ejemplo.
Revocar la ciudadanía automática en EU dañará a familias
Los demandantes han citado un análisis demográfico que estima que al menos 150 mil bebés nacidos cada año en Estados Unidos se verían afectados. Los abogados de la coalición estatal liderada por Washington argumentaron que permitir que la medida entre en vigor colocaría a esos niños “en posiciones de inestabilidad e inseguridad como parte de una nueva subclase creada por el Presidente en Estados Unidos”.
Un abogado de Washington argumentó que a pesar del retraso de 30 días en la implementación de la orden, ésta ya estaba perjudicando a las familias cuyos bebés se verían afectados.
El Departamento de Justicia argumentó que la intervención inmediata y temporal de un juez estadounidense era innecesaria porque Trump ya había retrasado la fecha de entrada en vigor en 30 días desde la firma. El gobierno también argumentó que los estados carecían de legitimidad para demandar al gobierno federal en nombre de sus ciudadanos y que no habían identificado un daño directo a sus intereses si la orden entraba en vigor.
Los estados argumentaron que tendrían que gastar más dinero para brindar atención médica y otros servicios a los niños no ciudadanos, ya que ya no serían elegibles para ciertos programas federales. El Departamento de Justicia dijo que si los estados querían ofrecer esos beneficios, esa era su decisión.
Los abogados del gobierno citaron textos legales del siglo XIX para apoyar su posición de que los no ciudadanos no estaban “sujetos a la jurisdicción” de Estados Unidos porque no tenían “lealtad” formal a la nación, por lo que sus hijos no deberían calificar para la ciudadanía.
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