La juez que ordenó liberar a los militares impuso diversas medidas para sustituir la prisión preventiva oficiosa y garantizar que no se den a la fuga, informó el Consejo de la Judicatura Federal.
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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los ocho militares implicados en el caso Ayotzinapa que obtuvieron su libertad provisional tienen prohibido acercarse al estado de Guerrero y a las víctimas o testigos de la desaparición de los 43 normalistas.
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) dio a conocer que la juez que ordenó liberar a los militares impuso diversas medidas para sustituir la prisión preventiva oficiosa y garantizar que no se den a la fuga.
Al relatar el proceso que llevó a la juez a dictar dicha resolución refirió que luego de que los militares solicitaron, sin éxito, revisar la medida cautelar tramitaron un amparo en el que se les concedió una suspensión definitiva para que la juez realizara una nueva audiencia.
Que dicha suspensión no fue impugnada por la Fiscalía General de la República (FGR) sino por los propios militares, no obstante que la institución que encabeza Alejandro Gertz Manero acusó que los juzgadores federales que intervinieron en este caso dieron ventajas indebidas a los acusados y anunció que iniciará una carpeta de investigación en su contra por delitos contra la administración de justicia.
Como resultado de esa impugnación el Primer Tribunal Colegiado en materia Penal en la Ciudad de México ordenó realizar la audiencia para resolver sobre las medidas cautelares sin permitir que la FGR o la defensa argumenten y debatan entre sí.
Por ello, el CJF aclaró que una vez que la juez les concedió la libertad provisional les impuso a los militares, además de la prohibición de acercarse al estado de Guerrero y a las víctimas o testigos del caso; deberán presentarse quincenalmente ante el juzgado de Distrito a firmar.
Para recuperar su libertad los militares deben exhibir una garantía de 50 mil pesos y tienen prohibido salir del país por lo que deberán entregar su pasaporte al juzgado de Distrito donde se lleva su proceso penal.
El CJF dio a conocer estos detalles luego de que la Secretaría de Gobernación (Segob) señaló este lunes que el Poder Judicial ha obstaculizado y entorpecido el proceso en el caso Ayotzinapa porque en sus prioridades “nunca ha estado hacer justicia ni encontrar la verdad”.
“Una vez más el Poder Judicial se vale de pretextos procedimentales para dejar de lado la justicia. Encubiertos en tecnicismos no ponderan los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la no repetición”, acusó.
Añadió que la resolución por la que la juez Segundo de Distrito de Procesos Penales en el Estado de México ordenó dejar en libertad a los ocho militares, busca deliberadamente favorecer la hipótesis de que el gobierno federal protege al Ejército en el caso Ayotzinapa.
