Los hechos en Bolivia han sido motivo de pronunciamiento de parte el Gobierno de México encabezado por AMLO pero, ¿en el país, quién lo aplicaría?
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La tarde del pasado miércoles 26 de junio se dio a conocer que en Bolivia se había presentado un intento de golpe de estado en contra del presidente Luis Arce, por lo que de manera inmediata la comunidad internacional reaccionó, entre ellos el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo. A pesar de que ambos condenaron los hechos, surgió la pregunta respecto a qué es en realidad un golpe de estado y, en el caso de México, a quién le correspondería iniciarlo.
Fue a través de las redes sociales donde el fundador de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) dio a conocer sus primeras impresiones en torno a los hechos en el país sudamericano.
“Manifestamos la más enérgica condena al intento de golpe de Estado en Bolivia”, escribió el presidente.
En su conferencia de prensa conocida como La Mañanera, sucedida este jueves 27 de junio, el mandatario federal se pronunció sobre este fallido acto, argumentando que: “Hay mucha inestabilidad política, pero afortunadamente respondió muy bien el gobierno de Luis Arce, respondió muy bien el pueblo, la gente, defendiendo la democracia y rechazando el Golpe militar, muchos no secundaron el Golpe de Estado y todos los países lo condenaron”.
¿Qué es un golpe de Estado?
A pesar de que este término ha causado preocupación en Bolivia, países fronterizos y Latinoamérica en general, es importante resaltar que un golpe de estado se puede dar en cualquier parte del mundo ya que representa la toma repentina y violenta del poder político por parte de un grupo, generalmente militar o con apoyo de fuerzas armadas, las cuales actúan fuera del marco legal establecido.
Este acto busca derrocar al gobierno existente, al tiempo de instaurar uno nuevo sin seguir los procedimientos constitucionales habituales, de ahí su trascendencia a nivel internacional.
En el caso de México, un golpe de estado se aplicaría mediante la intervención de sectores descontentos con el gobierno en funciones, quienes podrían utilizar la fuerza para desplazar a las autoridades legítimamente establecidas. Esto implicaría la ocupación de instituciones clave como el Palacio Nacional, el Congreso y otras dependencias federales.
Además, se implementaría el control de los medios de comunicación para restringir la difusión de información y manipular la percepción pública. El éxito de un golpe de estado es importante resaltar, dependería de factores como: el nivel de descontento social, la lealtad de las fuerzas armadas y la capacidad de los golpistas para consolidar su poder rápidamente.
En México, en caso de llevarse a cabo un golpe de Estado, las sanciones están estipuladas en la legislación penal y constitucional del país y estas pueden incluir:
Acciones penales:
- Traición a la patria: Conforme al Código Penal Federal, los actos de traición a la patria pueden ser castigados con prisión de hasta 40 años. Este delito incluye cualquier acto que busque derrocar al gobierno legítimamente constituido.
- Rebelión y sedición: Participar en actos de rebelión o sedición, que implican levantarse en armas contra el gobierno, puede resultar en penas de 5 a 30 años de prisión, dependiendo del rol y la gravedad de las acciones.
Acciones administrativas y políticas:
- Inhabilitación para ocupar cargos públicos: Los involucrados pueden ser inhabilitados permanentemente para ejercer cargos públicos y perder cualquier posición que ocupen en la administración pública.
- Confiscación de bienes: Se pueden congelar o confiscar los activos de los responsables involucrados en el golpe de estado.
Acciones constitucionales:
- Suspensión de derechos: La Constitución Mexicana permite la suspensión de ciertos derechos en casos de amenaza grave al país, lo cual se aplicaría a los responsables de un golpe de estado.
Acciones internacionales:
- Sanciones internacionales: México podría enfrentar sanciones por parte de la comunidad internacional, incluyendo posibles restricciones económicas y diplomáticas, así como intervenciones para restaurar el orden democrático.
Estas sanciones buscan mantener la estabilidad y el respeto al orden constitucional en el país. Las consecuencias son severas para disuadir cualquier intento de subvertir el sistema democrático mexicano.