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Sucedió en San Pedro Tapanatepec, en el estado de Oaxaca, al sur de México. Un joven de origen guatemalteco integrante de la primera caravana migrante que salió de la ciudad de Tecún Umán, el pasado 19 de octubre, estuvo a punto de ser linchado, acusado de intentar robar a un menor de edad. Él arguyó ante las autoridades que todo había sido una confusión.
Un día antes, pero en el Estado de México, a casi 950 kilómetros de distancia, dos hombres fueron retenidos por habitantes del municipio de Chalco, tras atropellar a más de 20 personas que estaban en una procesión religiosa en el pueblo de San Martín Cuautlalpan. Ahí fueron golpeados, uno de ellos murió a causa de ello.
Ambos, sin duda, son hechos que reflejan una profunda violencia social. Pero la violencia, como todos los medios, tiene una causa, una guía y una justificación. En México es la crisis de autoridad.
En este país, los casos relacionados con el linchamiento han crecido hasta 300% en los últimos ocho años, destaca el profesor Raúl Rodríguez Guillén, del departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana y autor del estudio ‘Linchamientos en México: recuento de un periodo largo’.
En los últimos 30 años se han registrado al menos 1.100 intentos de linchamiento o ajusticiamientos consumados de este tipo, refiere Rodríguez Guillén a RT.
La palabra proviene de una derivación del apellido del estadounidense Charles Lynch, «granjero del estado de Virginia, en Estados Unidos, famoso por las puniciones que infligía a los criminales durante la Guerra de Independencia de 1782. Lynch, que era juez, presidía una especie de tribunal irregular para mantener el orden en aquel período turbulento de la historia estadounidense», refiere el sociólogo brasileño José de Souza Martins, en su libro ‘Linchamentos: a justiça popular no Brasil’, donde en los últimos 60 años más de un millón de brasileños han participado en actos de esa índole.
La ‘locura colectiva’
México parece ser un caldo de cultivo para los ajusticiamientos por propia mano, debido a la impunidad que persiste ante la inadecuada procuración de justicia, señalan especialistas a RT.
«Lo primero que tenemos que ver es la crisis de impunidad que se vive en el país para entender lo que aparentemente son erupciones de violencia que resultan difícil de contextualizar en términos de ciudadanos comunes y corrientes que de pronto recurren a estas medidas extremas, pensemos en la enorme desconfianza que existe en la ciudadanía mexicana en la procuración de justicia, tanto a nivel general, como en los estados», refiere la doctora Marisol López Menéndez, profesora en la Universidad Iberoamericana en las áreas de sociología y política.
Residentes cercan un coche policial en el que trasladan a cuatro sospechosos. Cerca de Ciudad de México, archivo 2011. / Carlos Jasso / Reuters
En 2017, el índice de impunidad en México aumentó en el ámbito global y en el de los estados de la República, ocupando el cuarto lugar a nivel mundial y el primero en el continente americano, con base en el Índice Global de Impunidad IGI-MEX 2018. Mientras que a nivel nacional, el Estado de México es la entidad con el índice de impunidad más alto.
Este mismo índice comprueba que el homicidio no se castiga en México. El porcentaje de encarcelados por homicidio bajó de 27,5% a 17,09%. «La disminución de casi diez puntos porcentuales de este indicador es resultado de los problemas estructurales de las instituciones de seguridad y justicia a nivel estatal: las entidades no tienen agencias de investigación profesionales, independientes y con capacidades suficientes para atender el delito de homicidio», apunta el estudio.
Asimismo, habría que considerar que en México, la cifra de delitos no denunciados se mantiene en un nivel muy alto, en 93,7%, con base en datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del INEGI. Esto confirma que los mexicanos siguen sin tener confianza en sus instituciones de seguridad y justicia para denunciar los delitos.
«México ha tenido un desempeño terrible en cuanto a niveles de impunidad se refiere y creo que eso puede explicarnos esta desconfianza de la ciudadanía, no se trata de que los ciudadanos mexicanos se hayan vuelto locos de pronto, sino que hay una muy razonable duda de que nuestro sistema de administración y procuración de justicia funcione, y esto llega a excesos como los que hemos visto», abunda López Menéndez.
Para el investigador Rodríguez Guillén, el crecimiento de la delincuencia se debe a la impunidad, pues no se castiga como es debido o simplemente no se castiga. «Los delincuentes se sienten protegidos y, por otro lado, aquellos que han sufrido delitos se sienten indignados, así, esta suma de factores concurren en un linchamiento», explica.
El también autor del estudio ‘Violencia social: geografía de los linchamientos en México’ refiere que más del 50% de los linchamientos en México son por robo y reitera que la causa estructural de ellos es la impunidad. «Los policías que capturan a un delincuente, lo liberan; los que sí llegan a los ministerios públicos, se encuentran con que las averiguaciones no están bien integradas, es decir los delincuentes quedan libres por falta de pruebas; si es que el caso llega hasta los jueces, puede ocurrir que el acta ministerial no está bien integrada y quedan libres».
La mayoría de los linchamientos se vincula de manera directa con el robo, 50,5%, seguido por el atropellamiento o incidentes viales con 16,2%, mientras que la violación, el abuso policiaco, asesinato y secuestro se ubican entre 6 y 7%, refiere el estudio.
«El problema es que no hay un tipo legal que reconozca que el linchamiento existe, el linchamiento no existe jurídicamente en México, a quien ejecuta o hace el acto de linchar, no se le puede castigar, es un problema grave porque generalmente es una acción colectiva, donde no se sabe quién de muchos fue el que dio el último golpe o el golpe mortal, no se puede castigar a todos», explica el especialista.
La indignación y el rumor como causas
«Si escuchas a vecinos, familiares, amigos que han sido robados y cuando esto se repite a lo largo del tiempo y es frecuente, la gente no tiene menos que indignarse, comentarlo y esto se corre de voz en voz o a través de las redes sociales, esto puede no notarse en todos lados, porque es en ciertos lugares, ciertos días a ciertas horas», refiere Rodríguez al preguntarle sobre las causas sociales del linchamiento.
El municipio con mayor índice de delincuencia a nivel nacional es Ecatepec, en el Estado de México, el cual también es el que más linchamientos registra. En segundo lugar se ubica el estado de Puebla, principalmente su capital y los municipios de San Martín Texmelucan y Tehuacán. En Ciudad de México, las alcaldías que encabezan la lista son Iztapalapa, Tláhuac y Cuauhtémoc.
Se trata de sitios altamente poblados en condiciones de empobrecimiento creciente. «La pobreza es un caldo de cultivo, no es la explicación, es el contexto, se dan en un contexto de sociedades empobrecidas», apunta el experto.
Para la profesora López Menéndez es necesario facilitar que la ciudadanía tenga acceso a una mayor cultura jurídica para entender quiénes son los responsables de la liberación de los presuntos responsables, así como para dejar en claro que la responsabilidad penal la tiene que acreditar un juez, «no la puede acreditar un vecino y el rumor no es una fuente en materia penal», explica.
El caso más parecido a México es Brasil, refiere Rodríguez, con un número de linchamientos muy alto.
Brasil se ubica a la cabeza del mundo en linchamientos, donde se estima que un millón de brasileños han participado en alguna ejecución colectiva.
