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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En el Poder Judicial de la Federación (PJF), 51% de los jueces de distrito y magistrados de circuito en México tiene al menos un familiar laborando, y en algunos casos la proporción es de hasta 80%, como es el caso de Jalisco.
Lo anterior se desprende del informe El déficit meritocrático, que denuncia que el nepotismo y las redes familiares provocan sesgos en las sentencias.
El documento fue presentado por Julio Ríos Figueroa, investigador de la División de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), en conjunto con la organización no gubernamental Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
El reporte destaca que, tras 25 años de la creación del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), se perpetúan redes familiares, abundan carreras judiciales incompletas y hay una falta de carreras administrativas.
De igual manera, resalta que a pesar de que los cargos de juez de distrito y magistrado de circuito son por concurso, hay “graves problemas” para una selección transparente.
La investigación encontró que entre 1995 y 2016, 87% de los concursos fueron convocatorias cerradas en las que sólo podían inscribirse personas ya dentro del PJF. Es decir, excluían a profesores, académicos y abogados litigantes.
De los más de 50 distintos puestos de trabajo que hay en el PJF, que engloba desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hasta jueces de distrito y tribunales unitarios, sólo 11 participan en el procesamiento de casos y sentencias, y solo cinco de estos últimos son parte de la carrera judicial.
De esos cinco, sólo dos puestos (juez de magistrado y distrito) se obtienen por concurso de oposición y exámenes estrictos, en tanto que los otros tres se consiguen “esencialmente a discreción de jueces y magistrados”, apuntó la investigación, y halló que ello incentiva a la creación de redes familiares que en el 47% cubren plazas sin filtros meritocráticos.
De estos familiares contratados, el 68% son por consanguinidad –49% de ellos son padre/madre a hijo/hija–, mientras que el 32% restante son contrataciones por “afinidad”, y en su mayoría, el 65% de los casos, se da trabajo al cónyuge.
Por estados, los más “solidarios” con la familia, según el reporte, son Jalisco, con 77%; Nuevo León, 73%; Tlaxcala, 70%; San Luis Potosí, 65%, y Guanajuato, con 63%. Por otra parte, las entidades menos “solidarias” son Nayarit, con 3%; Tabasco, 16%; Colima, 20%; Oaxaca, 24%, y Guerrero, con 31%.
Sin embargo, faltan los datos del circuito judicial de Ciudad de México y de Toluca, por lo que “es probable que las cifras reales sean bastante mayores”, abundó Ríos Figueroa. Pero a pesar de las diferencias regionales, el 51% promedio es “muy alto” si se compara con otros países, subrayó.
En Estados Unidos, por ejemplo, una reciente encuesta externa reportó un 8% de familiares en el Departamento de Justicia. Y en España el 14% de los miembros del Tribunal de Cuentas tienen familiares en la institución, remarcó el investigador.
El cargo más común para familiares es de oficial administrativo, que requiere muy pocos requisitos. El nombramiento recae en el titular del juzgado y tiene un salario bajo, por lo que puede ser una “plataforma para ingresar fácil” y después subir de categorías, abundó.
Estos factores merman la credibilidad del sistema judicial en México, ya que según datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), el 71% de los mexicanos cree que hay corrupción en la Justicia y, según un estudio de World Justice Project (WJP), el 68% cree que tener familiares es “decisivo” para hacer carrera en la Justicia mexicana.
