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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Santiago Nieto Castillo, próximo jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de México, prometió volver a examinar el caso de sobornos ligados a Odebrecht, la firma brasileña que admitió haber pagado a autoridades para asegurar contratos de obras públicas en el país, porque es “vergonzoso” lo poco que se ha hecho.
Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Nieto Castillo encabezará la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, encargada de analizar los registros financieros sospechosos.
En una entrevista con Reuters, el futuro funcionario dijo, sin dar más detalles, que la Unidad había sido utilizada con fines políticos.
“Es una vergüenza que México y Venezuela sean los únicos países en América Latina que no han sancionado a nadie”, dijo respecto al caso ligado a la constructora brasileña.
“En el caso de Odebrecht, y en cualquier otro caso, lo primero que tendríamos que revisar es qué hay en la Unidad de Inteligencia Financiera respecto al caso”, declaró.
Santiago Nieto aún no tiene acceso a los archivos y registros guardados por la Unidad.
En Brasil, ejecutivos de Odebrecht reconocieron el pago de sobornos en México; mientras que fiscales mexicanos han declarado que investigan los negocios entre el conglomerado brasileño y Petróleos Mexicanos (Pemex).
En tanto, personal de Pemex declinó comentar sobre los asuntos relacionados con Odebrecht, y argumentó que existe una indagatoria en curso.
Representantes de la oficina del fiscal general de México, la SHCP y la Unidad de Inteligencia Financiera tampoco quisieron dar declaraciones.
Mientras que personal de Odebrecht dijo haber recibido una solicitud de información por correo electrónico para hacer comentarios, pero no ofreció una respuesta adicional.
La ira por los escándalos de corrupción generalizados, incluidos los supuestos sobornos de Odebrecht, un lucrativo negocio que involucra a la familia del presidente Enrique Peña Nieto, y cientos de millones de dólares desviados de las arcas del gobierno mediante contratos falsos, ayudaron al izquierdista Andrés Manuel López Obrador a ganar la Presidencia.
López Obrador prometió combatir el crimen financiero y el “lavado de dinero”, pero ha dado pocos detalles de cómo lo logrará.
En la tarea de ayudar a prevenir y combatir el “lavado de dinero”, la Unidad de Inteligencia Financiera recibe y analiza información que luego debe transmitir a los fiscales para investigar y construir un caso.
Santiago Nieto fue destituido en 2017, como fiscal electoral, con el argumento de que había incumplido un código de conducta al conceder una entrevista sobre su investigación de un supuesto soborno de Odebrecht en la campaña presidencial de 2012.
El exfuncionario admitió su error, pero negó haber violado las reglas o revelar información confidencial.
También aseguró que su despido fue ilegal.
El mes pasado, dos futuros funcionarios declararon a Reuters que Odebrecht podría ser bloqueado para participar en proyectos de obras públicas en el próximo gobierno de López Obrador.
En ese momento, Odebrecht respondió que las faltas en la empresa no deberían usarse para imponer sanciones en México.
“un factor de corrupción”
Nieto Castillo dijo que presionaría para que se compartiera más información entre los departamentos federales que investigan la delincuencia tributaria, electoral y organizada, e investigaría la posible corrupción dentro del sistema.
“Me da la impresión de que hay un factor de corrupción por dentro”, dijo.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), una organización internacional que establece estándares globales para combatir las finanzas ilícitas, dijo a inicios de este año que en México “la inteligencia financiera a menudo no conduce a investigaciones de ‘lavado de dinero’, delitos subyacentes y financiamiento del terrorismo”.
Tras el informe, la SHCP y la fiscalía nacional emitieron una declaración conjunta para reconocer las deficiencias y prometer mejorar sus esfuerzos.
Sin embargo, el gobierno mexicano confiscó solo 871 millones de pesos (46.3 millones de dólares) y 14.7 millones de dólares entre septiembre de 2017 y junio de 2018, y comenzó solo un proceso penal, según datos oficiales.
Nieto Castillo, quien calificó los resultados sobre esta investigación como “terribles”, aseguró que la Unidad de Inteligencia Financiera y la oficina del fiscal general son los dos “cuellos de botella” que retrasan los casos.
“Por la impunidad, la complicidad gubernamental y la falta de decisión política del combate de la corrupción” ocurren estos casos, mencionó.
