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TLAPA DE COMONFORT, Gro. (Proceso).- Andrés Neri Ventura, delegado de la cabecera municipal de Tlacoapa, en la región guerrerense de La Montaña, señala un montón de láminas acanaladas tirado en el suelo, junto a una obra que iba a ser un plantel preescolar pero que fue abandonada hace cuatro años.
El hombre recuerda con amargura las promesas que hizo Rosario Robles Berlanga en el auditorio del pueblo en abril de 2014. La entonces secretaria de Desarrollo Social sostuvo que el plantel estaría terminado para que los niños iniciaran “el próximo ciclo en aulas nuevas”.
“‘¡Que no se sientan solos, yo también estoy con ustedes!’, dijo. Pero nomás vino a engañar: mira cómo nos dejó. Todo lo que comprometió Rosario Robles, pues nada… Quizá tiró dinero ahí nada más, a las oficinas de la Sedatu o no sé qué empresa. He visto en las noticias que ahí, igual en México, no termina su palabra”, deplora.
Al frente de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Robles encabezó el Plan Nuevo Guerrero (PNG), que el presidente Enrique Peña Nieto lanzó para reconstruir la entidad después de la devastación que dejaron el huracán Manuel y la tormenta Ingrid en septiembre de 2013.
En La Montaña, la región indígena más pobre de Guerrero, comunidades enteras fueron devastadas por torrentes de lodo y piedras que arrasaron cultivos, casas y escuelas. La población damnificada, ya pobre antes del desastre, se hundió en la miseria.
En los meses posteriores al desastre –a raíz del cual murieron 101 personas y más de 16 mil viviendas quedaron destruidas–, la funcionaria viajó a las comunidades de La Montaña, donde repartió despensas y certificados para la construcción de casas.
Cuatro años y medio después, y pese a una inversión federal de más de 40 mil 247 millones de pesos, Tlacoapa y los demás pueblos de La Montaña están llenos de construcciones abandonadas: viviendas sin techo, puertas ni ventanas; hospitales y escuelas a medio construir y carreteras con peligrosos socavones.
Algunas comunidades quedan incomunicadas durante los cuatro meses que dura la temporada de lluvias porque sus puentes no fueron reconstruidos; en varias de ellas los pobladores habilitaron aulas en casas particulares, como constató Proceso en recorridos por la región.
El avance real del PNG apenas alcanza 43%. Más de la mitad de las 9 mil 332 viviendas prometidas en el estado sigue sin acabarse, y una cantidad incalculable de fondos públicos destinados a la reconstrucción terminó en los bolsillos de funcionarios y empresarios corruptos, como lo documentó en septiembre pasado Ezequiel Flores, corresponsal de este semanario en la entidad.
“Precisamente es lo que nosotros no entendemos: ¿Dónde están los recursos que supuestamente se tenían que aplicar para todas estas viviendas que nos iba a construir Sedesol?”, pregunta un habitante de Malinaltepec.
En sus revisiones anuales de la cuenta pública, la Auditoría Superior de la Federación detectó que por lo menos 5 mil 251 millones de pesos de recursos públicos fueron desviados a través de empresas fantasma durante las gestiones de Rosario Robles en la Sedesol y en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), dos dependencias dedicadas al combate a la pobreza y el rezago social.
En respuesta a un cuestionario, la Sedatu reconoció que “durante el periodo que Rosario Robles fue titular de la Sedesol fungió como enlace del Gobierno de la República con el estado de Guerrero, y como tal fue la responsable del proceso de reconstrucción”.
La dependencia sostuvo que los contratos de reconstrucción fueron otorgados entre 2013 y 2014 –cuando el priista Jorge Carlos Ramírez Marín estaba al frente de la Sedatu–, y que “al recibir esta administración se inicia la revisión del programa y claramente se observan atrasos y abandonos en obras por parte de las constructoras”.
“Actualmente hemos reasignado aproximadamente 75 contratos que han permitido el repunte del avance físico (…) en la región Montaña se continúa trabajando con las acciones que fueron posibles reasignar y están detenidas aquellas que se encuentran en proceso legal”, añadió.
En los 19 municipios de La Montaña, 90% de la población es pobre y la mitad enfrenta pobreza extrema, siete de cada 10 habitantes perciben un ingreso menor a 35 pesos diarios –la línea de bienestar mínimo– y 84% no tienen servicios básicos en la vivienda, según los datos de pobreza municipal 2015 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
De las 374 mil personas que habitan las comunidades, sólo 4 mil no son pobres ni sufren carencia social; cuatro de cada 10 carecen de “acceso a la alimentación” y, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 19% de los niños de entre seis y 14 años no sabe leer ni escribir.
En medio de las estampas de miseria que abundan en aquellos pueblos polvorientos y aislados de la señal de telefonía celular, se elevan reclamos y lamentos por el abandono en que las autoridades dejaron la región. La dependencia de los subsidios y programas gubernamentales es prácticamente total: nueve de cada 10 habitantes reciben apoyos del Programa Prospera.
Todos los comuneros con los que platica Proceso sostienen que su ingreso no alcanza para comprar lo básico –alimentos, útiles escolares, zapatos o ropa para los niños– y mucho menos para pagar las facturas de electricidad que, insisten varios, se incrementaron a raíz de la reforma energética.
“Por parte del gobierno federal, La Montaña está olvidada. Está abandonada. Literalmente está aislada de por sí… pero solamente cuando hay presión el gobierno manda representación, a veces. Hasta ahí queda. Nada más mandan a una persona a hacer compromiso. Y ese compromiso jamás se cumple”, lamenta un comunero de Tlacoapa.
Andrés Neri Ventura, delegado de la cabecera municipal de Tlacoapa. Foto: Miguel Dimayuga
Pobladores de Zontecomapa, municipio de Acatepec, conservan los folios que les entregó la Sedatu hace cuatro años. Foto: Miguel Dimayuga
Los campamentos
Varios pueblos del municipio de Malinaltepec, ubicados en las partes bajas de los cerros, fueron devastados por los deslaves que provocaron Ingrid y Manuel. En la emergencia, sus pobladores se movieron a zonas altas, donde construyeron casas con rejas, tablas de madera o carpas, a merced del frío. La zona es conocida como “Los Campamentos”.
Unión de las Peras fue uno de ellos: una grieta se abrió en la comunidad y amenazó con llevarse a la mitad del pueblo. El Centro Nacional para la Prevención de Desastres dictaminó la necesidad de desalojarlo de inmediato y no habitarlo de nuevo.
Las 136 familias damnificadas instalaron su campamento un kilómetro más arriba, a la orilla de la carretera, y consiguieron tierras para reubicar su pueblo. Ahí la Sedesol dejó 81 casas a medio construir y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) entregó 24 viviendas.
Misael Bruno Arriaga, profesor de primaria y excomisario del pueblo, no esconde su molestia. Insiste en enseñar a Proceso cada una de las casas esparcidas en el cerro que la constructora abandonó en diciembre de 2014, sin colocar los techos, armar la tubería o poner la instalación eléctrica.
Entre las paredes ya cuarteadas de cemento gris de las viviendas crece la maleza. Estas casas son, en las palabras del profesor, “las que debe Rosario”.
Después del desastre, recuerda Bruno, “tuvimos la visita de muchos funcionarios: Rosario Robles, la de la CDI, Nuvia Mayorga, así como de funcionarios estatales (…) se firmaron minutas y acuerdos, y todo”.
Calcula que los funcionarios dejaron de venir hace aproximadamente dos años. “Ahorita el gobierno ya no nos ha hecho caso. Por más que nosotros le queramos buscar, no hay nada… no hay nadie a quién dirigirse ya. Ya nos cansamos. Dijimos: pues ya cada quién que pueda y como pueda solucionar los problemas”.
Más abajo se encuentra la primaria Adolfo López Mateos, “terminada” en febrero de 2016. El edificio no se ocupa porque no tiene energía eléctrica ni sanitarios. Los pobladores habilitaron una casa como escuela, pero la Secretaría de Educación Pública no le entregó material.
Hace aproximadamente un mes una empresa inició la construcción del plantel preescolar, ubicado debajo de la flamante e inútil primaria, pero la abandonó prácticamente de inmediato. “Ni se despidieron”, suspira Laurentina Bruno Candia, la comisaria actual. “Dicen que fue por las elecciones, que no les dejan el recurso. Todos dicen esto”, lamenta la mujer me’phaa.
Los cerca de 3 mil habitantes de la cabecera municipal de Tlacoapa también están desesperados. En septiembre de 2013 un torrente furioso arrasó dos puentes, se llevó a todas las parcelas y casas que se encontraban a la orilla del río y provocó deslaves que dejaron inservibles el hospital y la primaria. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) reconstruyó un puente, pero ya se abrieron profundas grietas en su base.
Para proteger el pueblo, tanto Robles como el exgobernador Ángel Aguirre prometieron un muro de contención de un kilómetro de largo. Éste fue abandonado a la mitad, dejando vulnerable una escuela recién construida. La funcionaria se comprometió a pavimentar la carretera a finales de 2015; la vía sigue siendo de terracería.
Otra promesa fue la reubicación del hospital. Lo que hay ahora es una estructura de concreto, vacía y sin pintar, erigida cerca del centro de la comunidad. Los cinco médicos –tres de servicio social– realizan las consultas en un espacio improvisado dentro de la casa de bienes comunales, donde a menudo faltan medicamentos.
“El hospital es una prioridad para nosotros, no sólo el edificio: especialistas es lo que queremos aquí. Los médicos controlan a los enfermos y valoran si hay que sacarlos a la ciudad de Tlapa, pero estamos hablando de dos horas y media a tres horas, dependiendo de cómo vaya el chofer”, dice Leobardo Cantú Bello, exdelegado del pueblo.
Pese a ello, los datos oficiales sugieren que el acceso a la salud es un tema resuelto en Tlacoapa: según el Coneval la carencia por acceso a los servicios de salud se redujo de 96.6% a 5.9% entre 2010 y 2015.
Frente a la primaria recién terminada –cuatro años después del paso del huracán– hay estructuras prefabricadas a medio construir y montones de materiales y estructuras de metal tirados en el piso.
Se trata del albergue Casa del Niño Indígena, que la empresa contratada por la CDI abandonó. En sustitución, los pobladores habilitaron un espacio del antiguo Colegio de Bachilleres, donde alrededor de 60 niños de las comunidades más aisladas se amontonan de a 22 en cada pequeño dormitorio.
“Nosotros fuimos a las dependencias federales como la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México, fuimos al despacho de la maestra Rosario Robles para plantearle todas las anomalías que no se han podido cumplir, por ahí de agosto de 2015”, insiste Cantú.
“Como siempre, cuando uno les plantea la necesidad que hay aquí, ponen una fecha para que ese trabajo se concluya. A principios de 2016, dijeron ellos. Pero al final de cuentas son verbos nada más (…) A Rosario Robles ya no la hemos visto aquí. Ya no bajó más”, añade.
En el camino que lleva a la localidad de Zontecomapa, municipio de Acatepec, se pueden observar pequeños sembradíos de amapola en las cañadas, regados por el río que corre a su lado. El cultivo ilegal de esta planta representa una de las únicas fuentes de ingreso de la zona.
Ahí, decenas de habitantes conservan con cautela las tarjetas rosas y verdes que funcionarios de la Sedesol y la Sedatu les entregaron semanas después del desastre. Todavía tienen la esperanza de que con ellas obtendrán las casas que se les prometieron.
La colonia Isla Escondida, donde vivían 70 familias, fue reubicada en las alturas del pueblo, sobre terrenos que la comunidad regaló a los damnificados. De nuevo, sólo cinco de las 26 casas prometidas son habitables y, aun así, la empresa no amplió los sistemas de agua y luz, por lo que los propios habitantes jalaron mangueras y se conectaron a un cable lejano. Las demás casas no tienen techo, puertas ni ventanas.
“La última vez vinieron en octubre, pusieron unas ventanas y se fueron”, dice Marcelino Santiago Natalio, secretario municipal. En un español precario, el me’phaa exige: “Que se hagan sus casas, que estén completas. Prometieron que sí. Ya tienen el folio, que se va a construir su vivienda. Quedaron contentos porque creyeron que sí se iba a haber”.
Varias localidades de Acatepec son víctimas de las promesas incumplidas del gobierno federal. Este municipio es uno de los más marginados de la región: siete de cada 10 habitantes sufre pobreza extrema, y 87% ingresa menos de la línea de bienestar mínimo.
Un ejemplo: durante la temporada de lluvias, Barranca Piña queda incomunicada porque las autoridades dejaron inconcluso el puente, su única conexión hacia la cabecera municipal.
Carreteras y puentes
En marzo de 2014, Gerardo Ruiz Esparza, el titular de la SCT, realizó la entrega del puente de Lomas de Chapultepec y anunció que ello marcaba la conclusión del 99% de las obras de reconstrucción del PNG.
Las carreteras y los puentes fueron un elemento central del plan: la SCT invirtió 17 mil 248 millones de pesos en ellas, según los datos oficiales disponibles en el portal de datos abiertos del gobierno federal.
Según Ruiz Esparza, el PNG resultó tan exitoso que la SCT le incorporó más obras. Entre ellas, destacó el polémico Paso Exprés de la carretera México–Cuernavaca, cuya construcción fue marcada por actos de corrupción. En julio pasado, apenas tres meses después que Peña Nieto inaugurara esta obra, se abrió un socavón en el que fallecieron un padre y su hijo.
Las carreteras de La Montaña evidencian más irregularidades. La SCT otorgó los contratos de tramos carreteros a distintas empresas y pocas cumplieron. Los vehículos transitan a veces en tramos pavimentados, otras veces en caminos agrietados, cubiertos por una capa gruesa de arena y piedras que dificulta el paso.
Peor: además de los baches que obligan los conductores a manejar en zigzag y frenar de manera brusca para no dañar su vehículo, en varios puntos de las carreteras se abrieron socavones que representan un peligro mortal.
A la altura de un lugar conocido como “Costilla del Diablo”, cerca de la comunidad de Lomazóyatl, un hoyo de cinco metros de ancho y 15 de largo se abrió hace cuatro años en la carretera que une Tlapa de Comonfort a Metlatónoc. El hoyo, que se encuentra en una curva y ocupa todo un carril, da directamente sobre el precipicio.
La carretera que une Tlapa de Comonfort a Metlatónoc. Foto: Miguel Dimayuga
La carretera que une Tlapa de Comonfort a Metlatónoc. Foto: Miguel Dimayuga
Asaltos a Prospera
Sólo después de un largo recorrido por esta carretera se puede llegar a la localidad de Valle Hermoso. Previo a los huracanes, este pequeño pueblo de Metlatónoc, pegado al estado de Oaxaca, vivía de sus cultivos sembrados en la orilla del río.
Pero hace cuatro años y medio, el agua descendió de los cerros con una violencia extrema, devastó las parcelas y dejó en su lugar un valle de piedras, que permanecerá estéril hasta que el tiempo y el río recompongan el suelo.
“Nuestro único sustento era sembrar maíz y frijol. Pero ahora ya no podemos, ya no tenemos ingreso. Lo poquito que tenemos es para comer, de sobrevivencia. Ya no tenemos para vender”, dice Antonio Moreno Vázquez.
El único acceso vehicular al pueblo es un puente. Las piedras elevaron el nivel del río, por lo que en temporada de lluvias, la obra queda debajo del agua. Pasar al otro lado implica caminar tres kilómetros y cruzar un puente colgante a pie. Los 600 habitantes se quedan a menudo sin sal ni chile. Sus repetidas solicitudes para reconstruir un puente quedaron ignoradas.
Proceso acudió a esa comunidad el 5 de abril. Si bien las autoridades tenían un gran interés en denunciar la precariedad de su vida, no pudieron recibir al reportero y el fotógrafo.
La razón: en ese momento, interrogaban a un hombre que, el día anterior, asaltó el convoy que transportaba el pago de cuatro meses del programa Prospera a la zona. Para muchos, ése representa su único ingreso. El ataque fracasó y los asaltantes se refugiaron en el bosque; los comuneros de ocho pueblos aledaños provocaron un incendio para obligarlos a salir, y así detuvieron a uno.
Los habitantes de Valle Hermoso no sólo aquejan su aislamiento por el puente: también piden que se reubique la telesecundaria, que está abandonada desde 2013, debido a un violento conflicto agrario que opone el pueblo a la comunidad de Jicayán de Tovar, ubicada unos kilómetros más abajo.
En 2006 se desató una disputa por 400 hectáreas de tierras agrícolas, que poco a poco derivó en una espiral de odio en la que se perdieron cinco vidas. Los pobladores sostienen que sus vecinos se colocan en los cerros aledaños y les disparan de manera aleatoria. Una tarde, ametrallaron de lejos a la escuela; en su puerta de metal permanece el hoyo de una bala. Desde ese día, los niños toman clase en la comisaría.
En Valle Hermoso, los pobladores no tienen para comprar jitomates. La única marca de riqueza en el pueblo son unas ametralladoras –modelo cuerno de chivo y AR-15– y unas escopetas oxidadas. Las sacan cuando salen hacia los cerros, para replegar una eventual agresión de los pobladores de Jicayán.
En esta comunidad vecina, las condiciones de vida no son mejores: el 92% de la población vive en la pobreza, y seis de cada diez personas carecen de acceso a la alimentación.
